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Ciego de un ojo por accidente y obligado a trabajar: los abusos contra los pescadores

Pescadores faenando.

Michael Sainato

The Guardian —

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Grupos sindicales y autoridades gubernamentales están presionando para terminar con los abusos que sufren los trabajadores del sector pesquero, donde los empleadores esclavizan a menudo a jornaleros migrantes y ejercen violencia contra ellos.

Según una estimación de las Naciones Unidas, una de cada cinco capturas procede de la pesca ilegal, no declarada y sin reglamentar, en condiciones de abusos habituales a los trabajadores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, ahora mismo hay en alta mar unos 128.000 trabajadores atrapados haciendo trabajos forzados en buques pesqueros.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene documentados casos de trabajo infantil o trabajo forzado en 20 países que producen pescado, pescado seco, marisco o gambas. En uno de los casos, un trabajador que quedó ciego de un ojo tras romperse un sedal dijo que el capitán del barco le obligó a seguir trabajando en vez de buscar asistencia médica.

Thea Lee, vicesecretaria de Asuntos Laborales Internacionales en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dijo al periódico The Guardian que su oficina estaba haciendo presión para terminar con las lagunas en la aplicación de la legislación; difundiendo directrices para que los inspectores y autoridades marítimas detecten infracciones laborales; y usando el poder adquisitivo del gobierno de EEUU como herramienta de cambio en las cadenas de suministro de productos del mar. La Administración Biden también está aplicando sanciones internacionales contra los pesqueros ilegales que vulneran los derechos humanos de los trabajadores.

“La pesca es un sector extraordinariamente problemático”, dice Lee. “No solo por el trabajo infantil y por el trabajo forzoso, sino por todos los otros problemas, en particular las violaciones a las leyes de seguridad y de salubridad, las de libertad de asociación, las de negociación colectiva...” añade. “Todos los derechos laborales fundamentales, además de la discriminación; lo más probable es que cada uno de los derechos laborales fundamentales sea ampliamente vulnerado”.

Según Lee, los gobiernos tienen que trabajar junto a los trabajadores en soluciones centradas en ellos para evitar las grandes lagunas de información de un sector donde las empresas hacen sus propias auditorías de abusos laborales en la cadena de suministro. “En la solución de este problema la verdadera responsabilidad está en los gobiernos y en las empresas”, dijo. “Hay mucho por hacer”.

El indonesio Adrei Nelwan trabajó desde 1995 como pescador migrante en buques taiwaneses de pesca de altura. En 2021 sufrió una grave lesión ocular durante el trabajo pero antes de recibir atención médica le obligaron a seguir trabajando un mes más. Después fue deportado.

Taiwán tiene la segunda mayor flota pesquera de aguas lejanas del mundo, por detrás de China. En 2020, el país asiático exportó a Estados Unidos mariscos por valor de 139 millones de dólares [unos 127 millones de euros], que se vendían bajo marcas como Bumblebee Tuna y en minoristas como Walmart y Costco. “Trabajamos muy duramente y estamos orgullosos del trabajo que hacemos; el pescado que capturamos acaba en los platos de los hogares y reporta muchos beneficios a grandes marcas de todo el mundo”, dijo Nelwan.

En junio de 2021, Nelwan estaba trabajando en un pesquero de altura cuando se rompió un sedal y le dio en un ojo, causándole ceguera permanente en él. “Estaba claro que necesitaba asistencia médica, pero mi capitán me obligó a seguir trabajando un mes más en alta mar; me permitieron descansar solo unos días y luego me traté la herida con antibióticos y un paracetamol que yo llevaba para aliviar el dolor”, dijo. “El barco atracó el 31 de agosto de 2021 y me llevaron al hospital, pero solo era un tratamiento para evitar que se infectara, no hubo ningún procedimiento para salvarme la vista”.

Nelwan contó que otros seis pescadores de la tripulación huyeron al atracar debido a las duras condiciones de trabajo. Mientras él estaba en el puerto, la agencia de intermediación laboral a través de la cual había obtenido el empleo en el buque lo transfirió a otro barco sin su consentimiento. Cuando se negó a aceptar el traslado fue deportado sin seguro ni derecho a indemnización.

Su esposa pidió un préstamo de 5.000 dólares [unos 4.600 euros] para tratar de sufragar el tratamiento médico en Indonesia, pero ya era demasiado tarde para salvarle el ojo. “Si hubiera recibido asistencia médica rápidamente, me habría salvado la vista”, dijo Nelwan.

