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La UE aumenta un 76% las devoluciones de migrantes mientras sigue sin poner solución a los rescates

Agentes de Frontex.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

¿Qué es Frontex? ¿Para qué sirve? Según la definición de su propia web, “Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE”.

Quince años después, con las crisis de refugiados que huyen de la guerra y el hambre, Frontex ha ido ganando importancia, recursos, e incluso la promesa de multiplicar por diez sus efectivos por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero su papel, a pesar de las muertes en el Mediterráneo, no se ha desarrollado en el rescate de personas.

Así lo constata el informe Custodiar la Fortaleza: el papel de Frontex en la securitización de los flujos migratorios en la Unión Europea, del Centre Delàs, que se presenta este martes en el Parlamento Europeo en un taller sobre respuestas basadas en derechos humanos ante los desafíos de la seguridad organizado por el eurodiputado Miguel Urbán (Podemos) y el grupo de la Izquierda Unitaria (GUE-NGL). “Creemos que es fundamental desvincular las políticas securitarias y de defensa de la UE de las políticas de migración. pero además reformular la propia idea de seguridad como seguridad social y dignidad de todas las personas. Es imprescindible entender la seguridad de esta manera”, afirma Urbán.

De acuerdo con los datos de ACNUR recogidos en el informe, más de 70,8 millones de personas en 2018 han sido desplazadas por la fuerza de sus casas (ACNUR, 2019). “Algunas de ellas han llegado a las puertas de la Unión Europea buscado protección y asilo, pero lo que se han encontrado son respuestas políticas que mayoritariamente pretenden frenar e interceptar los flujos migratorios en un marco de políticas de securitización, donde las migraciones se convierten en una amenaza para la seguridad desde los gobiernos de los Estados miembro de la Unión Europea”, afirma el informe, que señala como uno de los responsables de esas respuestas la creación de Frontex.

El informe del Centre Delàs “analiza el concepto y la práctica de la agencia creada para gestionar las fronteras y los flujos migratorios de la Unión Europea, así como su contribución a su securitización, así como su papel a la hora de custodiar la Europa fortaleza”.

Así, el estudio establece que a partir de 2016, Frontex “pasa de tener un papel de facilitadora en las operaciones de deportación a ser coordinadora, lo que también será visible en el presupuesto creciente dedicado a estas operaciones: el presupuesto pasa de 6,2 millones de euros en 2005 a 288 millones de euros en 2018. Un total de 1.658 millones de euros para el período 2005-2018, con un presupuesto previsto para 2019 de 333 millones”.

Según el eurodiputado Migue Urbán, “esta idea de seguridad humana entra en contradicción con la propia existencia de las políticas de defensa y migratorias de la UE tal y como están propuestas, y deslegitima todo el aparato securitario y de defensa de la unión, para el que es imprescindible seguir creando enemigos y monstruos exteriores”.

El análisis del presupuesto de Frontex realizado por el Centre Delàs “muestra su implicación creciente en las operaciones de deportaciones, que han pasado de tener un presupuesto de 80.000 euros en 2005 a 47,8 millones de euros en 2018, y un presupuesto previsto de 63 millones para 2019”.

Así, “de las 19 principales operaciones conjuntas realizadas por Frontex ninguna tiene un mandato específico de rescate de personas ni incluye una flota civil en sus acciones. Todas ellas se centran, con más o menos enfoque, en combatir e interceptar diferentes crímenes fronterizos, entre los que se encuentran mayoritariamente los relacionados con los flujos migratorios”.

De las 19 operaciones analizadas, sólo en una, Vega Children, reconoce el informe, “se menciona el trabajo conjunto con una organización humanitaria, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para el control de los movimientos migratorios de menores a través de las fronteras”.

En este sentido, la investigación destaca que Frontex colabore para la gestión de los flujos migratorios “con una organización militar como es la OTAN en las operaciones conjuntas que se realizan en el Mediterráneo por la Unión Europea (Operación Sofia), consolidando así una práctica securitaria y militarista en la gestión de las migraciones”.

“Podemos concluir”, dice el documento, sobre Frontex, “que no se ha creado, ni tiene un mandato principal de rescate de personas, ni tampoco recursos especialmente destinados al rescate, los rescates que se producen se hacen de forma colateral a sus funciones, o para impulsar la deportación de las personas que llegan o están a punto de llegar a territorio europeo”.

En este sentido, Urbán destaca “la conexión bien avenida entre el aumento de la inversión en investigación militar, el aumento del presupuesto de defensa, y la militarización de fronteras no sería posible sin la creación de este monstruo exterior que, como vemos, está cada vez más presente en la agenda política, no solo de la extrema derecha, sino de todos los grandes grupos políticos que integran este Parlamento”.

La entidad señala que “una práctica por parte de Frontex propia de las políticas de securitización es el empleo de medidas de emergencia, como el despliegue de los RABIT (Rapid Border Intervention Team) para interceptar los flujos migratorios e identificar a las personas antes de que llegasen a suelo europeo. Los European Border Teams Members (EBTM), que vienen a sustituir las RABIT a partir de 2016, disponen de un cuerpo permanente de 1.500 efectivos para ser desplegados en caso de grandes movimientos migratorios. Entre sus funciones se incluyen las propias de Frontex, incluyendo las operaciones de retorno y de retorno rápido”.

El informe recoge datos interesantes sobre las operaciones de deportación de Frontex: “Se organizaron o coordinaron 345 operaciones de retorno con el apoyo de Frontex.; 12.245 nacionales de terceros países fueron devueltos en vuelos chárter en operaciones de retorno organizadas o coordinadas por Frontex; casi la mitad de los retornados (6.099) fueron devueltos en forma conjunta operaciones de retorno; ”se establecieron cuatro nuevos destinos de retorno: Burkina Faso, Bielorrusia, Senegal y Guinea-Bissau. En total, se alcanzaron 38 destinos, en comparación con 32 países alcanzados en 2017“.

Así, “se produce un aumento del interés de los Estados miembros en las operaciones de retorno. El número de estas operaciones aumentó en casi un 76% en 2018 en comparación con 2017”, cifra la investigación.

De esta manera, concluye el Centre Delàs, “ninguna de las principales operaciones de Frontex ha tenido un mandato único y especifico de rescate de personas, sino que su mandato ha sido el de persecución de crímenes relacionados con el espacio fronterizo. Las operaciones analizadas llevan a la práctica la narrativa securitaria de la Unión Europea y sus Estados miembro, abordando la cuestión de los flujos migratorios con los mismos recursos y medios que las actividades criminales que se dan en las fronteras: criminalización, uso de la fuerza y coerción”.

“Es especialmente destacable”, prosigue el informe, “que las operaciones que han sustituido a la operación del Gobierno italiano Mare Nostrum hayan contado con hasta el triple de presupuesto que las operaciones llevadas a cabo por la Unión Europea con Frontex para sustituirlas: se obvia completamente que la asistencia y rescate de personas pueda efectuarse por una flota civil con medios para asistir y socorrer a las personas, con capacidades y medios que aborden la cuestión con medios humanitarios de manera que se dé un trato diferente que al de hechos criminales. Por tanto, la práctica de Frontex aplica la doctrina securitaria, donde las fronteras europeas se ven amenazadas por los flujos migratorios, convirtiendo el propio hecho de migrar en una amenaza para la seguridad de la UE”.

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