Competencia lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE por arrebatarle funciones
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se recrudece, coincidiendo con la nueva amenaza de troceo del organismo aireada hace unos días por el nuevo ministro de Economía, Román Escolano. La CNMC ha llevado hasta la justicia europea el nuevo vaciado de sus competencias que el Ejecutivo hizo efectivo en octubre a través de un Real Decreto que el organismo ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
En la demanda que ha presentado ante la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo para pedir la nulidad de varios preceptos de ese decreto, la CNMC tira por elevación y plantea elevar el caso ante la Justicia europea. Solicita plantear cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo, para que se pronuncie sobre el encaje con la normativa europea de diversas disposiciones de la norma que aprobó el Consejo de Ministros en octubre. Ese decreto encomendó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital atribuciones hasta entonces encomendadas a Competencia, fundamentalmente en materia de energía.
La demanda, a la que ha tenido acceso eldiario.es, recuerda que el TJUE ya condenó en 2009 Suecia y Bélgica por casos similares, y la CNMC solicita al tribunal europeo su opinión sobre la legalidad de que el Gobierno le despoje, entre otras funciones, de la facultad de proponer y aprobar los peajes de la luz y el gas; la inspección de los mercados energéticos; las competencias sancionadoras relativas al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de electricidad y gas; y la realización de las proyecciones de demanda de los mercados energéticos y estudios sobre consumos, precios, organización y comportamiento de los mismos.
La demanda argumenta que el decreto viola numerosas normas nacionales y comunitarias, “lesiona competencias que están atribuidas a la CNMC” y afecta al ámbito organizativo del regulador. Y critica que el Gobierno aprobase la norma sin que “se haya recabado informe de este Organismo”.
Se encomienda para ello al artículo 5.2.a) de la Ley de Creación de la CNMC, que señala que esta deberá “participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen jurídico”.
La CNMC presentó su recurso después de que, el 24 de noviembre, el Consejo de Ministros desestimase un requerimiento previo al Ministerio de Hacienda y Función Pública remitido el 27 de octubre. El principal beneficiario de las competencias arrebatadas a la CNMC, el Ministerio de Energía, no comenta este asunto.
La demanda no es la única que la CNMC tiene interpuesta ante el Supremo contra un acuerdo del Gobierno. Pero tiene un significado especial al afectar a una norma que afecta al funcionamiento del propio regulador y que se introdujo aprovechando una reorganización de la estructura del departamento de Álvaro Nadal.
Nuevo troceo
La petición al Supremo es previa a que, el miércoles, el nuevo ministro de Economía dijera en su debut en el Congreso que el Gobierno va a retomar el troceo de la CNMC que acordaron el PP y Ciudadanos y que ya anunció en su momento su antecesor, Luis de Guindos, en enero de 2017. Dada la minoría parlamentaria del PP, está por ver si la iniciativa prospera.
La CNMC fue implantada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 al fusionar los antiguos reguladores sectoriales y la autoridad de la competencia en una sola entidad, con la excusa de un discutible ahorro de costes.
Esta ofensiva de Competencia es paralela al procedimiento de infracción que la Comisión Europea ha abierto a España por no respetar la independencia de la CNMC al arrebatarle a finales de 2014 la fijación de los peajes de la luz (parte regulada del recibo), un caramelo político al que el Gobierno no está dispuesto a renunciar.
Un conflicto que puede derivar en una denuncia de Bruselas ante el TJUE y en la imposición de una sanción diaria a España como la famosa multa de los estibadores. La decisión está en manos del exministro del PP y comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. Según el Ministerio de Energía, “continúan las conversaciones” sobre esta cuestión y Madrid y Bruselas “siguen trabajando e intercambiando textos” para intentar evitar la sanción.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha descartado “riesgo de multa por esta cuestión” y ha apostado por un mecanismo “análogo” al de Francia, “donde hay una comunicación entre el Ministerio de Energía y la autoridad independiente en el proceso de fijación de los peajes”. La discusión radica en qué criterio prevalece cuando no hay acuerdo entre las partes, según fuentes del ministerio.
