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La OCDE: Un norte para la economía ecuatoriana, aunque con señal aún difusa

La OCDE: Un norte para la economía ecuatoriana, aunque con señal aún difusa

EFE

Quito —

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El Consejo Sectorial Económico Productivo de Ecuador ha propuesto al presidente Lenín Moreno la incorporación del país a la OCDE, un sueño aún lejano para el que la nación andina necesitará mejorar mucho, si quiere entrar en ese exclusivo club del desarrollo.

Al presentar el jueves la propuesta, el ministro de Economía, Richard Martínez, aseguró que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podría servir de balancín para promover en su país las mejores prácticas económicas, acordes a las que mantienen sus 36 países miembros, entre los más ricos del mundo.

“En la OCDE podremos acercarnos a las mejores prácticas mundiales en ámbitos de política pública, a favor de los ciudadanos”, y sobre todo inmiscuir al país en las grandes ligas de la inversión, la transparencia, políticas sociales y ambiente, señaló el secretario de Estado.

Para él, la inclusión del país en la OCDE podría ser “una nueva señal de que crecemos en la ruta correcta, con pragmatismo”.

Y es que esta organización, fundada en 1961, ofrece una coordinación entre sus miembros sobre los cambios económicos y ayuda a la medición de la productividad y los flujos globales del comercio y la inversión.

Además, fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas y, de paso, orienta de mejor forma la relación de sus miembros con los organismos multilaterales de crédito.

Durante mucho tiempo, esta organización estuvo conformada sólo por países del primer mundo, por lo que fue conocida como el “Club de los ricos”, aunque con el tiempo adquirió un mayor equilibrio.

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel e Italia forman parte de la OCDE.

También Japón, Luxemburgo, Letonia, Lituania, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

Además, otros países no miembros son cercanos a las directrices de la OCDE, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica, Egipto, Jordania, Marruecos, Perú, Rumanía y Túnez.

El ingreso de Ecuador en dicha organización, de momento, es una proyección de las actuales autoridades, aunque hay quienes creen que la economía ecuatoriana no está preparada para ello.

Más bien, podría tratarse de una estrategia para acercar al país, aún más, a la órbita del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a Efe el analista Pablo Dávalos.

Y es que “las condicionalidades” que suele exigir el FMI a los países que le piden préstamos, “son otras cuando se forma parte de la OCDE”, agregó el economista, quien cree que, además, la economía ecuatoriana es muy pequeña y afronta muchas dificultades para ingresar en dicho foro.

La nuestra, dijo, es una “economía demasiado pequeña para formar parte de esa OCDE, que agrupa a las economías más fuertes del mundo” y por ello, el anuncio de intentar entrar en la Organización podría ser “una especie de distracción” política por parte del Gobierno.

En Ecuador “hay mucho desempleo, pobreza, desinversión pública” y para diciembre el Gobierno afrontará “serios problemas de liquidez”, pues tendrá que atender desembolsos importantes de gasto corriente y el pago de su deuda exterior, agregó el experto.

Por todo ello, Dávalos insistió en que “es muy difícil que le acepten al Ecuador” en la OCDE, aunque el tocar esa puerta puede legitimar el discurso de política económica que intenta afianzar el Gobierno, agregó el analista.

Sin embargo, para el analista Mauricio Pozo, la postura del Ministerio de Economía es acertada, pues la OCDE es una institución que exige rigurosidad en el manejo de la economía.

El anuncio de intentar formar parte de esa organización es un mensaje positivo para los inversores, pues expresa el interés del Gobierno por fortalecer la transparencia y solvencia de su política económica, según Pozo.

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