El Gobierno convierte las devoluciones exprés en su política para frenar los saltos de las vallas

La primera vez que el Ejecutivo ordenó las llamadas devoluciones exprés en Ceuta, el Gobierno tiró de la supuesta violencia empleada en los últimos saltos a la valla para justificar su actuación. El desempolve del acuerdo bilateral de Marruecos era, en palabras de Grande Marlaska, “un mensaje a las organizaciones criminales que trafican con personas”. Un castigo ligado a la “violencia inaceptable” que, reiteraban desde vicepresidencia, había dejado a siete agentes heridos por contacto con “cal viva”.

Dos meses después, 209 personas lograron sortear la triple valla que separa Marruecos de Melilla. Una de ella falleció poco después de pisar suelo español. 19 migrantes necesitaron ser trasladados al hospital debido a las lesiones provocadas en el salto. Los agentes de la Guardia Civil no resultaron heridos, a excepción de “alguna herida o rasguño” ligada al ejercicio de sus funciones, según la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. El castigo fue el mismo: devolución exprés para quienes no solicitaron asilo, siempre que no fuesen menores de edad ni estuviesen heridos.

“Es cierto que algunos agentes han resultado heridos pero no a causa de una agresión de las personas migrantes, sino por el propio ejercicio de sus funciones. No ha sido como en el caso de Ceuta que utilizaron elementos agresivos hacia los guardias civiles”, reconocen fuentes del Ministerio del Interior.

Sin embargo, añaden las mismas fuentes, “se trata de una entrada irregular masiva por la frontera, por lo que se ha aplicado el acuerdo bilateral con Marruecos”. Las devoluciones exprés dejan de ser descritas como un “castigo” ante la supuesta violencia empleada por algunos migrantes y pasan a ser respuesta estable del Ejecutivo para frenar los saltos de las vallas.

Son tres las palabras clave con las que ahora el Gobierno motiva la práctica de las devoluciones exprés a Marruecos, criticadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos: “entrada irregular masiva”. “El último salto se considera una entrada irregular masiva para la que hay que tomar algunas medidas con el objetivo proteger las fronteras dentro de todos los procedimientos legales que tengamos en nuestra mano”, reiteran desde Interior.

El enfoque gubernamental apuesta ahora por responder de distinta forma en función de la vía de entrada de los migrantes que se ven empujados a llegar a España de manera irregular ante la falta de canales legales de entrada. “Es muy diferente la situación cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria en el mar de la de alguien que asalta una frontera”, deslizaba en agosto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Para Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, la práctica de las devoluciones exprés podría provocar la disminución del flujo a través de las vallas, pero esas personas no dejarían de intentar llegar a España. “Lo que harán será desviar el flujo de la gente que intentaba saltar la valla hacia el mar”, señala. “Esto supondrá un mayor negocio para las mafias y más riesgo para la vida de las personas”, añade la letrada experta en Extranjería.

Críticas de ONG y expertos a las devoluciones exprés

Varias ONG y activistas en defensa de los derechos de los migrantes condenan las devoluciones exprés. “Volver a utilizar el experimento aplicado el 23 de agosto en el caso de Ceuta no debe ser el camino”, ha cuestionado Paloma Favieres, responsable del equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

En total, 55 personas de las 208 que saltaron el vallado fronterizo este domingo fueron devueltas a Marruecos de forma exprés. A contrarreloj, la Jefatura Superior de Policía solicitó al Colegio de Abogados de Melilla el servicio de un equipo de abogados de oficio para prestar asistencia jurídica a los recién llegados mientras parecía prepararse su devolución. 140 pidieron asilo, lo que evitó su expulsión inmediata. Tampoco fueron retornados tres menores y diez hombres heridos.

“El hecho de que las devoluciones se realicen con presencia letrada no garantiza de forma efectiva la asistencia de calidad, con el tiempo necesario para hacer una entrevista con un abogado sin presencia policial y debidamente asistida por intérpretes en lenguas africanas”, recuerda Fernández.

Desde CEAR y Coordinadora de Barrios, alertan de que la mayoría de las personas devueltas proceden de Mali y muchas de ellas no hablaban francés. “Queremos pensar que habrán tenido la mejor asistencia en materia de traducción de bámbara -principal lengua en Mali-”, sostiene con cierto tono irónico Favieres.

Todo apunta a que el dispositivo de identificación y asistencia jurídica previo a la devolución exprés se realizó sin intérpretes con conocimiento de lenguas africanas, como el bámbara. Según han explicado fuentes del colegio de abogados de Ceuta a eldiario.es, disponían de traductores en francés y árabe.

Otra de las razones de su oposición a las devoluciones exprés se nutre de los abusos que sufren los migrantes en el país al que son expulsados por España. Según Amnistía Internacional, el acuerdo hispano-marroquí de 1992, en el que se apoya el Ejecutivo para amparar estas prácticas, “no incluye una serie de garantías de fondo y de procedimiento previstas por el derecho internacional en caso de transferencia de una persona de la jurisdicción de un Estado”. Un ejemplo es el “principio de no devolución”, que impide la expulsión de personas a países cuya vida o integridad pueda correr peligro.

La pregunta es, una vez más, qué pasará con las 55 personas devueltas este domingo. En el caso de los 116 migrantes retornados de forma exprés a Marruecos en agosto, su destino fue una prisión local de Tetuán, según ha documentado Amnistía Internacional. Como publicó eldiario.es, 17 de ellos fueron acusados de “estancia y salida irregular”, “insultar a funcionarios públicos”, “rebelión armada” y “posesión de armas”.

Amnistía Internacional calcula que, desde el mes de julio, cerca de “5.000 personas se han visto afectadas por los operativos, introducidas en autobuses y abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur del país”.

“Marruecos no es un país que esté respetando los derechos humanos de las personas que están siendo devueltas. Muchas organizaciones que trabajan al otro lado reportaron situaciones de detención de las personas que habían sido devueltas. Como Estado de derecho no podemos permitirlo”, concluyen desde CEAR.