Aún no ha empezado la campaña de la fruta en Lleida, pero los equipos de Cáritas desplegados en la comarca del Segrià ya se encuentran “saturados”. En el último mes, la organización ha percibido un “aumento significativo” de quienes se acercan a su oficina a pedir ayuda. Son, dicen, los primeros temporeros migrantes desplazados a la zona agrícola en busca de trabajo que, a su llegada, no encuentran un techo bajo el que dormir. “Ya están llegando y ya sabemos lo que pasó el año pasado. La mayoría no tiene un lugar donde quedarse. Están por la calle. Atendemos a gente durante todo el año, por lo que ahora estamos viendo cómo dar respuesta a esta situación”, dice Joan Rosinach, portavoz de la organización en la provincia.
Las condiciones en las que trabajan y viven cientos de trabajadores temporeros, la mayoría migrantes, durante las campañas agrícolas en España acumulaban décadas de denuncias, pero el año pasado la pandemia colocó el foco en ellas. La atención de todas las autoridades implicadas se despertó en 2020, cuando la precariedad de los jornaleros se convirtió en un riesgo para la salud pública. Los brotes de COVID-19 surgidos en verano en las provincias de Lleida, Huesca o Albacete durante la campaña de la fruta derivaron en transmisión comunitaria en algunas áreas y empujaron cierres perimetrales.
Un año después, a menos de un mes del inicio oficial de la temporada en estos puntos, algunas organizaciones y sindicatos alertan de que apenas “nada ha cambiado”, mientras que las asociaciones de agricultores defienden estar “más preparados y organizados” para evitar contagios, aunque piden más apoyo por parte de las autoridades.
Este jueves, los ministros de Agricultura y Sanidad mantuvieron un encuentro con los consejeros de varias comunidades autónomas para “revisar y actualizar” las medidas a aplicar para evitar los contagios en la campaña agrícola de 2021. El objetivo de la reunión era “avanzar de manera compartida en la planificación de las campañas agrícolas para minimizar la aparición de brotes”.
Desde junio de 2020 hasta el 25 de abril de 2021, se han comunicado 5.843 brotes y 48.219 casos asociados al ámbito laboral, de los que 725 brotes con 15.004 positivos se han vinculado a trabajadores del sector agrícola en todo el territorio español, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura. Por tanto, el 12,4% de los brotes del ámbito laboral y el 31% de los contagios se han producido en el sector agrario. El departamento dirigido por Luis Planas explica en un comunicado que la contratación de temporeros requerida por la recolección agrícola exige “extremar las medidas preventivas”.
Durante la anterior temporada de la fruta, las precarias condiciones de alojamiento y el transporte donde se desplazan los jornaleros a las fincas fueron, según los expertos, los principales vectores de contagio en el sector. “Los temporeros, desgraciadamente, están viviendo en unas condiciones muy malas y tienen unos alojamientos comunes” que favorecen la transmisión, decía hace un año el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Todas las autoridades implicadas prometieron respuestas.
La respuesta del Gobierno: una guía de recomendaciones
El Ministerio de Sanidad, preguntado por las medidas activadas para evitar el aumento de los contagios en el sector agrario en 2021, redirige a elDiario.es a una nota de prensa en la que se detallan algunos puntos de la guía de recomendaciones aprobada en agosto del año pasado para evitar la expansión del virus en las campañas agrícolas que requieran la mano de obra de personal temporal.
En relación a las condiciones de alojamiento, este protocolo establece que “cómo mínimo debe haber agua potable en la red de suministro, conexión a la red eléctrica y saneamiento de aguas residuales”. Además, recomienda la división de los espacios para evitar el contacto entre cuadrillas de distintos dormitorios y el establecimiento de turnos en las zonas comunes, etc. No obstante, esta guía se refiere sobre todo a los trabajadores contratados legalmente y a las viviendas proporcionadas por los empleadores, que están obligados por convenio a ofrecer alojamiento a los jornaleros, cuando estos hayan tenido que abandonar su vivienda habitual para trabajar en la campaña.
Apenas contempla, por tanto, una parte de los temporeros: la más vulnerable. Aunque las asociaciones de agricultores siempre han defendido que la mayoría de fincas contratan de forma legal a sus trabajadores, reconocen que en ocasiones en el sector se producen contrataciones irregulares, generalmente ligadas a la intervención de empresas de trabajo temporal (ETT), donde según sindicatos como UGT y CCOO, se detectan la mayoría de las irregularidades.
