Los abogados españoles se rebelan contra el TTIP
Los colegios profesionales de abogados se empiezan a sublevar contra el TTIP, el controvertido tratado de libre comercio que la Unión Europea negocia con Estados Unidos y cuyo texto base podría estar listo este mismo año. El vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, ha declarado sin ambages en la web del Consejo General de la Abogacía Española que el TTIP “en estos momentos es una amenaza para todos, y en especial para los ciudadanos, que son a quienes defendemos los abogados. Es un retroceso clarísimo”.
Son palabras novedosas porque proceden de un sector profesional que hasta el momento permanecía atento a las negociaciones, y porque que se ceban, entre otros apartados, con el nuevo mecanismo de arbitraje entre inversores y estados pergeñado por la Comisión Europea (y denominado Investment Court System, ICS) o con la progresiva amenaza para la justicia gratuita que supondrá el acuerdo.
“Ambos acuerdos [TTIP y TiSA, que la UE negocia con países como Pakistán, Corea del Sur, México o Turquía] suponen un cambio de modelo que debilita esencialmente a los ciudadanos, toda vez que profesiones, como abogado o médico, pasarán a ser exclusivamente una prestación de servicios puramente mercantilista”, arranca Rusca. El decano de la abogacía barcelonesa asegura que la “seguridad jurídica se disipará en beneficio de los nuevos servicios mercantiles” porque el control deontológico que ejercen los colegios cambiará sustancialmente.
Rusca arremete contra la falta de transparencia y el secretismo –al igual que los detractores del tratado, denuncia que gran parte del contenido negociado solo se ha conocido por filtraciones de Wikileaks- para censurar duramente la “liberalización” del ejercicio de la abogacía que propone el TiSA (Trade in Agreement Services).
“La abogacía no ha puesto trabas en que puedan venir despachos de otros países y tampoco para que nuestros despachos puedan ir a otros mercados”, recuerda. “El problema esencial no es que puedan venir a ejercer la profesión otros despachos en nuestro territorio; el problema reside en que los lobbies financieros –que no jurídicos- pretenden arrasar con todos los principios esenciales sobre los que se ha construido la profesión. Lo que quieren es cambiar nuestros valores y nuestra forma de entender la profesión, que va más allá de ser un simple negocio”.
“No es un mercado”
Respecto a la justicia gratuita, Rusca cree que “sería imposible encajar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita en ese sistema neoliberal que intentan imponernos. La defensa de los derechos, las libertades y la dignidad de las personas más desfavorecidas de la sociedad no puede ni debe ser un negocio. La Asistencia Jurídica Gratuita no es un mercado”, dice.
Hasta la fecha, ninguna asociación profesional de jueces, fiscales o abogados se había posicionado sobre el TTIP. La eurodiputada Lola Sánchez (Podemos) ha enviado una misiva a las principales organizaciones jurídicas para reclamarles una opinión, una carta a la que se ha adherido el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y Alfred De Zayas, relator de la ONU.
El escrito de Lola Sánchez recuerda que en Alemania la Federación de Jueces Alemanes (DRB) sí se ha posicionado. “Este colectivo concluye que rechaza la creación de un tribunal de inversiones en el marco del TTIP”, pues “no ve ni la base legal ni la necesidad para un tribunal de este tipo”, dice la carta de la eurodiputada.
Precisamente sobre este mecanismo de arbitraje, el ICS, es donde la crítica de Oriol Rusca alcanza su punto álgido. “Me parece absolutamente nefasto como sistema”, deplora el decano. “Las obligaciones y conflictos de los Estados deben estar sujetos a los tribunales de Justicia. ¿Cómo se van a someter a arbitrajes cuando esos tribunales arbitrales –los que se prevén en el Tratado- son en gran medida los propiciadores de esa desregularización?”, se pregunta.
“¿Cómo puede estipularse, en un tratado secreto, que no servirán los tribunales de Justicia, excluyéndolos de raíz, para solventar los conflictos de la índole que estamos comentando? ¿Cómo se puede defender que un tratado secreto esté por encima de las leyes soberanas y democráticas de cada país?”, concluye.
