El Gobierno obligará a las industrias que reciban ayudas a mantener su actividad durante al menos cinco años

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, la primera en 30 años, que pretende reforzar el papel de esta actividad en la economía española en plena transición verde y digital. La medida, prevista en el Plan de Recuperación, “fortalece la soberanía estratégica industrial” y persigue mejorar la competitividad de esta actividad en la esfera internacional, según el Ministerio de Industria.

Una de las principales novedades que contiene el texto es que “blinda el empleo industrial”, según el departamento de Reyes Maroto, y “protege nuestras capacidades industriales”, según ha explicado la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al establecer que las empresas beneficiarias de ayudas públicas a la industria deban mantener la actividad productiva durante al menos cinco años.

En el caso de las pymes el plazo se reduce a tres años. La nueva Ley establece que la Administración General del Estado promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial.

La norma, que Maroto ha confiado en que esté en vigor antes de que acabe la legislatura, aborda aspectos como la promoción industrial y la mejora de su competitividad, la reindustrialización, la digitalización industrial, la adaptación de la industria a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza.

Sustituirá a una ley de 1992 y busca impulsar una actividad que ha ganado peso en la agenda europea en los últimos años, tras la experiencia de la gran reclusión y en un proceso de desglobalización de muchas actividades industriales. Un contexto de “urgente necesidad de potenciar la industria en nuestro país”, en palabras de Maroto.

Los principales objetivos de la ley son garantizar la libertad de establecimiento de las industrias y la unidad de mercado en esta actividad, proteger la libre circulación de productos industriales, promover un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales, impulsar “proyectos tractores y de interés general” así como la planificación estratégica de la actividad industrial, con “la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico”.

Anticipar un cierre

En el texto se introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas. Y ante una crisis industrial se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo, debiéndose explorar fórmulas para prevenir, reducir o mitigar sus efectos. Para ello, se establecerán mesas de reindustrialización con presencia del Estado para que los agentes implicados busquen una solución con un plazo determinado.

El texto, que define las industrias “estratégicas”, introduce nuevas obligaciones de seguridad industrial, de forma que en caso de riesgo grave e inminente, la Administración pueda acordar la paralización temporal, total o parcial, de una instalación. También se detalla el régimen de infracciones, con multas de hasta 100 millones de euros para las más graves.

Para reforzar las “estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español”, se creará un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria “para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad”. También se elaborará una Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 con las líneas generales de la política industrial. Y un Plan Estatal de Impulso Industrial.

La nueva ley persigue desarrollar y apoyar los ecosistemas industriales como polos de desarrollo industrial, especialmente los considerados estratégicos. Y regula por primera vez los proyectos industriales de interés general. Estos deberán cumplir al menos dos de estas tres condiciones: suponer un volumen de inversión o de empleo indefinido “significativo”; pertenecer a ecosistemas industriales definidos o formar parte de sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional; o estar alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

El borrador, fruto de un proceso de consulta pública abierto la pasada primavera, reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía con medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización. Presta especial atención a los programas de internacionalización de empresas españolas. Y prevé la posibilidad de lanzar bancos de pruebas regulatorios para proyectos piloto que faciliten la investigación y la innovación.

Además, las Administraciones Públicas promoverán e implantarán, dentro de su ámbito competencial, medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión.