Igualdad incluye en su proyecto de ley contra el racismo sanciones económicas, medidas preventivas y planes para policías

Medidas preventivas, formativas, sanciones económicas desde 300 a 500.000 euros; y planes para empresas. Son algunos de los elementos que incluyen los borradores del Ministerio de Igualdad de ley contra el racismo, adelantados este jueves por El País. De acuerdo con la información de El País, el texto del ministerio de Irene Montero, de quien depende la dirección general para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, prevé como infracción grave “proferir expresiones que propaguen el odio basado en el racismo”. El texto, además, incluye medidas planes para los cuerpos policiales.

Según recoge El País, el borrador fija que las empresas de más de 250 trabajadores deberán elaborar un plan en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, con “medidas de acción para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación racial o forma conexa de intolerancia por razón de las causas previstas en esta ley, en el ámbito del empleo”.

Entre las “infracciones graves”, el borrador al que ha tenido acceso El País habla de “proferir expresiones (...) que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en el racismo...”.

Esta parte, quizá, es la que pueden entrar los gritos racistas contra el delantero madridista Vinicius durante el partido del domingo pasado en Valencia.

El pasado 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la secretaría de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, afirmaba: “No podemos permitir que ante los delitos de odio no solamente sigan existiendo, sino que no seamos capaces de abordar la infradenuncia que existe ante ellos y la escasa protección. España cometería un error muy grave si no aprobase en el año 2023 una ley contra el racismo. Este es el gobierno que no solamente puede tener la valentía de hacerlo, sino que tiene las condiciones políticas y la mayoría parlamentaria necesaria”.

Sin embargo, dado el calendario electoral, el verano y las negociaciones con la parte socialista del Gobierno y el resto del Parlamento, los tiempos están muy ajustados en lo que queda de legislatura.