Según el indonesio Susanto, que entre 2006 y 2020 también trabajó en Taiwán como pescador migrante, es habitual lesionarse por la rotura de sedales, con pérdida de extremidades, de dedos y de ojos entre las heridas frecuentes. También es normal, dijo, que les obliguen a seguir trabajando sin darles asistencia médica. “En aquella época no recibí ninguna ayuda médica, pero si hubiéramos tenido acceso a wifi habría podido recibir ayuda médica y me habrían salvado el ojo”, dijo sobre la lesión que a él también le provocó un sedal roto.

Según Susanto, la jornada comenzaba en torno a las siete de la mañana, cuando los trabajadores lanzaban los sedales que entre la una y las cinco de la tarde devolvían al barco para sacar a los pescados. “Cuando había muchos peces que subir a la dársena, sólo podíamos descansar una o dos horas”, dijo. “Los patrones de sueño siempre están alterándose; si teníamos una buena faena el capitán nos decía que no durmiéramos, y sólo podíamos descansar dos o tres horas”.

Compuesto por más de 2.300 pescadores migrantes y para defender sus derechos se creó el Foro de Reunión de Marinos de Indonesia (Fospi). Achmad Mudzakir, su presidente, ha trabajado desde 2003 como pescador migrante y dice que muchos de los problemas con los que lidian tienen que ver con salarios impagados, lesiones, muertes y trata de seres humanos.

“Generamos muchos beneficios, tanto para Taiwán como para Indonesia, pero solo recibimos unos 550 dólares al mes [unos 504 euros] aunque trabajemos más de 14 horas al día; es el salario más bajo de entre todos los [que reciben los] grupos de emigrantes en Taiwán”, dice. “El trabajo que hacemos es verdaderamente difícil y peligroso; en ocasiones no tenemos comida ni agua suficientes y a menudo tenemos que recoger el agua de lluvia, o la que gotea de los aparatos de aire acondicionado, para necesidades tan básicas como bañarnos o beber”.

Según Mudzakir, es habitual que los empleadores rescindan los contratos y que los trabajadores sean deportados sin indemnización. Si los marineros intentan denunciar cualquier abuso, pueden sufrir represalias por parte de los empleadores y ser deportados.

“Intimidaciones verbales y abusos físicos”

“Muchos trabajadores sufren intimidaciones verbales y abusos físicos; limitaciones a su movilidad y aislamientos”, dice Mudzakir. “Entre el 80% y el 90% de nuestros miembros carecen de documentos de identidad porque las agencias [empleadoras] se los confiscan”.

A, uno de los trabajadores que teme represalias y venganzas de sus empleadores, pidió ser identificado solo por la primera letra de su nombre. Vivió en el mar dos años seguidos, entre 2021 y 2023, trabajando en un pesquero chino donde le agredían y daban palizas de manera constante. El barco fue denunciado ante las autoridades después de abandonar a varios operarios que habían dejado de trabajar al perder los dedos por congelación.

“Los malos tratos físicos comenzaron porque alguien me vio recoger uno de mis guantes cerca de la habitación del capitán y fui golpeado y acusado de robar”, dijo. “Cada vez que cometía un error sufría maltrato físico”.

A describió jornadas de trabajo excesivas, de entre 12 y 18 horas diarias, y haber sido forzado a trabajar pese a sufrir lesiones y sin atención médica adecuada. También dijo que los trabajadores indonesios como él eran discriminados, que solo les daban los restos de la comida de los demás y que tenían que alimentarse a toda prisa.

“Cada vez que algún miembro de la tripulación cometía un mínimo error nos golpeaban con las manos desnudas y con herramientas”, dice. “Quería irme a casa, pero no tenía más remedio que seguir trabajando en el barco porque no había forma de volver a casa”.

El operario de otro pesquero (también pidió permanecer en el anonimato) fue testigo de la paliza brutal recibida por un compañero tras atacar al capitán que le negaba una y otra vez ser trasladado fuera del barco. A ese compañero lo confinaron en una habitación donde terminó muriéndose. Aunque el personal del buque consignó la muerte como un suicidio, el operario dijo estar convencido de que fue asesinado.

“Lo sujetaron y tres de ellos le golpearon; intenté detener la pelea; le rompieron todos los dientes delanteros”, contó. “El cuerpo del tripulante fallecido estuvo encerrado durante siete meses en un congelador del barco hasta que finalmente lo trasladaron a un buque de recogida; no termino de creerme que fuera verdaderamente un suicidio”.

Entre las soluciones que están barajándose para lidiar con los problemas del sector figuran el acceso obligatorio a wifi para los operarios, hacer pública la información sobre las licencias de los navíos, y que los diferentes gobiernos estatales aprueben y hagan cumplir una legislación para las empresas de productos del mar.

El Fospi y el Global Labor Justice-International Labor Rights Forum [Foro de Justicia Laboral Global-Derechos Laborales Internacionales] llevan desde 2022 haciendo campaña para lograr el acceso a Internet por wifi. El objetivo es que todos los buques de pesca de altura dispongan, obligatoriamente, de acceso fiable a Internet por wifi para que los pescadores migrantes puedan comunicarse con sus familiares y sindicatos, así como denunciar abusos en el momento en que son cometidos.

