Las empresas del Ibex suspenden en su información sobre fiscalidad, corrupción y derechos humanos
La entrada en vigor en 2017 de un Real Decreto-ley (18/2017) que implementó la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad no ha provocado una mejora en la calidad de la información de las empresas del Ibex 35 sobre aspectos como el buen gobierno, la fiscalidad, la corrupción y los derechos humanos, según el Observatorio RSC, que este viernes ha presentado el informe “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2017”.
El estudio analiza el impacto efectivo de ese Real Decreto Ley y la calidad de la información reportada sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores. La puntuación media obtenida por las empresas del Ibex es de 26,88 puntos sobre 100. Las 5 primeras empresas en el ranking son Iberdrola, Red Eléctrica, Endesa, Acciona y Bankia. Y las cinco peores, Merlin Properties, ACS, Colonial, Siemens-Gamesa e IAG.
El informe señala que “la calidad de la información que presentan respecto a cada uno de estos aspectos es todavía deficiente, y no alcanza un nivel adecuado en ninguna de las áreas analizadas”. Las áreas con menor grado de transparencia son fiscalidad y derechos humanos. El Observatorio (vinculado a CCOO y a varias ONG como Cruz Roja y Entreculturas) concluye que “la mayor parte de las empresas no cumplen con el objetivo del Real Decreto y solamente incluyen en el informe de gestión información anecdótica sobre algunas cuestiones no financieras”. No existe tampoco “una verdadera verificación de la gestión de impactos sociales y medioambientales por parte de la Junta General de Accionistas”.
La información que contempla ese Real Decreto-Ley se ha complementado en 2018 con la aprobación de la Ley 11/2018 de información no financiera, que obliga a las empresas a informar sobre cuestiones no financieras incorporadas en el informe de gestión o en un informe separado y que debe aprobarse en la Junta General de Accionistas.
En 2017, hasta 22 empresas presentaban “información distinta en el informe de gestión y en la memoria de sostenibilidad” y solo una, Acciona, sometía el informe de responsabilidad social a aprobación de sus accionistas como punto específico del orden del día en la junta. “La información que presentan la mayoría de las empresas tiene una orientación alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca el Real Decreto Ley y se orienta más hacia una exposición de logros empresariales y buenas prácticas”.
Por otro lado, los consejeros del Ibex están “poco preparados para afrontar los retos en materia de sostenibilidad social y medioambiental”; ninguna empresa informa sobre la formación que reciben en aspectos de sostenibilidad; y la rendición de cuentas sobre derechos humanos “sigue siendo una asignatura pendiente”.
Aunque cada vez más empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, “se falla en la información de cómo garantizan” su no vulneración. Solo siete publican los riesgos de sus actividades para los derechos de las personas y solo Repsol informa de que cuenta con mecanismos operacionales de remedio cuando se vulneran.
La petrolera es la única que informa de un caso relacionado con vulneraciones de derechos de comunidades en el que se había visto envuelta durante el ejercicio. Pero el Observatorio asegura que “fuentes externas consultadas relacionan a otras 4 empresas con posibles vulneraciones de derechos durante el ejercicio sobre las que no se ha encontrado ninguna mención en sus informes”.
“Cada vez peor” en fiscalidad
Respecto a la información sobre fiscalidad, su calidad “es cada vez peor”: no es precisa ni cuenta con el desglose suficiente para evaluar el cumplimiento del compromiso con una fiscalidad responsable. Y “pese a que 21 de las 35 empresas del Ibex tienen presencia en paraísos fiscales solo 10 informan de su presencia en estos países y si nos atenemos a la presencia en nichos fiscales, solo informan 3 de las 30 que tienen presencia”, Endesa, Banco Santander e Indra.
En 2017 solo Banco Santander y BBVA presentaban información del impuesto de sociedades pagado por país y “ninguna informa sobre el tipo nominal y el tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuesto por país”.
También advierte el Observatorio de la “opacidad en la actividad de lobby empresarial”. “A pesar de que la mitad de las empresas indican estar registradas en alguno de los registros públicos de lobby”, solo Acciona, Endesa y Telefónica “informan de sus actividades en el ejercicio, incluyendo materias de interés o reuniones mantenidas con representantes públicos”. Y solo Abertis y Enagás informan sobre un sistema interno de gestión de lobby.
En igualdad de género, “pese a que 26 empresas aseguran contar con medidas para procurar que el consejo de administración tenga una presencia equilibrada de hombres y mujeres”, a diciembre de 2017 había 25 que no alcanzaban el objetivo del 30% (a cumplir en 2020) de mujeres en el consejo de administración. Y sólo doce publicaban el ratio entre salario y remuneraciones de mujeres en relación con los hombres para cada categoría profesional, si bien cuatro lo hacían “en relación con el salario base, siendo un dato insuficiente pues es en el resto de complementos retributivos donde se suelen encontrar las diferencias que constituyen la brecha salarial entre mujeres y hombres”.
Sobre financiación a partidos políticos, el Observatorio recuerda que en España se prohíben las donaciones directas del sector privado a las formaciones, pero no a sus fundaciones, “circunstancia que podría ser utilizada como una vía paralela para la financiación fraudulenta de actividades rutinarias de partido o de campaña”. En este ámbito, solo doce informan de que prohíben las aportaciones a partidos políticos en todos los países en los que actúan y únicamente Inditex y Red Eléctrica lo hacían extensivo a las fundaciones.
El medio ambiente es “el área que mayor puntuación obtiene en base a la calidad de la información”, con 50,39 puntos sobre 100, aunque “la información reportada es bastante irregular al estar concentrada en áreas como por ejemplo las políticas medioambientales dejando grandes lagunas en otras materias como la gestión del agua, la gestión de materiales o la biodiversidad”.
