Grande-Marlaska anuncia el cierre del CIE de Fuerteventura, que ha gastado millones de fondos públicos estando vacío

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes el cierre del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad canaria de Fuerteventura, que permanece vacío desde 2012.

“Con fecha 5 de junio ya se ha estudiado y acordado el cierre no solo administrativo, sino operativo del CIE de Fuerteventura, y estamos pendientes del informe previo del ministerio de Hacienda. Una vez nos conste, se cerrará administrativa y operativamente”, ha asegurado Grande-Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El anuncio se ha producido en respuesta a una pregunta de la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, quien ha criticado “el despilfarro de dinero público” en el centro, que asciende, dice a “un millón de euros anuales”. 

Desde el cierre temporal del centro, el Gobierno no había dejado de tramitar costes derivados a servicios como alimentación, limpieza, consumo, mantenimiento y el servicio médico de un centro desierto, tal y como aparecía indicado en dos documentos oficiales publicados por eldiario.es, la Fundación PorCausa y El Confidencial el pasado diciembre. 

El ministro ha explicado que, tras estudiar la situación y “atendiendo al número de migrantes que llegan a Canarias, no va a ser necesaria la utilización” del centro de Fuerteventura. “Serían suficientes las plazas de los CIE de Barranco Seco y Hoya Fría”, los otros dos CIE que hay en Canarias, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente.

La senadora canaria ha celebrado esa decisión y ha preguntado si el Ejecutivo tiene previsto revisar los contratos públicos relativos a los CIE, a lo que Grande-Marlaska ha contestado que la Unidad Económica del Cuerpo Nacional de Policía está haciendo un estudio concreto de los pliegos de las condiciones.

“El fin es el de tener unos resultados más eficaces con el dinero publico pero también garantizando las prestaciones de los servicios a las personas que puedan estar internas y por el tiempo que deban estar en los centros”, ha dicho el titular de Interior. 

Lopez Santana ha pedido al ministro “que se depuren responsabilidades” y que comparezca en la Comisión del Senado antes de finales de año. Después, ha expresado su deseo de que “se cierren todos los CIE”. En su respuesta, el titular de Interior se ha comprometido a que desde su departamento se garanticen los derechos humanos de los internos de los CIE y en la “eficacia y eficiencia en el gasto publico siempre que se corresponda con ese respeto a los derecho humanos”. En 2016, Grande-Marlaska afirmó que  “en los CIE no se vulneran los derechos fundamentales”.

4,1 millones de euros el gasto público en un CIE vacío

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso este medio, el ministro del Interior gastó 4,1 millones de euros entre 2013 y 2016 para comida, médicos o mantenimiento del centro de Fuerteventura. Según los documentos de la Dirección General de Policía a los que tuvo acceso este medio, el gasto público destinado al CIE del Matorral desde su cierre se mantiene e incluso aumenta en algunos de los ejercicios.

En 2010, cuando el centro aún se encontraba en funcionamiento, el Gobierno pagó 789.464,31 euros en el CIE del Matorral, en base a esta información oficial. Tres años después, el centro, ya vacío, supuso un gasto a las arcas públicas de 1.154.690,26 euros, indican los datos remitidos por la Policía.

Año tras año, el de Fuerteventura ha sido el tercer centro de internamiento que más coste genera a la Administración desde 2013, solo por detrás de los de Madrid y Algeciras. El Ejecutivo ha registrado en el periodo 2013-2016 un total de 874.740,98 euros destinados a alimentación en un centro donde no hay ningún interno, atendiendo a la respuesta oficial.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. Allí pueden permanecer privadas de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.