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Soria quiere dar luz verde al almacén nuclear antes de las elecciones generales

Dice que es "habitual" que en los procesos de licenciamiento el CSN pida información adicional y confía en que las autorizaciones del regulador estén listas antes de final de año

El ministro asegura que no habrá sobrecostes en la instalación pese a las incertidumbres que pesan sobre los terrenos elegidos

Pasa de puntillas sobre la polémica de los informes 'fantasma' de las consultoras para sustentar el recorte a las renovables

Soria defiende que Industria hizo la norma renovable ante críticas oposición

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quiere aprobar el polémico almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) antes de las elecciones generales previstas, en principio, para el próximo mes de noviembre.

En su comparecencia, este miércoles, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo en el Congreso de los Diputados, primera desde el pasado noviembre, el ministro confió en dar luz verde a la autorización previa a la instalación antes del final de este semestre y a la de construcción, antes de fin de año. Ambas requieren de informes vinculantes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

"En el CSN están los mayores y mejores expertos en esta materia", señaló el ministro, que descartó "extracostes" en la instalación, cuyo presupuesto se puede disparar por encima de lo previsto (1.000 millones) si es necesario reforzar los terrenos en los que se asienta.

El PSOE ha pedido la paralización del proyecto del ATC ante las incertidumbres que pesan sobre los terrenos elegidos. Villar de Cañas era la peor candidata desde el punto de vista geológico de las cuatro preseleccionadas por el anterior Gobierno socialista, pero Soria no quiso asumir ninguna responsabilidad por la elección. Según explicó, en el traspaso de papeles con su antecesor, Miguel Sebastián, este le dijo que el ATC estaba entre las cosas que estaban "totalmente hechas". Sólo faltaba el acuerdo con la comunidad autónoma, en este caso, Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores de Cospedal. Los socialistas "habían analizado todo tipo de riesgos", aseguró el ministro.

Soria restó importancia a los reparos expresados a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), responsable de ejecutar el proyecto, por el CSN, que en septiembre pasado remitió a la empresa pública un extenso catálogo de peticiones de información sobre los terrenos en los que tiene previsto ubicar el basurero nuclear, tal y como adelantó eldiario.es.

Aunque es la primera vez en los más de 30 años de historia del CSN en la que el organismo tramita una instalación de estas características, el ministro indicó que este tipo de requerimientos es "habitual" en los procesos de licenciamiento de instalaciones nucleares.

A pesar de que no figuraba entre los temas del orden del día, el ministro tuvo que escuchar varias peticiones de dimisión por parte de la oposición tras el escándalo de los informes 'fantasma' que Industria encargó a dos consultoras para justificar el recorte a las energías renovables. Uno no llegó a realizarse y el otro nunca llegó a utilizarse, según ha tenido que reconocer recientemente el ministerio ante el Tribunal Supremo.

En un debate por momentos bronco, en el que Soria y el presidente de la Comisión, el popular Pablo Matos, tuvieron varios rifirrafes con diputados de la izquierda, el ministro pasó de puntillas sobre la espinosa cuestión: el responsable de Industria, que en septiembre de 2013 aseguraba tras un consejo de ministros que el nuevo estándar de retribución, en vigor desde junio pasado, se calcularía "a partir" de dos informes encargados a Boston Consulting Group (BCG) y Roland Berger, sostiene ahora que esos encargos eran un mero "trabajo de contraste" y que la elaboración de la normativa corrió a cargo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de Industria.

Respecto a BCG, Industria "propuso la resolución del contrato" porque su trabajo "no se ajustaba a las condiciones". Entre otras cosas, "no se presentó en el formato establecido" ni aportaba los valores  estándares, ni incluía los análisis por tecnologías, según desgranó Soria, leyendo a toda velocidad ya en la contrarréplica. Su gran argumento para justificar el recorte a las renovables fue escudarse en las tesis de su antecesor en el cargo, el socialista Miguel Sebastián. E insistió en su teoría de que los inversores extranjeros "están viniendo" a España aunque admitió que muchos lo hacen "a descuento".

Sobre el real decreto de autoconsumo, cuyo borrador duerme desde hace meses en un cajón del ministerio, Soria aseguró, sin precisar fechas, que "pronto", en esta legislatura, estará aprobado, aunque, en línea con las tesis de FAES, la fundación del PP, y las grandes eléctricas, dejó claro que el Gobierno mantendrá el denominado peaje de respaldo (el conocido como "impuesto al sol") porque es lo "justo".

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