El fondo estatal que avalará a la gran industria para comprar electricidad 'verde' cubrirá un importe de 600 millones

El futuro fondo para avalar contratos de suministro a largo plazo de electricidad renovable para la industria electrointensiva cubrirá un total de 600 millones de euros para sus tres primeros años, según consta en el anteproyecto de Ley por el que se crea esta figura, que será gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

En concreto, el fondo estará dotado en conjunto con 200 millones para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años, según la memoria del anteproyecto.

En lo que se refiere a los años siguientes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) determinarán cada año, a partir del cuarto, cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, las ampliaciones del fondo.

La creación de este fondo, denominado FERGEI, complementa el proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En sus disposiciones adicionales, el anteproyecto de Ley fija un plazo de tres años para formalizar la dotación inicial del fondo con una cuantía mínima de 200 millones de euros. Además, limita a esos 600 millones de euros el riesgo durante los tres primeros años que podrá asumir CESCE, como agente gestor, por cuenta del Estado.

Esa dotación inicial de 200 millones de euros se realizará por reasignación de diferentes fondos o créditos existentes en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “por lo que no se contempla incremento alguno”, según la memoria del anteproyecto.

En principio, habría un porcentaje de dotación elevada de Comercio, cubriéndose el resto de fondos con capacidad existente en el Ministerio, como el FOMIT, el crédito de la SGIPYME del programa de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial (Reindus), entre otros.

En la memoria, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señala que si el 80% de los consumidores electrointensivos firmaran contratos de este tipo por 10 años por el 50% de su consumo y, teniendo en cuenta que se podría contar con 612 beneficiarios potenciales con un consumo estimado anual de 40.757 gigavatios hora (GWh), se estaría otorgando garantías para un consumo total en torno a 16.296 GWh/año. Así, de acuerdo con el precio medio del 'pool' durante 2019 (47,68 euros/MWh) representaría un importe anual de 777 millones de euros.

Las garantías que se suelen pedir por el vendedor al consumidor electrointensivo varían en su presentación dependiendo del oferente, y sobre todo del financiador de éste, pero se estiman aproximadamente en la actualidad, de una forma u otra, en el entorno de los 5 euros por MWh negociado.

De esta manera, para CESCE, como entidad que cubre el riesgo de las garantías prestadas por terceros por cuenta de estos consumidores, el riesgo máximo potencial podría alcanzar 814,8 millones de euros, cuantía que correspondería al primer año del contrato en el caso de que lo hicieran todos y a la vez, “lo cual es imposible”, estima el Ministerio.

Esta cantidad se iría reduciendo progresivamente a medida que se van ejecutando los contratos a razón de 81,4 millones al año. En cualquier caso, Industria señala que debe tenerse en cuenta que, ante la aparición de un siniestro por cualquier motivo, los contratos existentes tienen valor, “por lo que el alcance de la pérdida podría ser mínimo o incluso no existir, dependiendo de la evolución del precio del mercado”.

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Este fondo, creado como mecanismo de cobertura para el impulso de los contratos compraventa de energía a largo plazo ('PPA', por sus siglas en inglés), con el objetivo de abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores, figura entre las medidas planteadas por el Gobierno para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética.

Este paquete se completa con una nueva partida de 90 millones de euros para compensar los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracoste de territorios no peninsulares.

Esta nueva compensación para los consumidores electrointensivos será por hasta el 85% del sobrecoste por la retribución a las renovables (primas), que correrá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Las medidas se completan con la compensación por las emisiones de CO2, que asciende actualmente a unos 172 millones de euros en 2019 tras haberse ampliado en el último ejercicio, y que se mantendrá dentro de las medidas del nuevo estatuto.