El Gobierno pleitea contra el Consejo de la Transparencia para no revelar los sobrecostes de las obras públicas
El Ministerio de Fomento adjudicó contratos de obra pública por 30.000 millones de euros entre 2008 y 2015. Por ejemplo, para construir carreteras, puertos, líneas de AVE, estaciones de tren y otras grandes infraestructuras a través de Adif, Aena o Puertos del Estado. La diferencia entre el precio que se adjudica a la constructora y el coste final de esos proyectos es una información que el Ejecutivo guarda en secreto a pesar de una resolución del Consejo de Transparencia -organismo independiente- que le obliga a publicarla.
El Ministerio de Fomento ha decidido pleitear por lo contencioso-administrativo para seguir ocultando los sobrecostes de obra pública en España, según ha confirmado a eldiario.es el Consejo de Transparencia. Acudir a la justicia ordinaria es el último recurso que les queda para poder seguir guardando estos datos, ya que la resolución que les insta a darlos es de obligado cumplimiento.
Este recurso surge en respuesta a una solicitud de información de eldiario.es en diciembre de 2016 en la que pidió el listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de los contratos de obra adjudicados por el Grupo Fomento desde 2008 hasta la actualidad. Solo entre 2008 y 2013, Fomento pagó más de 10.000 millones en sobrecostes, tal y como reveló El País.
Tras una primera negativa del Ministerio a revelar esa información, este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia, el órgano estatal independiente que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
El Consejo dio la razón a este medio y resolvió que la propia ley de transparencia obliga a todos los ministerios del Gobierno a hacer pública la información relativa a las modificaciones de los contratos públicos. Así, el Gobierno estaría incumpliendo la normativa que él mismo promovió al no publicar esta información de manera activa.
Siete meses después de recibir la solicitud, el Gobierno llevará la resolución a los tribunales para evitar divulgar los sobreprecios de las adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento.
Un recurso que el Gobierno presenta a pesar de haber alardeado durante le legislatura de “haber puesto coto” a los sobrecostes de obra. “Yo no hice el agujero, pero tenía que taparlo”, explicó Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, en declaraciones a La Razón.
Cuando la transparencia acaba en los juzgados
Una vía judicial que el Gobierno ha utilizado en numerosas ocasiones para evitar responder a solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Hasta el momento, ha presentado hasta 37 recursos en los tribunales para oponerse al criterio del Consejo de Transparencia, según datos difundidos por el propio Consejo de Transparencia.
Así, el Gobierno está destinando recursos de la Abogacía del Estado para no revelar información sobre gastos de RTVE, listado de pasajeros en vuelos oficiales de las Fuerzas Aéreas Españolas, los pliegos de un contrato de Renfe para la adquisición de trenes de Alta Velocidad o el listado de sociedades en el extranjero regularizadas durante la amnistía fiscal, entre otros.
Recursos que incluyen los presentados por 8 de los 13 ministerios para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional. Una información solicitada por eldiario.es y que el Gobierno ha llevado a los tribunales a pesar de que el Consejo de Transparencia ha resuelto que el interés por conocer esta información está por encima de cualquier otro.
Sobrecostes para pocas constructoras
La obra del trazado del AVE entre Madrid y Barcelona (621 kilómetros) salió a concurso por 7.550 millones de euros en 2002. Se adjudicó a la baja por 6.822 millones y terminó costando 8996 millones de euros. Un sobrecoste del 31%, según un informe del Tribunal de Cuentas.
La futura estación del AVE de la Sagrera (Barcelona) fue licitada por el ministerio de Fomento en 2009. Ocho años después, las obras están sin terminar y enredadas en una trama corrupta de presuntos sobornos y facturas infladas entre empresarios y exresponsables de Adif. Un informe del Tribunal de Cuentas ha cifrado el fraude en 133 millones por sobrecostes, plazos sin cumplir y pagos por trabajos no realizados.
No es el único caso de proyectos que multiplicaron su coste final después de haber sido adjudicada la obra: los Túneles de la M-30, la Terminal 4 de Barajas, la Variante de Pajares o las carreteras en Canarias fueron adjudicados por un precio mucho menor que su coste final. En el caso de la M-30, el Gobierno de Gallardón aceptó encarecer la obra en 1.600 millones de euros en una reunión de 25 minutos, según publicó eldiario.es.
Los sobrecostes son una tónica habitual de la obra pública en España, un mercado reservado para muy pocas empresas. Diez constructoras se llevan siete de cada diez euros en contratos de obra pública en España desde 2009, según reveló la investigación '¿Quién cobra la obra?', de la Fundación Civio.
De los 38.828 millones adjudicados vía BOE para contratos de obra pública entre 2009 y 2015, los diez grandes grupos constructores estuvieron presentes, en solitario o en Uniones Temporales de Empresas (UTE), en 28.830 millones, un 74%.
