El Gobierno pide hacer una auditoría al principal banco luso para resolver dudas

El Gobierno portugués anunció hoy que pedirá a los nuevos administradores de la mayor entidad financiera del país que encarguen una auditoría a un organismo independiente para resolver las dudas sobre el estado de sus cuentas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del consejo de ministros, el ministro de Finanzas luso, Mário Centeno, señaló que el Ejecutivo dará esta indicación en calidad de accionista de la Caixa Geral de Depósitos (CGD), el principal banco luso y de titularidad estatal.

La entidad precisa de un aumento de capital, operación que se encuentra en este momento siendo discutida con Bruselas -su visto bueno es imprescindible para salir adelante- y cuyo montante podría oscilar entre los 4.000 y los 5.000 millones de euros, según las últimas filtraciones publicadas por la prensa local y que superan significativamente las estimaciones iniciales.

Centeno detalló que el Ejecutivo socialista solicitará a los nuevos administradores -que asumen sus cargos en julio- “una auditoría independiente sobre la gestión practicada a partir del año 2000”.

Desde el Gobierno subrayaron que esta medida busca contener la “perturbación” que rodea a la CGD actualmente, y que en su opinión puede entorpecer su recapitalización.

El titular luso de Finanzas aseguró que la decisión se produce después de que su antecesora en el cargo, la hoy “número dos” del Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha), Maria Luís Albuquerque, suscitara “dudas sobre la legalidad de los actos de gestión practicados hasta 2015”.

Centeno recalcó que pese a que el PSD lideró el Gobierno durante la anterior legislatura, “nunca hasta ahora solicitaron información adicional” sobre la CGD.

Durante su intervención, insistió en que la entidad superó los exámenes y las pruebas de solvencia realizadas entre 2011 y 2013 por el Banco de Portugal, así como los ejercicios ordenados por el Mecanismo Único de Supervisión europea desde 2014.

La Caixa Geral de Depósitos está en el centro del debate político luso desde hace semanas, e incluso la oposición conservadora ya promovió la apertura de una comisión de investigación parlamentaria, tal y como se hizo con el Banco Espírito Santo (BES) y el Banco Internacional de Funchal (Banif).

A esta comisión se opone públicamente el Ejecutivo socialista, y según medios lusos tanto el jefe de Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, como el gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, también están en contra de la iniciativa.

Desde el PSD exigieron en las últimas semanas “depurar responsabilidades de gobiernos y administraciones” para que los ciudadanos sepan “qué pasó en la CGD y por qué tiene hoy” unas necesidades de capital tan elevadas.

En este sentido, sus líderes denunciaron la existencia de “negocios ruinosos y especulativos” llevados a cabo en este banco durante el anterior Gobierno socialista, entre 2004 y 2011.

Además de discutirse cuánto costará la ampliación de capital de la CGD, también está encima de la mesa el cierre de oficinas -sobre todo en el extranjero, incluida España- y un programa de rescisiones voluntarias y prejubilaciones para reducir plantilla.