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El Gobierno creará una infracción para las empresas que tengan falsos autónomos

El secretario de Seguridad Social, Octavio Granado, ha anunciado que su Ministerio trabaja para "tipificar una infracción que es el falso encuadramiento"

Granado ha explicado que en la actualidad no hay una falta específica para este abuso, aunque cuando se detecta se obliga a la empresa a contratar al empleado y se le exige la cuantía por las cuotas impagadas a la Seguridad Social 

La Seguridad Social demanda a las industrias cárnicas "240 millones de euros" por cuotas impagadas de trabajadores que eran falsos autónomos

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Imagen de archivo de un repartidor de Deliveroo, perseguida por la Inspección por tener tener falsos autónomos.

El Gobierno va a crear una nueva infracción para las empresas que tengan falsos autónomos. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado este martes que en la actualidad no hay una infracción en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) sobre este abuso y ha anunciado que el Ejecutivo está trabajando para "tipificar una infracción que es el falso encuadramiento". Su intención es incluirla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. 

Con la subida de las bases mínimas de los autónomos que ha pactado el Ministerio de Trabajo con las organizaciones de autónomos para el año que viene, se producirá una situación inédita: la base mínima de los autónomos se situará por debajo de la de los asalariados. Esta situación puede fomentar el abuso de algunas empresas de los falsos autónomos, como reconocen en el Gobierno y advierten tanto expertos como sindicatos. 

Granado se ha referido a este riesgo, en el que está trabajando el Ministerio de Trabajo para presentar a los sindicatos y la patronal una propuesta con varias medidas que eviten "esos trasvases". Entre ellas, el secretario de Estado ha avanzado que el Gobierno creará una nueva sanción en la ley LISOS que castigará el "falso encuadramiento" de los trabajadores, es decir, aquellos que estén trabajando en un régimen que no les corresponde. 

"Vamos a tipificarlo y vamos a perseguirlo"

En la actualidad si la Inspección de Trabajo detecta la existencia de falsos autónomos vinculados a una empresa, la autoridad laboral exige el alta de estos empleados como trabajadores asalariados y la Seguridad Social demanda las cuotas no abonadas por cotizaciones sociales.

Sin embargo, no hay una falta concreta que sancione el propio hecho de haber tenido a esos trabajadores como falsos autónomos y es lo que el Ejecutivo quiere aprobar. Granado no ha detallado cómo será la infracción –leve, grave o muy grave– ni si se aplicará por cada trabajador afectado o de manera general. 

Octavio Granado ha explicado a día de hoy esa inexistencia de sanción "nos dificulta mucho la persecución de esa actividad" y ha advertido a las empresas: "Vamos a tipificar una nueva infracción en la LISOS, que es el falso encuadramiento, y vamos a perseguirlo". 

240 millones impagados por las cárnicas

El secretario de Estado ha afirmado que con esta medida el Gobierno pretende perseguir este abuso "en términos tales que no se nos generen situaciones imposibles".

Granado ha explicado la situación que ha encontrado el Ministerio de Trabajo con la persecución de los falsos autónomos en las industrias cárnicas, donde muchas empresas operaban como falsas cooperativas, compuestas por trabajadores autónomos que en realidad debían estar contratados por las compañías como empleados. 

"Esta Administración ha conseguido que 14.000 trabajadores estén bien encuadrados, pero se ha encontrado que la administración anterior toleró que esos trabajadores estuvieran toda la vida mal encuadrados", ha criticado Granado.

Con las actuaciones de la Inspección y la conversión de esos 14.000 trabajadores autónomos en asalariados, las actas de la autoridad laboral exigen las cotizaciones sociales impagadas en los últimos cuatro años. "Tenemos un volumen de actas que van alrededor de los 240 millones de euros", ha detallado el secretario de Estado. 

"Naturalmente las empresas están aterrorizadas porque, incluso las que reconocen que lo hicieron mal, se les hace una petición de 6 o 7 millones de euros, que compromete el empleo en el sector", ha añadido. Granado ha apostado por perseguir esta abuso laboral y "buscar una salida para que una situación tan absurda no se vuelva a plantear".

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