Balance de los tres primeros años de la Ley de la Cadena Alimentaria: más de 400 multas, pero solo dos por 'venta a pérdida'

Una ley cargada de buenas intenciones, pero insuficiente para que el sector agrícola y ganadero tenga la certeza de que existe un mercado con precios justos para los productores. Desde hace algo más de tres años, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publica los nombres de las empresas que se han saltado las exigencias que marca la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, más de 400 sanciones, por un importe global que supera los 3,3 millones de euros.

Todas esas multas responden a la conocida, simplemente, como Ley de la Cadena. Con ella se buscó poner fin a las discrepancias entre agricultores, ganaderos, empresas de alimentación y distribuidores, las empresas de 'híper' y supermercados. Para los primeros, el texto ha sido esencial y ha marcado un antes y un después, para que se haga público quién se salta normas.

Sin embargo, el sector primario entiende que la ley ha resultado ser insuficiente, porque no se investigan y castigan todas las malas prácticas y, además, las multas no son disuasorias. Señalan, por ejemplo, que el número de sanciones por pagar a los agricultores y ganaderos menos de lo que les cuesta producir –por debajo de coste– es mínimo. En concreto, solo dos de las más de 400 sanciones se deben a la conocida como 'venta a pérdida', que esta ley denomina “destrucción de valor en la cadena alimentaria”. 

“El mercado libre no funciona”, dice a elDiario.es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. “Vivimos en la ley del más fuerte, dejémonos de tonterías. La ley de la oferta y la demanda es de boquillas, necesitamos que haya una retribución justa en cada eslabón de la cadena”.

“Hay que reforzar la Ley de la Cadena, para que haya precios justos”, recalca. “No hay más que ver las cuentas de la distribución, da igual lo que pase, una crisis, incendios, a ellos nunca les va mal. Hay que tener valentía para intervenir y que haya condiciones dignas. Y todo pasa por el primer paso, que es la rentabilidad”, incide Cano.

Hay que recordar que, dentro de los acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y el sector primario para frenar las protestas del campo de hace dos años, se pactó el refuerzo de la AICA, para aumentar su presupuesto y sus capacidades de inspección. Pero tanto PP como Vox votaron en el Congreso de los Diputados en contra de ese refuerzo.

Más de tres años de multas

El análisis de las multas publicadas, hasta el momento, por la AICA señala que, en algo más de tres años, se han comunicado más de 430 sanciones y estas pueden arrastrar años a sus espaldas, porque solo se comunican aquellas que son completamente firmes, por vía judicial o administrativa. Además, hay que tener en cuenta que solo se publica la razón social de la empresa que se ha saltado las normas de la Ley de la Cadena, el motivo de esa sanción –pero sin entrar en ningún tipo de detalle– y el importe. Y, sobre este último, tampoco se concreta si ha habido algún tipo de reincidencia.

En total, las más de 430 multas publicadas en estos tres años y tres meses suman más de 3,32 millones de euros, tal y como se desglosa en el siguiente gráfico.

La gran mayoría –cerca de 250– han sido por incumplir los plazos de pago. Se trata de otra de las quejas más habituales entre el sector primario, que apunta que los intermediarios de esa cadena agroalimentaria no siempre pagan a tiempo. En concreto, los plazos legales marcan que las facturas tienen que abonarse en un máximo de 30 días, en el caso de los alimentos frescos; y de 60 días, en el resto de productos. El segundo motivo que más sanciones ha concentrado es la falta de formalización de los contratos por escrito, con más de 70 expedientes resueltos.

En cuanto a las cuantías, las más altas se han concentrado en el último trimestre publicado, el primero de 2026. Una, por importe de 267.000 euros. Otra, por más de 148.000. La primera, por saltarse los plazos de pago. La segunda, por no formalizar los contratos por escrito. Ambos casos corresponden a Albafruits Cooperativa Valenciana. 

Hay productos donde, específicamente, el sector primario ha solicitado más actuaciones. Por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado en las últimas semanas a la AICA que persiga de oficio los abusos de la industria láctea, porque los actuales precios a la baja “abocan a firmar nuevos contratos que violan la Ley de Cadena”.

“Un puñado de compradores de leche concentra cada vez más poder sobre la rentabilidad y la supervivencia del sector ganadero español”, asegura Charo Arredondo, responsable del sector lácteo de COAG. “Miles de contratos van a cerrarse en las próximas semanas y la industria debe saber que las ganaderas y ganaderos de leche estamos dispuestos a resistir frente a sus abusos”, añade.

Pocas sanciones a la distribución

Además, la mayor parte de las sanciones corresponde a empresas de la industria alimentaria, las intermediarias. En cambio, es escasa la presencia de cadenas de distribución, de supermercados. En este segmento, la más alta ha sido para Dia, con 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. En total, esta cadena ha sido multada en cinco ocasiones. También figura Carrefour, en una ocasión, con 3.000 euros; y Alcampo, en tres, la más alta por 39.000 euros. 

Precisamente, la patronal que agrupa a cadenas como Mercadona, Lidl, Dia o Aldi, ha presentado un análisis sobre la cadena de valor agroalimentaria, donde niega que haya “márgenes abusivos”. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) indica que ha estudiado “20 eslabones diferentes” de la cadena “en cinco cadenas representativas (aceite de oliva, leche, pollo, limón y patata)” que, asegura, “demuestran de forma concluyente la inexistencia de márgenes abusivos en cualquier eslabón”.

“Los resultados muestran márgenes negativos en cuatro eslabones; nulos, en ocho; y moderados en los ocho restantes, todos plenamente justificados por costes reales, riesgos asumidos e inversiones realizadas. Esta validación empírica contradice frontalmente las percepciones generadas por enfoques simplistas sobre intermediarios especulativos o márgenes excesivos”, indica el informe.

Cita, por ejemplo, el aceite de oliva, “sector frecuentemente criticado por las diferencias de precio observadas”. “La transformación en almazara incluye procesos técnicamente complejos de molturación, extracción, filtrado y almacenamiento que requieren inversiones significativas”. Ahí pone el ejemplo –con datos de 2020 y 2021 actualizados a 2024– de precios en origen de 2,35 euros, mientras en el punto de venta ascienden a 7,5 euros, con un “margen comercial” para la distribución, apunta, del 12%; y para la industria intermediaria, de entre el 6,7% y el 10,7%.