Cada año, migrantes en situación irregular encuentran en las campañas agrícolas una de las únicas oportunidades para generar ingresos, más aún tras la crisis provocada por la pandemia, que ha restringido también otras salidas a las que solían aferrarse las personas sin papeles, como la venta ambulante. Ellos, junto a otros temporeros con papeles pero en situación precaria, se desplazan allá donde saben que requieren mano de obra y, en ocasiones, acaban durmiendo en la calle o en espacios inadecuados.
Mamadou (nombre fictico) busca trabajo sin éxito desde su llegada a Canarias en patera, hace algo más de un año. La Ley de Extranjería, como a todo el que entra en el país de manera irregular, le impide regularizar su situación hasta permanecer, como mínimo, tres años en España. A su vez, sin papeles, conseguir un empleo es prácticamente imposible.
“Llegué poco antes del inicio de la pandemia y ni siquiera he podido trabajar como mantero, como muchos compatriotas. Si algún compañero me deja sus papeles, quizá voy a Lleida para probar suerte. A muchos negros nos ven como si fuésemos iguales y me han dicho que al final siempre sale algo. Aunque sea poco, ya sería más de lo que tengo aquí”, decía hace unas semanas en una plaza de Madrid el hombre senegalés, quien se planteaba viajar a la provincia catalana.
Según sindicatos y ONG, los papeles que los manijeros o las empresas de trabajo temporal entregan a la empresa matriz contienen a menudo los nombres de personas que en ocasiones no son las que realmente están trabajando. Esto, además, complicaría especialmente su rastreo en caso de brote infeccioso.
Insuficiencia de recursos para temporeros en Lleida
Aunque el Ayuntamiento de Lleida está trabajando en la creación de un albergue para temporeros, el proyecto no estará finalizado hasta 2022. Para la campaña de este año, el Consistorio ha habilitado los pabellones de la Feria de Lleida volverán a acoger a partir de finales de mayo a los temporeros sin techo que lleguen a la ciudad. Se trata de la misma medida de emergencia activada en 2020 para atenderlos, aunque este año ha realizado algunas mejoras de las condiciones tras recibir varias peticiones por parte de las organizaciones, como la sustitución de camillas por camas. Por su parte, la Generalitat de Catalunya destinará una ayuda de 450.000 euros al Ayuntamiento de Lleida para financiar una parte de la gestión de la campaña de la fruta de este año. El Departamento de Salut también se ha comprometido a realizar cribados masivos voluntarios y periódicos para detectar posibles contagios entre los jornaleros contratados en empresas agrícolas.
Organizaciones sociales alertan de la insuficiencia de estas medidas, a las que preocupa especialmente la situación de aquellos temporeros que viajan a Catalunya sin trabajo apalabrado. “Hasta junio no se abre el pabellón de Lleida para las personas que están en situación de calle. Llega tarde porque ya nos consta que ya hay gente que está durmiendo al raso”, dice Roger Torres, presidente de la Fundació Arrels Sant Ignasi.
Por su parte, Gemma Casal, portavoz de Fruita amb Justícia Social, advierte de que solo se ha comunicado la apertura de este pabellón en la ciudad de Lleida, pero los municipios implicados todavía no han anunciado la apertura de ningún alojamiento en las zonas rurales donde, según Cáritas, ya están empezando a llegar jornaleros que viven en la calle.
“Creemos que la campaña va a ser igual o peor que la anterior y no se han puesto los medios suficientes por parte de administración ni la patronal para revertir las condiciones de vida vinculadas a las condiciones de los temporeros. Llevan un mes llegando a la ciudad y también a los pueblos del Segrià”, denuncia la portavoz de la plataforma creada por la CUP con el apoyo de entidades sociales.
“En un año, no se ha creado ni un alojamiento ni se ha puesto un sola cama de más. Solo el Ayuntamiento de Lleida vuelve a reeditar un pabellón donde se acoge a las personas de emergencias como si una situación de 30 años fuera una emergencia anual. El resto no ha creado ni un alojamiento publico”, dice Casal.
Desde Cáritas Lleida consideran que este año los ayuntamientos implicados “se han anticipado” en ciertos aspectos, pero es necesario un “cambio de modelo”. “El año pasado pensamos que, después de los brotes, habría un punto de inflexión que empujase nuevas respuestas en las campaña de la fruta, pero aunque algunos ayuntamientos se hayan adelantado un poco más, los esfuerzos se han centrado en las formas de actuar en caso de que se produzcan contagios, en vez de abordar el propio modelo y pensar en las necesidades de los temporeros que vienen cada año, en los motivos por los que llegan, en sus circunstancias... ”, sostiene Joan Rosinach, de la organización regliosa: “Otra vez, las entidades llegamos antes que las instituciones”.
