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El PP atasca la renovación de los dos consejeros con el mandato caducado del Banco de España

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, y Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, en un foto de archivo.

Daniel Yebra / Aitor Riveiro

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Otra institución que el Partido Popular bloquea. El PP retrasa la renovación de los dos consejeros del Banco de España cuyos mandatos han expirado en los últimos días. El Ministerio de Asuntos Económicos defiende que ha ofrecido al principal partido de la oposición elegir uno de estos asientos, ahora vacantes, en el consejo de gobierno de la institución. No es la primera vez que los populares entorpecen la renovación de una institución pública, de hecho el PP lleva vetando el cambio de los miembros del Poder Judicial desde hace años.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo admite “contactos” sobre estos nombramientos en el Banco de España y que lo está negociando la secretaria general, Cuca Gamarra, y no el responsable económico, Juan Bravo, o Esteban González Pons, encargado de las relaciones institucionales.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pretendía que los nuevos consejeros del Banco de España fueran aprobados por el Consejo de Ministros este martes. “Estamos en disposición de hacer las renovaciones”, defienden desde el Ministerio, que puso dos nombres sobre la mesa pero fueron rechazados por el PP. Ante la oposición de los conservadores, la titular de Asuntos Económicos pidió una propuesta, según distintas fuentes. Pero el candidato de los populares no ha llegado.

Uno de los dos consejeros salientes es Fernando Eguidazu, quien fue propuesto por el PP en 2017, hace seis años, el límite de tiempo para los mandatos en el Banco de España, renovable por una vez. La otra es Carmen Alonso, que fue una apuesta del PSOE, y que lleva en la institución desde 2011.

Otros cuatro consejeros dependen del Ministerio de Asuntos Económicos, dos de ellos fueron designados en 2021, Carles Manera y Luis Serván. Una tercera, Soledad Núñez, accedió al cargo en 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. La cuarta, Núria Mas, cubre la 'cuota' catalana del Banco de España, según la tradición de nombrar a un consejero de esta comunidad autónoma por su peso económico, y su mandato termina este marzo.

Calviño ha ofrecido al PP elegir exactamente a quien ocupará el asiento de Fernando Eguidazu, que también da acceso a la comisión ejecutiva del Banco de España, en la que también está Soledad Sánchez junto al gobernador Pablo Hernández de Cos y la subgobernadora Margarita Delgado. Y de esa manera, mantener el equilibrio entre las dos formaciones en los máximos órganos de decisión de la institución.

Fuentes conocedoras explican que este equilibrio es estrictamente en la elección de los consejeros, pero no se traduce en las decisiones, “ya que se trata de perfiles eminentemente técnicos”.

En numerosas ocasiones, las decisiones del Gobierno (impuestos a los beneficios extraordinarios de los bancos, subida de las pensiones, del Salario Mínimo o incluso los ERTE) y las recomendaciones del Banco de España han chocado por la tendencia de la institución a proteger los beneficios empresariales, alertar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas o cuestionar medidas diseñadas para salvaguardar las rentas de trabajadores y pensionistas.

La comisión ejecutiva y el consejo de gobierno

Junto a los seis consejeros, el consejo de gobierno lo completan Hernández de Cos y Delgado, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Montserrat Martínez.

La comisión ejecutiva del Banco del Banco de España “instrumenta la política monetaria; resuelve sobre las autorizaciones administrativas que debe conceder la institución; formula a las entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos; y acuerda medidas de intervención y sustitución de administradores”.

Por su parte, el consejo de gobierno aprueba “las directrices generales de actuación de la institución, sobre la política monetaria, cuya aplicación supervisa; sobre las circulares; sobre las propuestas de sanción que debe elevar al Ministerio, e impone aquellas que son de su competencia; y sobre los acuerdos que no sean competencias exclusivas de la comisión ejecutiva”.

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