Portugal elimina la Golden Visa y prohíbe nuevos pisos turísticos salvo en zonas rurales

El Gobierno de Portugal pone fin al régimen de Golden Visa que concede la residencia a cambio de inversiones y prohíbe las nuevas licencias para pisos turísticos, excepto los rurales en municipios de zonas despobladas del país.

Las dos medidas forman parte de un plan de choque aprobado este jueves en consejo de ministros para atajar la crisis de vivienda que sufre Portugal, que tiene como uno de sus ejes “combatir la especulación inmobiliaria”, aseguró el primer ministro, António Costa.

Portugal ya no concederá más “Vistos Gold”, como se conoce en el país a estos visados para inversores que desde 2012 se atribuían a cambio de compra de inmuebles, grandes inversiones o creación de puestos de trabajo.

En cuanto a los visados ya concedidos, sólo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes o si la casa se coloca en el mercado de alquiler “de forma duradera”, dijo Costa.

Desde que el programa nació en octubre de 2012, Portugal ha concedido 11.535 autorizaciones de residencia con los llamados “vistos gold”, que han supuesto una inversión de 6.754 millones de euros para la economía lusa.

En España, Más País ha registrado esta misma semana una proposición de ley en el Congreso para eliminar los 'Golden Visa' a fortunas extranjeras para frenar la especulación en vivienda.

El portavoz de la formación, Íñigo Errejón, consideró en rueda de prensa que estos permisos que defiende el Gobierno de la Comunidad de Madrid, fomentan la “especulación” de los precios de la vivienda y no benefician a la economía nacional, además de que “expulsan a la población local”, generando un efecto en cadena “muy negativo” sobre el mercado de la vivienda. “Hay que acabar con este favoritismo”, enfatizaba el político.

Limitar los pisos turísticos

Otras medidas del plan aprobado este jueves en Portugal van dirigidas a un mayor control de la oferta de pisos turísticos en régimen del llamado “alojamiento local” -como AirBnb o hostels-, para aumentar la oferta de vivienda en alquiler.

El Ejecutivo prohibirá la concesión de nuevas licencias, a excepción de alojamientos rurales en municipios del interior donde “no hay presión urbanística” y “puedan ser un factor importante para la dinamización económica”, explicó el primer ministro.

Las licencias ya concedidas se revisarán en 2030 y, a partir de entonces, se someterán a evaluaciones periódicas cada cinco años.

Los propietarios de estos alojamientos tendrán que pagar una tasa extraordinaria que irá dirigida a financiar políticas de vivienda y también habrá beneficios fiscales para quien, hasta 2024, pase su piso turístico al mercado de alquiler de vivienda.

Costa reconoció que el alojamiento local “tuvo un fuerte poder de dinamización de las ciudades, de creación de empleo”, pero restó valor al impacto que puede tener la medida en el sector del turismo, uno de los motores económicos del país.

“No podemos matar la gallina de los huevos de oro”, dijo, y defendió que el turismo no llegará por convertir las ciudades en una “especie de Disneyland” sino por ofrecer una “experiencia única”.