El Congreso retoma el debate para reformar las pensiones la próxima semana

Los partidos políticos retoman la próxima semana los debates sobre una nueva reforma de las pensiones que garantice lo más urgente, que es el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

Tras el parón parlamentario consecuencia del proceso de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo se reúne nuevamente para aprobar un listado de comparecientes y un calendario de sesiones públicas y privadas.

Diferentes portavoces del Pacto de Toledo han manifestado a EFE su deseo de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que repite en el nuevo Ejecutivo anunciado por Rajoy, sea una de las primeras en acudir a esta comisión, aunque desde el PSOE se avanza que será “una interlocutora difícil”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que una de las prioridades de su nuevo mandato será fortalecer y garantizar el sistema público de pensiones para dar tranquilidad a los pensionistas del presente y a los del futuro.

Por ello, el Congreso revitalizará una comisión creada el 6 de abril de 1995 bajo el epígrafe: “Análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse”.

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ya avanzó cuando asumió su cargo el 28 de septiembre, que “hay un enorme trabajo por delante”.

Desde entonces la Mesa y los portavoces de esta comisión han mantenido múltiples contactos para acelerar los trabajos.

De hecho, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ya ha comparecido para argumentar la necesidad de adoptar nuevas vías de financiación que podrían proceder vía impuestos, así como para abordar el reto de tener que proveer al Fondo de Reserva, a punto de agotarse en 2017.

La mayoría de los portavoces parlamentarios han solicitado que entre las primeras comparecencias estén también las de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, y la del presidente de la CEOE, Juan Rosell.

Sin embargo, mientras estas ponencias tendrían carácter público, la intención de la comisión es trabajar intensamente a puerta cerrada con la presencia de técnicos, economistas o analistas.

Todos los representantes políticos están de acuerdo en que los trabajos han de ir rápido y los portavoces socialista y del Partido Democrático de Cataluña (PDC), Mercè Perea y Carles Campuzano, respectivamente, insisten en tener un documento en abril o marzo con recomendaciones sobre el equilibrio financiero del sistema.

Y es que, al menos en 2017, debería estar lista la renovación de las 21 recomendaciones que señala el Pacto de Toledo y que se evalúan cada cinco años.

Estas recomendaciones van desde la separación y clarificación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo y el Fondo de Reserva, hasta la financiación, simplificación e integración de regímenes especiales, la adecuación de las bases y períodos de cotización, el carácter contributivo del sistema, la edad de jubilación o el tratamiento fiscal de las pensiones.

Precisamente, la crisis económica ha abierto una brecha importante en los colectivos más desfavorecidos, como los parados de larga duración de más de 55 años o los discapacitados, que se han visto obligados a dejar de cotizar tras perder sus puestos de trabajo.