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¿Por qué ser menos solidarios influye en el déficit democrático?

Kattya Cascante y Erika Rodríguez

Fundación Alternativas —

España, que en estos últimos tres años ha rebajado su presupuesto de Ayuda Internacional al Desarrollo más de un 70%, pierde capital social y aumenta la brecha de la desigualdad entre los más ricos y pobres de su territorio. La rebaja de intención y recursos del Gobierno para dar cobertura a la prestación social (subsidios de desempleo, sanitarios, dependencia, becas escolares, etc.) coincide en esencia con estos recortes y aleja a la ciudadanía del ejercicio democrático de la participación social.

¿Por qué ser menos solidarios en la política de cooperación internacional para el desarrollo conlleva un mayor déficit democrático en la sociedad española?

A través del capital social la ciudadanía se constituye como actor en una sociedad civil democrática. El mayor exponente se alcanza con la asociatividad. Que esta se pueda dar, depende del papel que adopte el Estado frente a las formas de capital social comunitario, de su intención de propiciar relaciones clientelistas de carácter autoritario y paternalista o de generar sinergias hacia la institucionalidad. Si este capital social se debilita, nuestra democracia pierde calidad, nuestra institucionalidad es menos eficiente y el desempeño económico junto con la acción colectiva, adelgazan.

Asociarse voluntariamente a una Organización no gubernamental de Desarrollo (ONGD) supone ocupar espacios públicos diferenciados, organizarse bajo valores de compromiso con los derechos humanos y el desarrollo equitativo de todas las personas del mundo, además de reducir la excesiva concentración del poder del Estado y el Mercado. A través de las ONGD se crea un discurso alternativo a la agenda de los asuntos “oficiales”, donde la ciudadanía puede expresar el ejercicio de su propia libertad como el respeto a la libertad de los demás.

Pero para que se puedan desarrollar, las ONGD necesitan de mecanismos que las protejan y apoyen, que fomenten su afiliación y respaldo social. No es baladí que uno de los indicadores de mayor referencia para medir el bienestar y calidad de vida de una sociedad dinámica, participativa y democrática, sea el grado de filiación a las asociaciones, así como un vínculo entre la ciudadanía y el sistema político.

Además, y volviendo sobre la motivación primera de asociarse, los valores y principios de la solidaridad que se articulan a través de las relaciones de cooperación al desarrollo entre Estados, permiten construir una visión global del mundo “solidaria”. Una visión que permite afrontar los actuales desafíos, no solo de una globalización económica, sino aquellos que precisamente mencionábamos al principio y que se han dejado de lado en esta crisis financiera y sus recetas para superarla: la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, entre otros.

En todo ello, los cauces de participación definidos desde los poderes públicos deben a su vez permitir canalizar la opinión y demandas ciudadanas. La participación social proporciona una gran legitimidad a las políticas del Gobierno, dando voz y acceso más equitativo a la ciudadanía. Su limitación, no solo propicia la discriminación a favor de aquellos que tienen mayor capacidad de hacer valer sus intereses, también obstaculiza la relación de la ciudadanía con los centros de poder.

Por tanto, debilitar el capital social, el asociacionismo (a través de las ONGD), la solidaridad y la participación afecta directamente a la calidad democrática de la sociedad española. En un nuevo informe de la Fundación Alternativas El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario de España: efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis, analizamos este debilitamiento, eligiendo a las ONGD por ser estas el resultado más directo de la implicación de la sociedad española en materia de la cooperación internacional al desarrollo.

A través de cuatro elementos, como son: la base social, la financiación, la educación para el desarrollo y la incidencia política, el informe describe la reacción de las ONGD frente a la crisis y las decisiones adoptadas por el Gobierno del Sr. Rajoy.

La discrepancia de criterio y prioridades demuestra la falta de sintonía de un Gobierno con la sociedad civil que representa y expone un rechazo tácito a la política española de cooperación internacional para el desarrollo impulsada desde que comenzó la actual legislatura. Las conclusiones y recomendaciones que incluye el informe es algo que dejamos para quienes consideren el compromiso de la lucha contra la pobreza y la desigualdad algo más que retórica.

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