Como dijo Jennifer (JJ) Rosenbaum, directora ejecutiva de Global Labor Justice [Foro de Justicia Laboral Global], “es una petición muy básica”. “Pediremos que en el apartado laboral de los acuerdos comerciales que firma Estados Unidos se incluya el wifi como forma de acceder a derechos laborales fundamentales”, dijo Rosenbaum, que considera la medida como un punto de partida para que los pescadores migrantes mejoren sus condiciones laborales.

En su opinión, los costes de garantizar Internet a los tripulantes deberían repartirse entre todos los participantes de la cadena de suministro y no imponerse exclusivamente a los empleadores directos. “Consideramos que el modelo de cadena de suministro mundial imperante en el sector de productos del mar representa un desafío fundamental para los derechos laborales porque está concebido para separar a las entidades que emplean directamente a los trabajadores de las entidades que obtienen los mayores beneficios y tienen más poder para cambiar las condiciones”, dijo Rosenbaum.

“Las marcas y los inversores estadounidenses y europeos esconden la cabeza bajo el ala y tratan de ignorar el problema o de trasladar la responsabilidad y los costes a toda la cadena”, dijo. “Nuestro compromiso es terminar con ese modelo”.

Su organización también está haciendo presión para que las marcas cumplan con sus compromisos y las empresas se hagan responsables de las condiciones laborales en toda su cadena de suministro. En 2023, la marca Bumblebee Tuna llegó a un acuerdo tras una demanda que Global Labor Justice-International Labor Rights Forum había presentado exigiendo que retirara de su publicidad y materiales de marketing las afirmaciones que hacía sobre sus prácticas pesqueras y condiciones de trabajo.

“Hemos estado muy activos tratando de que el wifi sea percibido como un mecanismo necesario para hacer respetar los derechos laborales”, dijo Valery Alzaga, subdirectora de Global Labor Justice. “Así es como los derechos laborales son acordados como práctica, consiguiendo que al menos se acuerde y se regule sobre la infraestructura”.

Según Steve Trent, que en el Reino Unido fundó y dirige la Environmental Justice Foundation [Fundación para la Justicia Medioambiental], los caladeros decrecientes han agravado el problema, ya que para recortar costes muchos pesqueros y empleadores están reduciendo o eliminando el coste laboral mediante la explotación, la violencia y los abusos.

En su opinión, los abusos laborales se frenarían en el sector si se asegura que todas las jurisdicciones gubernamentales publican sus listados de buques y de licencias de pesca. “La mayoría de estas cosas son bastante simples, son cuestiones de policía de tráfico”, dijo.

“Verdaderamente es algo básico y solo hay que mirar por la ventana: si los coches no tuvieran matrícula estaríamos en un mundo de caos y delincuencia; eso es lo que ocurre con las embarcaciones que no llevan un identificador único”, explicó. “Cuanto mayor sea el número de jurisdicciones que exigen identificadores únicos de embarcaciones, más posible será expulsar a los malos y defender a los buenos”.

En 2019 el Business & Human Rights Resource Centre (Centro de Recursos para las Empresas y los Derechos Humanos] publicó un informe sobre las condiciones de esclavitud que en nuestros días siguen vigentes dentro de las cadenas de suministro de atún del Océano Pacífico (de donde viene aproximadamente el 60% del atún que se consume en el mundo). Para la elaboración del informe investigaron a 35 corporaciones de atún enlatado y supermercados, abarcando a 80 de las principales marcas del mundo en atún enlatado al por menor.

En 2021, un informe posterior del mismo organismo hablaba de una “lentitud pasmosa” en los avances y dijo que los problemas estaban empeorando. “Las propias empresas no tenían claro de dónde venían exactamente sus productos, algo que claramente dificulta el paso siguiente de garantizar que los trabajadores en sus cadenas de suministro no sufren abusos”, dijo Amy Sinclair, autora de los informes y representante para Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico del Business & Human Rights Resource Centre.

De acuerdo con los informes, las empresas tampoco están identificando o difundiendo casos de esclavitud moderna en sus cadenas de suministro. “No hay una solución mágica para atajar este tipo de problemas; creo que es importante que haya muchas acciones dirigidas a diferentes actores para que los gobiernos pongan regulaciones en marcha y hagan que las empresas adopten las buenas prácticas”, añadió Sinclair.

“Se puede fomentar hasta la saciedad lo de las buenas prácticas, y llevamos años y años con normas voluntarias, pero no se está logrando que las empresas actúen con la rapidez que deberían”, dijo.

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