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Competencia multa con 80.000 euros a Unipost por ocultar y retener de forma indebida envíos postales de sus clientes
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Unipost con 80.001 euros por retener de forma indebida envíos postales de sus clientes y ocultarlos.
Esta práctica constituye una infracción “muy grave” de la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, según la CNMC.
Fuentes del organismo indicaron a Europa Press que se trata de la primera multa que se impone en el mercado postal y atribuyen la baja cuantía de la misma a la situación de liquidación de la empresa. Aún así, resaltan la transcendencia de la misma en un contexto de auge de envío de paquetes por la economía digital.
El organismo encargado de supervisar y controlar el mercado postal tuvo conocimiento de la conducta ilícita de Unipost gracias a la colaboración ciudadana a través de una denuncia anónima.
Durante la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado que Unipost acumuló en sus instalaciones de Madrid y Barcelona 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes, correspondientes a remesas de los años 2016 y 2017.
La empresa, actualmente en liquidación, notificó los hechos en abril de 2018 a los clientes afectados instándoles a recoger los envíos sin entregar en su delegación.
Las compañías que ofrecen el servicio postal deben cumplir una serie de obligaciones a la hora de gestionar y entregar los envíos de sus clientes. Entre otros, está el derecho de los usuarios destinatarios a recibir su correspondencia y la obligación del operador a garantizar la fidelidad en su custodia, según recuerda el organismo presidido por José María Marín Quemada.
La CNMC vela por la existencia de libre competencia en el mercado postal y por garantizar el Servicio Postal Universal, que incluye los derechos de los usuarios de los servicios postales. Estos derechos afectan tanto a los emisores de cartas (en este caso clientes de Unipost, firma actualmente en liquidación) como a los receptores de las mismas (personas naturales o jurídicas que no recibieron millones de comunicaciones).
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y Unipost puede interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación.
