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Òscar Camps (Open Arms) denuncia a Periodista Digital y OK Diario por acusarle de “negrero” y “esclavista”

Oscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms.

Icíar Gutiérrez

El fundador y presidente de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha demandado a cuatro articulistas y tres medios de comunicación por lo que considera “acusaciones graves” que suponen una “intromisión en su derecho al honor”, según ha informado la ONG catalana de rescate en un comunicado.

En concreto, detallan desde la organización, Camps ha presentado varias demandas en el juzgado de primera instancia de Mataró (Barcelona) contra el director de OKDiario, Eduardo Inda, y los articulistas Cristina Seguí y Jimmy Giménez-Arnau; Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, y su columnista Antonio Cabrera; y Antonio Moreno Ruiz y Ferrán Núñez, titular de Españoles de Cuba.

“Dichos medios de comunicación publicaron artículos entre los meses de agosto y septiembre del presente año, enmarcados en una campaña contra la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en el mar Mediterráneo, que buscaba denigrar y criminalizar la labor humanitaria de las organizaciones que en él operan salvando vidas, incluida Open Arms”, recalcan desde la ONG. En aquel momento, la organización se acababa de enfrentar a su misión “más dura”, con su buque bloqueado frente a Italia durante 19 días con decenas de náufragos a bordo sin un puerto seguro en el que poder desembarcarlos.

Camps considera que las expresiones utilizadas por estos periodistas y medios “excedieron el derecho a la libertad de expresión, opinión y de crítica legítima que toda persona tiene en una sociedad democrática” al acusarle “sin ninguna prueba, sin ninguna investigación previa y con absoluto desprecio a la verdad, de traficar con seres humanos, de colaborar con las mafias internacionales de tráfico de personas, de ser un 'esclavista' y un 'negrero' e incluso de enriquecerse personalmente a costa de la muerte de los migrantes”.

“Este hecho supone verter graves acusaciones contra Òscar Camps y acusarle públicamente de cometer delitos graves, recogidos en el Código Penal español”, sostiene en su comunicado la entidad, que defiende que el “fin último” de estos artículos fue “desprestigiar gravemente ante la opinión pública y la ciudadanía la imagen” del que es la cabeza visible de la ONG de rescate, “dañando a su vez la de la propia organización de salvamento marítimo”.

En el artículo Frivolidad humanitaria para dummies, publicado en Ok diario el 22 de agosto, dos días después del desembarco en Lampedusa, Seguí afirma que Open Arms es un “buque negrero” tripulado por “esclavistas” y define a Camps como “uno de los líderes del mayor negocio criminal del S. XXI, cuyos daños colaterales en vida durante estos últimos 5 años, ya ascienden a más de 18.500 muertes en el Mediterráneo”.

Por su parte, Cabrera, columnista de Periodista Digital, dice en su artículo Open Arms: entre el choteo y la descojonación que “esa supuesta ONG” ha “manipulado a la opinión pública (...) colaborando con las mafias de traficantes de seres humanos- utilizándolos como mercancía para alcanzar sus objetivos políticos”. También, afirma que el objetivo de Camps “nunca fue ‘salvar vidas’ sino llevar ilegalmente a los emigrantes a Europa vulnerando sus leyes y sus fronteras”, prosigue.

La demanda, por vía civil, solicita rectificación pública a los medios, la eliminación el rastro de esos artículos de las búsquedas en Google y otros buscadores en Internet, la publicación de la sentencia favorable a Camps “en dos diarios de tirada nacional” -en caso de que la hubiera- así como una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios.

Camps, según explica la ONG, sostiene que a pesar de que es “necesario” que exista un “debate público y plural sobre la actual situación de crisis” en el Mediterráneo, debe haber unos “límites claros”. “No cabe insultar, difamar y atribuir hechos delictivos para sostener una opinión política diferente o contraria a la labor de Open Arms y Oscar Camps”.

“Por ello, toma esta medida, y seguirá instando acciones legales contra aquellas personas que, de manera consciente, falseen la realidad para atribuirle hechos deleznables que repugnan a cualquier persona de bien”, sentencian.

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