El Gobierno sigue sin aprobar el bono social que prohíbe cortes de luz nueve meses después de anunciarlo
Diez meses después de la muerte de una anciana en Reus a la que Gas Natural había cortado el suministro, que puso en primer plano el debate sobre la pobreza energética, y casi nueve meses después de anunciar un nuevo bono social de la luz que, entre otras cosas, “prohíbe la suspensión del suministro eléctrico” a los consumidores vulnerables severos, el Gobierno sigue sin dar luz verde a la normativa.
El motivo es la no aprobación del desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, con el que el Ejecutivo implantó un nuevo mecanismo de financiación del coste del bono social cargándolo a todas las comercializadoras de electricidad, después de que el Supremo anulase el sistema anterior de financiación de estos descuentos, hasta entonces a cargo de las grandes eléctricas.
El reglamento en cuestión es el proyecto de Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. El texto ya ha sido examinado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que evacuó su informe el pasado 23 de junio, y desde hace unos días tiene el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. La Comisión Permanente del órgano consultivo lo despachó en la sesión celebrada el pasado jueves.
Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indican que ese reglamento “lleva el trámite habitual” y que la intención es aprobarlo antes de que finalice este año. El Real Decreto inicial fue convalidado por el Congreso el pasado 31 de enero.
El reglamento regula, entre otras cosas, el concepto de consumidor vulnerable de energía eléctrica y las condiciones de suspensión del suministro para esta tipología de usuarios. Según el Gobierno, “el proyecto de Real Decreto establece un mecanismo más eficiente de acceso al bono social, basado en criterios de renta de la unidad familiar, de manera que puedan acceder a él los consumidores que más lo necesitan. Asimismo, refuerza la protección de los consumidores más vulnerables ante un procedimiento de corte de suministro y se mejora la transparencia en los contratos de electricidad”.
La asociación de consumidores Facua ha criticado el “aberrante” nuevo bono, porque sus descuentos seguirán financiando a todas las familias numerosas, sin distinción de renta, lo que implicará que “familias adineradas podrán acceder a él por el único hecho de ser numerosas”, mientras que el mecanismo “estará vetado para familias con muy reducidos ingresos y cuya renta disponible les provoque una situación de asfixia económica”. Por ejemplo, familias sin niños que ingresen 810 euros al mes.
Propuesta del PSOE
Mientras Energía cumple su compromiso de aprobar el Reglamento, el PSOE ha llevado al Congreso este martes una Proposición de Ley (PDL) para su debate en el Pleno con el objetivo de extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con la idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas.
La propuesta recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados 'esenciales', para personas consideradas como personas 'vulnerables severos'. Fuentes del PSOE confían en que la PDL, que el PP no ha vetado, salga adelante.
