Las empresas del cártel del AVE intentan bloquear la prohibición de contratar con la Administración
Varias de las empresas integrantes del denominado cártel del AVE, desmontado en marzo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han puesto en marcha su maquinaria jurídica para tratar de desactivar la petición del organismo, inédita hasta ahora en España, de que se les prohíba contratar con la Administración Pública. La petición, esperada en el sector, ha sido formulada ante la Audiencia Nacional por al menos tres de las participantes en esos acuerdos ilegales para falsear la competencia en el mercado de instalaciones ferroviarias entre 2002 y 2016.
Indra Sistemas, que fue sancionada en ese procedimiento con 870.000 euros, ha solicitado en el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto contra la resolución de la CNMC ante la Audiencia que se suspendan todos los efectos de la misma: tanto el pago de la multa impuesta como el procedimiento para activar un posible veto de la Administración contra ella. El plazo para interponer recurso expiró a los dos meses de la notificación de la sanción, que fue aprobada el 17 de marzo.
La decisión final respecto al eventual veto de estas empresas (en concreto, a las filiales sancionadas) como contratistas de la Administración corresponde a la ministra de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, adscrita a ese ministerio. Hacienda no aclara cuándo tiene previsto abordar ese órgano ese dictamen en el que debería pronunciarse sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar.
“No hay novedad sobre el tema”, dice una portavoz del ministerio, que tampoco precisa cuándo se va a reunir esa Junta. “De todas formas, el hecho de que se reúna no significa que se aborde el tema”, señala.
El mayor accionista de Indra (18,7%) es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita a Hacienda.
El recurso que ha presentado Sacyr (sancionada a través de su filial Neopul) también incluye tanto la solicitud de la suspensión cautelar de la multa como del inicio del procedimiento para la prohibición de la contratación, según fuentes jurídicas.
La misma petición ha realizado otra de las multadas, Telice, según confirma su consejero delegado, Cesáreo González, que no espera una decisión definitiva de la Audiencia hasta dentro de al menos dos años y medio. González admite el daño reputacional de la resolución, que en el caso de su empresa considera infundada.
Por su parte, ACS, la empresa que se llevó las mayores sanciones (seis de sus directivos fueron, además, multados con 300.600 euros a título personal) y que, con ese expediente, se convirtió en líder en multas de la CNMC por amañar contratos públicos, ya indicó en una reciente emisión de bonos registrada en la Bolsa de Irlanda que la resolución “va a ser recurrida en los tribunales para pedir su suspensión hasta que haya una decisión final”.
La CNMC, recordaba en ese documento la constructora de Florentino Pérez, impuso a cuatro de sus filiales (Cobra, Semi, Cymi y Electren) 51,36 millones en multas y Competencia “ha comunicado la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para iniciar el procedimiento para establecer una prohibición para estas compañías en el sector público”.
La mayor constructora española no ha respondido a las llamadas y correos electrónicos de eldiario.es interesándose por los detalles de ese recurso, al igual que OHL. Abengoa (sancionada a través de su filial Inabensa) y Elecnor han declinado hacer comentarios.
Más contratos
A la espera de que Hacienda mueva ficha sobre este asunto, a las empresas multadas siguen cayéndoles contratos públicos porque, como explica el consejero delegado de Telice, aunque se haya activado el procedimiento para vetarles como contratistas, “la Administración no lo puede aplicar. Nosotros estamos presentándonos a licitaciones y hemos sido adjudicatarios de contratos desde que se impuso la sanción”, dice González.
Según datos recopilados de la plataforma de contratación del Estado, el importe de los cerca de 180 contratos que se han adjudicado las empresas del cártel del AVE desde que fueron multadas por la CNMC el pasado 14 de marzo supera ya los 132 millones. Si se tiene en cuenta la fecha en la que se anunció la resolución (27 de marzo), la cifra asciende a casi 127 millones. Ambas sumas superan la cuantía de las multas impuestas, que fue de 120 millones, sin contar las rebajas concedidas a Siemens y Alstom.
Competencia no pidió vetar a esas dos empresas como contratistas del sector público porque se acogieron al denominado programa de Clemencia del organismo, que otorga reducciones o exenciones de las sanciones a las participantes en un cártel que deciden destapar su existencia. Un veto como el que ha planteado la CNMC puede implicar ceder a estas dos multinacionales extranjeras el monopolio del negocio de los concursos públicos de infraestructura ferroviaria.
