Un jurista de la UE avala exigir autorización para el alquiler turístico de viviendas

Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que se puede someter a autorización el alquiler de inmuebles destinados a vivienda a personas que solo estén de paso para estancias cortas, tal como se hace en plataformas en línea como Airbnb.

El letrado, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen marcar el criterio de la sentencia, explicó que esta exigencia de autorización puede justificarse por la lucha contra la escasez de alojamiento de larga duración, ya que esto que pude constituir una razón imperiosa de interés general.

Precisó, sin embargo, que la Directiva de servicios europea permite estos regímenes de autorización siempre y cuando se cumplan los requisitos de proporcionalidad y no discriminación, algo que deberán comprobar los tribunales competentes en cada país, indicó la corte en un comunicado.

El Abogado General se pronunció así sobre un caso francés, en el que los servicios municipales de la Ciudad de París efectuaron una inspección para detectar si dos empresas estaban alquilando inmuebles de viviendas en la plataforma de alquileres turísticos de corta duración Airbnb sin autorización municipal.

Las autoridades constataron que era el caso, impusieron una multa y obligaron a las empresas a restituir los edificios para su uso como vivienda. Las empresas recurrieron la decisión y el caso llegó al Tribunal de Casación de Francia, que decidió preguntar a la Corte europea si la legislación municipal está contemplada en la Directiva de Servicios.

El Abogado General argumentó este jueves que un régimen de autorización que exige permiso para alquilar viviendas de forma reiterada, durante breves periodos, a clientes de paso que no fijan en ellas su domicilio, está comprendido en el ámbito de la Directiva y que la norma francesa es “claramente compatible con la misma”.

“Ni la libertad de empresa ni el derecho a la propiedad son absolutos, sino que ambos pueden ser sometidos a limitaciones. En otras palabras, las restricciones de estos derechos se permiten siempre que la reglamentación del uso no constituya una restricción tan severa que equivalga en la práctica a la expropiación o depreciación encubierta de los bienes”, indicó.

A juicio del jurista, combatir la escasez de viviendas y tratar de garantizar la disponibilidad de un número suficiente de alojamientos para largas estancias asequibles, en particular, en centros de atracción turística, así como la protección del entorno urbano, “son justificaciones válidas para establecer regímenes de autorización basados en gran medida en la política social”.

Las conclusiones puntualizan, no obstante, que aunque este régimen de autorización sea proporcionado, “no está tan clara la proporcionalidad” de exigir una compensación como la que establece la normativa parisina, que consiste en transformar en un inmueble destinado a vivienda un inmueble que tenga otro uso.

El abogado considera que será el Tribunal de Casación francés quien tendrá que decidir sobre este punto, teniendo en cuenta las circunstancias locales.