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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por delito fiscal para Agapito García, el español que más debe a Hacienda

Le acusa de defraudar en el IRPF de 2009 un total de 1.583.182,41 euros y le reclama una multa de 4.749.547,23 euros correspondientes al triple de la cuantía defraudada

En la última lista de morosos era la persona física con una mayor deuda, 17 millones de euros

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Una oficina de la Agencia Tributaria. EFE

Una oficina de la Agencia Tributaria. EFE

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid en el que solicita una pena de cuatro años de prisión por un delito de contra la Hacienda Pública para el empresario de la construcción Agapito García Sánchez, la persona física que más dinero debe al Fisco español.

García Sánchez es conocido por liderar de forma recurrente  la lista de morosos que publica el Ministerio de Hacienda desde 2014, con una deuda que en la última edición de ese listado alcanzaba los 17 millones de euros. La Fiscalía de Madrid reclama para él una multa de 4.749.547,23 euros correspondientes al triple de la cuantía que, según el Ministerio Público, el empresario defraudó en su IRPF en el año 2009, que ascendió en total a 1.583.182,41 euros.

Además, la Fiscalía pide que García Sánchez aporte esa misma cantidad de dinero para indemnizar al Erario Público en concepto de responsabilidad civil.

A sus 72 años, el ciudadano más endeudado de España con Hacienda es un fijo de la lista de morosos. En la primera lista, de 2014, debía 26 millones, cifra que rebajó a 19,06 millones en la segunda y a los citados 17 millones de la tercera edición, publicada en diciembre de 2016.

Como contaba  El Periódico en julio pasado, García Sánchez ha ostentado más de 60 cargos en diferentes empresas y a esa fecha mantenía puestos activos en 22 sociedades, entre las que destacaba Madrigal Proyectos e Inversiones.

Sin estudios universitarios y arquetipo de empresario español hecho a sí mismo, sus cuitas con Hacienda comenzaron en 1989, cuando vendió sus cuatro firmas de hormigón y materiales de construcción al grupo británico Steetley por 22,7 millones de euros.

El Fisco le reclamó 20 millones en 1990 por el uso de una sociedad instrumental para eludir impuestos en la operación y el litigio se prolongó durante más de veinte años. Para cuando la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo falló en contra del empresario, en 2012, los intereses de la deuda acumulada habían disparado esta hasta los 31,7 millones. "La voracidad de Hacienda me ha devuelto a mis orígenes: la pobreza", lamentaba en una  entrevista a El País en enero de 2016.

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