Fundació Arrels Sant Ignasi pide también una mayor coordinación por parte del Gobierno central y la regularización de los temporeros migrantes sin papeles que, año tras año, acaban recogiendo la fruta y verdura de distintos campos españoles. “A nivel estatal es necesario un trabajo mayor en red, y no dejar solo la responsabilidad en los alcaldes. Hay temporeros que son fijos. Que de aquí se irán a la uva, bajarán a la oliva, y volverán a hacer el recorrido. Es importante hacer un plan más amplio que aborde la actividad de los temporeros para mejorar sus condiciones”, dice Torres.
Petición de vacunas para los trabajadores agrarios en Aragón y Catalunya
Por su parte, la Associació agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) defiende que el sector agrario se encuentra en un escenario diferente al de la campaña de la fruta del 2020. “Este año se ha organizado con la experiencia del año pasado. Ya tenemos las pautas de actuación y la Generalitat también sabe cómo actuar. Hay menos cosecha y esto facilita las cosas. Necesitamos menos gente para trabajar, por lo que también necesitamos menos cuadrillas y menos viviendas. Nos repartiremos en fincas diferentes, horarios diferentes de comida y en grupos de cuatro o cinco personas para evitar que los temporeros se mezclen entre ellos”, indica Sergi Balue, representante del sector de la fruta en JARC. Es una de las asociaciones agrarias que, junto a ASAJA, Unió de Pagesos, Afrucat, la Plataforma de la Fruta, Salvem la Pagesia-Defensem el Món Rural y los alcaldes del Segrià han solicitado al Ejecutivo central y a la Generalitat 4.000 vacunas para inmunizar a los vecinos que puedan ser contactos de los temporeros. Los municipios agrícolas de Aragón también han exigido la protección de sus trabajadores del campo, una medida que por el momento no ha sido atendida.
En todo caso, las asociaciones agrarias cuestionan que los empleados del campo no hayan sido considerados como trabajadores esenciales en la campaña de vacunación, tras los brotes surgidos el año pasado en la campaña de la fruta, como sí lo han sido otros profesionales, como los profesores o los policías: “Durante el confinamiento, después de aquellos momentos en los estuvieron los supermercados vacíos, éramos los héroes pero ahora se ve que se han olvidado”, dice Sergi Balue.
Ana Pinto, portavoz de CCOO Industria en Aragón, no considera que la vacunación sea la solución ideal para proteger al sector agrícola: “Hay gente con contrato y otra que no, algunos no están regularizados en el país y llegar a ellos es complicado con el tiempo que queda. Es la precariedad la que lleva a situaciones de no poder localizar los focos de contagio. Es necesaria una mayor coordinación para abordar las condiciones de alojamiento de muchos temporeros, así como aumentar las inspecciones en las fincas”.
Una ordenanza que aún no llega en Albacete
En Albacete, otra de las localidades donde el año pasado se registró un importante brote que obligó a desalojar la nave abandonada donde se refugiaban los temporeros ante la falta de otro hospedaje digno, el Ayuntamiento está tramitando una ordenanza municipal reguladora de las condiciones de habitabilidad básicas de las instalaciones para el alojamiento temporal de los trabajadores del sector agrario. A pesar de encontrarse a las puertas del inicio de la campaña, la normativa aún tiene pendiente varios trámites.
El Colectivo Sin Fronteras Albacete sostiene que que, dadas las fechas en las que estamos, “no llegará a tiempo para este verano”. Tampoco creen que sean suficientes las medidas que desde el equipo de gobierno municipal se han trasladado a los medios: “Es muy decepcionante que después de meses haciendo seguimiento a este asunto, tengamos que asumir que de nuevo el próximo verano la ciudad se va a ver abocada a una situación de emergencia como la vivida el año pasado”.
Ante este escenario, el colectivo ha propuesto el uso de espacios de titularidad municipal disponibles, como posible alternativa para el alojamiento de las personas temporeras, y evitar así “los nuevos asentamientos que ya están empezando a surgir”. Aun no han obtenido respuesta.
Médicos del Mundo, con presencia en los asentamientos de Albacete, ha pedido información a la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha para conocer el “plan” ante la llegada de los temporeros pero, según la ONG, “parece que no hay ningún cambio con respecto al año pasado”. “Hemos tenido un año para prepararlo, con voluntad se podría haber hecho bien, pero parece que las soluciones no van a llegar a tiempo”, cuestiona Nieves Turienzo, presidenta de la organización.