El año 2026 comenzará sin Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que habrá pocas novedades en materia fiscal. Al menos en los primeros compases del ejercicio, ya que el Gobierno prevé enviar un proyecto de Cuentas Públicas al Congreso en el primer trimestre del nuevo curso. Su viabilidad será cuestión de la negociación política, pero podría desvelar algunos planes tributarios del Ejecutivo.
Hasta entonces, en los tributos principales habrá pocos o ningún cambio. En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en Hacienda se muestran abiertos a mantener la deducción para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que cobren la subida íntegra para el próximo año. Con todo, aún no hay cifra para revalorizarlo ni acuerdo con los agentes sociales.
Sí se han prorrogado, a través del último Real Decreto-Ley de 2025, algunos beneficios fiscales vinculados a la rehabilitación energética de hogares, a la compra de vehículos eléctricos o instalación de puntos de recarga, y exenciones a las ayudas percibidas por la DANA o los incendios del pasado verano.
Con esta norma el Gobierno ha dado marcha atrás en la novedad tributaria más importante que iba a entrar en vigor el próximo ejercicio. Las personas que hayan cobrado la prestación o el subsidio por desempleo no tendrán que presentar la Declaración de la Renta. Seguirá como hasta ahora, y no será necesario si no alcanzan el mínimo requerido. La medida, incluida en la reforma del subsidio por desempleo, iba a elevar notablemente el número de contribuyentes de cara al ejercicio próximo.
Además, Hacienda ha prorrogado para 2026 el sistema de estimación objetiva del IRPF, con la que se mantiene una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. Este sistema aplica en agricultores, ganaderos, parte del sector agroalimentario, del transporte y actividades de comercio al por menor, principalmente.
Beneficios fiscales para pymes
En el Impuesto de Sociedades sí hay modificaciones relevantes para las pymes y empresas de nueva creación. Las compañías de menor tamaño podrán tributar al 24%, y no al 25% general, mientras que a las micropymes se aplicarán tipos entre el 21 y el 22%. Las de nueva creación pagarán un 15% en los dos primeros ejercicios en los que tengan una base imponible positiva.
La reserva de capitalización, una deducción para las empresas que incrementen sus fondos propios para reforzar su solvencia, podrá alcanzar el 20% si se mantienen las dotaciones durante cinco años y alcanzará el 30% si se aumenta la plantilla más de un 10% y se mantiene durante tres años.
Asimismo, con el último Real Decreto-Ley del año se flexibiliza la amortización que podrán efectuar las empresas, a través del Impuesto de Sociedades, en inversiones en energías renovables o por comprar vehículos eléctricos o instalar puntos de recarga.
Bizum: ojo a los pagos entre empresas
En cuanto a las obligaciones para las compañías, ojo con los cambios para aquellos que utilicen Bizum en sus pagos. A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresas. Pero solo en el caso de las actividades profesionales y no de los particulares, así que tranquilidad a la hora de pagarle las cervezas o una cena a tus amigos.
Verifactu, retrasado hasta 2027
El Gobierno decidió, casi a última hora y para tratar de contentar a Junts, retrasar la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria. Se aplaza hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos.
La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación –en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel– para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora. Ahora se gana un año de margen para hacerlo.
Subida del MEI al 0,9%
El Gobierno ha elevado, también en el último Real Decreto-Ley del año, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización que se creó en la reforma de pensiones de 2021 para financiar la conocida como hucha de las pensiones. Será del 0,9% y se aplicará en la primera nómina de 2026. De este porcentaje, 0,75 puntos los asumirá la empresa y 0,15, el trabajador.
La Seguridad Social espera recaudar 5.298 millones de euros con esta subida.
¿Cambios en los beneficios fiscales?
Como parte del Plan de Recuperación para conseguir los fondos europeos, el Gobierno se comprometió a revisar una serie de beneficios fiscales para aumentar la recaudación en un 0,1% del producto interior bruto (PIB). Esto supone en torno a 1.700 millones al año y debería hacerlo antes del verano, ya que es uno de los hitos a cumplir como parte del último pago de este maná europeo. En Hacienda no se muestran muy seguros de poder conseguir este objetivo, ya que requiere de una ley y sacar adelante la reforma fiscal de 2024 ya fue muy complejo.
Subida del Impuesto de plusvalía para frenar la especulación
El último Real Decreto-Ley del año contiene una importante novedad en materia de los tributos vinculados a la vivienda. El Gobierno ha aprovechado esta norma ómnibus para actualizar los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (el conocido como Impuesto de plusvalía), gravando más las transmisiones en los primeros años tras la compra.
El Ejecutivo calca una medida que presentaron en mayo a través de una proposición de ley del Grupo Socialista y busca, de esta manera, desincentivar la compraventa especulativa de vivienda. Las operaciones que se produzcan menos de un año después de la adquisición tendrán que aplicar un multiplicador del 0,16. Entre uno y tres años después, será del 0,15. Y escala de manera progresiva hasta el 0,23 que se aplica tras los ocho años de la compra.
A partir de ahí, vuelve a rebajarse hasta el 0,10 que se aplica para las tenencias entre los 13 y 16 años. A partir de 20 años, se aplica un coeficiente del 0,35, el más elevado de la tabla.
Cabe señalar que este cambio fiscal necesita ser avalado en el Congreso, por lo que podría decaer si es rechazado por la mayoría de los diputados.
Impuestos locales y autonómicos
Estos son los cambios más relevantes a nivel estatal, pero las comunidades autónomas también tienen competencias tributarias. Si bien muchas no han aprobado Presupuestos para el año que viene, hay algunas medidas ya en vigor y que tendrán impacto en 2026.
Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las comunidades autónomas han aprobado medidas que reducirán la recaudación en 350 millones de euros. Las principales rebajas fiscales se han adoptado en el IRPF y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y, de forma más residual, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En el ámbito local, la tasa de basuras sigue dando dolores de cabeza a muchos Ayuntamientos. La ciudad de Madrid y otros grandes municipios ya han anunciado cambios de cara al próximo ejercicio.