La respuesta ha tardado varias horas en llegar, pero ha sido contundente. El gobierno portugués ha acusado al Tribunal Constitucional de generar inestabilidad en el país por declarar ilegales varias medidas de ajuste incluidas en el presupuesto en vigor. El ejecutivo liderado por el conservador Pedro Passos Coelho ha explicado que “no está de acuerdo” con la decisión del alto tribunal, aunque la acatará. La suspensión del conjunto de medidas supone para el Estado luso un agujero de 1.350 millones de euros entre el abono de pagas extras a jubilados y funcionarios que no teína previsto pagar y la devolución de las cantidades recortadas a raíz de las rebajas en los subsidios de enfermedad y desempleo aplicadas desde el 1 de enero.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha durado cerca de tres horas y media, el secretario de Estado de Presidencia, Luis Marques Guedes, ha leído una declaración en la que se afirma que el Gobierno no puede dejar de alertar a los portugueses de los “riesgos” que implica la resolución del Constitucional. La declaración ha incluido el anuncio de la decisión del primer ministro Passos Coelho de reunirse de urgencia con el presidente de la república, Aníval Cavaco Silva, para “clarificar la situación por parte del Estado portugués”.
El ejecutivo teme que la decisión del Constitucional pueda afectar al resultado de la próxima reunión de los miembros del Ecofin en Berlín. En la agenda del encuentro estaba previsto pactar unos nuevos plazos para la devolución de los 78.000 millones de euros que Portugal solicitó a la troika en 2011 con el fin de hacer frente a su complicada situación. Con 1.350 millones menos, todo apunta a que el gobierno se verá obligado a buscar otros capítulos del presupuesto en los que ejecutar recortes.
Complicada situación para Passos Coelho
El primer ministro luso, que llegó al poder en junio de 2011 tras las elecciones anticipadas por el rescate financiero al país, ha recibido una lluvia de críticas y peticiones de dimisión cuando se cumplen dos años de la petición de ayuda a la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al agravamiento de las previsiones sobre desempleo y caída del PIB luso por tercer año consecutivo, se sumó el viernes la decisión del Constitucional de anular, con efectos al 1 de enero, cuatro de las medidas de austeridad del presupuesto de este año, que pueden suponer cerca de un punto porcentual del déficit público.
Los magistrados, que también consideraron inconstitucionales el año pasado otras medidas de los presupuestos de 2012, invalidaron la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).
A falta de confirmación oficial, los expertos calculan que el importe de esas medidas de ahorro puede comerse el margen que dieron el mes pasado la UE y el FMI a Portugal en su meta de déficit fiscal de este año, que suavizaron del 4,5 % al 5,5 % ante la falta de recuperación de la economía lusa.
La decisión de los jueces podía haber tenido muchas peores consecuencias para los planes económicos del Ejecutivo si hubieran aceptado todas las reclamaciones sobre los presupuestos, que suponían más de cuatro mil millones de euros de ahorro público.