CiU rechaza unificar reguladores porque antepone la “obsesiva prioridad por la recentralización a la eficacia”

Así lo pone de manifiesto en el texto de su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde los nacionalistas catalanes reconocen que ésta es una de las reformas estructurales que necesita la economía pero alerta de que el modelo elegido por el Ejecutivo “implica inequívocamente” entrar en conflicto con las normativas comunitarias.

“El esquema que propone el Gobierno crea un único macro-organismo con funciones dobles de regulación y de supervisión, esquema que no tiene precedentes en el espacio comunitario. Es un planteamiento sorprendente, que ignora los principios de independencia y autonomía”, añaden, acusando al Ejecutivo 'popular' de “parecer perseguir la entronización de un nuevo poder económico omnipresente que no se da en Europa”.

A juicio de CiU, las “distancias” existentes entre la regulación propuesta en España y la existente en otros estados de la UE supone “un indicador incontestable de desacierto” por parte del Gobierno 'popular'.

SE PIERDE INDEPENDENCIA

Además, CiU también rechaza la pérdida de independencia de los reguladores que provocaría su unificación en una única Comisión, como plantea el proyecto de ley, que vincula las labores de regulación y supervisión que “debieran permanecer claramente separadas”, establece que parte de las funciones de los actuales organismos pasen a los ministerios y reside en el Gobierno el nombramiento de algunos directores generales y la aprobación de su estatuto orgánico.

En el ámbito financiero también se reduce la independencia con respecto al Ejecutivo, y además se “recentralizan tareas”, lo que podría acabar conllevando “más rigidez que dinamismo” en un momento en que, además, es “urgente” acometer reformas profundas en algunos de los sectores afectados, para lo que “se necesita el dinamismo de los organismos reguladores”.

“No se comprende la fusión de los órganos encargados de regular mercados sectoriales singulares tan importantes”, continúa la enmienda, en la que CiU alega también que los presuntos beneficios en materia de ahorro que se conseguirían por la reducción de altos cargos son “irrisorios” en comparación con “el negativo impacto que puede tener par la actividad económica la configuración de una compleja maquinaria centralizada, de difícil operatoria y no eficiente”.

Por todo ello, y también por la “falta de diálogo” con las formaciones políticas y con los sectores implicados en la redacción del proyecto de ley, los nacionalistas catalanes piden su devolución al Ejecutivo.