El sesgo ideológico conservador de las propuestas del Banco de España

A principios de noviembre, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, visitó Madrid y compartió comparecencias y entrevistas con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En una de esas citas conjuntas, el alemán defendió el histórico plan de choque de 200.000 millones de euros que ha movilizado el Gobierno de su país para aliviar el daño de la inflación. Incluso quitó peso a su impacto en el déficit [el desequilibrio del presupuesto público]: “No esperamos que varíe mucho. Se distribuyen en varios años. Y los ingresos tributarios son sustanciales”. Inmediatamente después, el español puso muchos más inconvenientes a aumentar el gasto público: “Es de vital importancia que haya coherencia con la política monetaria”.

Hernández de Cos evidenció en sus declaraciones más preocupación por el tamaño y la forma de los estímulos que el máximo representante del bastión de la ortodoxia económica en la eurozona. En definitiva, su posición puso sobre la mesa la carga ideológica que destila la institución española, próxima a los postulados económicos que pregonan las formaciones políticas conservadoras. Y eso que la UE atraviesa una crisis energética y de precios que está infligiendo un golpe histórico al poder adquisitivo de las familias, especialmente al de las más vulnerables.

Una situación que supone un reto mayor en España, donde los trabajadores han sufrido más en los últimos años, según constató recientemente la OCDE. La Organización internacional lo reflejó con la comparación de la evolución de la renta real de las familias y el PIB per cápita en las principales economías europeas.

Incide en la misma posición ideológica que el principal argumento del gobernador en la entrevista que concedió junto a Nagel fue el apoyo a la subida de los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE). Una estrategia que obvia que el encarecimiento de la financiación (hipotecas y préstamos) no puede intervenir en los cortes de suministro del gas ruso o en la producción de petróleo de las dictaduras de Oriente Medio. Al menos, hasta que no ahogue por completo a familias y empresas. Tras provocar una recesión “severa y prolongada”, como advirtió este misma semana Fabio Panetta, el representante italiano en el Comité Ejecutivo de la institución.

Algunas de las recomendaciones y recetas del Banco de España durante los últimos meses han insistido en este pensamiento económico ortodoxo, centrado en proteger los beneficios empresariales, alertar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas o cuestionar medidas diseñadas para salvaguardar las rentas de trabajadores y pensionistas.

En contra del impuesto a la banca

La última prescripción en esta línea ha estado relacionada con el impuesto extraordinario a la banca, propuesto por el Gobierno y que se encuentra en fase de aprobación parlamentaria. Sobre este gravamen, el BCE emitió un informe consultivo en su contra. Por “el impacto específico sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos”, señala el documento. 

Un texto al que el Banco de España se ha adherido, pese a admitir que el impuesto representará apenas un 5% del beneficio de los bancos. Las entidades financieras están consiguiendo ganancias excepcionales por las subidas de tipos. Distintos economistas han ironizado sobre el silencio de la institución que gobierna Hernández de Cos sobre el reparto de dividendos y las recompras de acciones que afronta el sector, pese a suponer una salida mucho mayor de dinero.

Pacto de rentas

Otro posicionamiento alineado con las empresas que ha adoptado recientemente ha sido su divulgación del pacto de rentas. El Banco de España defendió desde el inicio de la crisis de inflación la necesidad de repartir el daño. Durante todos estos meses ha insistido en la moderación de las subidas de los salarios para evitar “los efectos de segunda ronda”, que presuponen una espiral empobrecedora en la que los sueldos persiguen a los precios. Desde la institución monetaria siempre se ha hecho una defensa de la moderación salarial, pero en otros tiempos sin alta inflación, el argumento esgrimido por el Banco de España era que la contención de los sueldos ayudarían a ganar competitividad y que la evolución salarial en nuestro país debería estar vinculada a la evolución específica de las empresas y a la productividad de los trabajadores.

Un tiempo en el que la institución nunca ha enfatizado el peligro del crecimiento de los beneficios empresariales, aunque sus propios informes de resultados de las compañías de nuestro país han apuntado a mayores ganancias en general en los últimos trimestres, y en concreto de las compañías energéticas y de la banca. Con importantes mejoras de los márgenes (la capacidad de convertir en beneficios los ingresos), en distintos sectores, lo que refleja el traslado del aumento de los costes a los precios finales.

“La respuesta de los salarios al repunte inflacionista ha sido, hasta la fecha, moderada. De cara al futuro, se considera que esta respuesta continuará siendo relativamente contenida, lo que evitará que se desencadenen fenómenos de retroalimentación entre los crecimientos de los salarios y los de los precios finales”, reconocía el informe de previsiones económicas de octubre. Un documento en el que no se mencionan ni la evolución de los beneficios empresariales, ni de los márgenes.

Antes, incluso ha dedicado un par de informes a cuestiones tan concretas como al “[...] impacto de la inflación sobre la negociación colectiva en 2022” o “Un análisis del contenido de las cláusulas de salvaguarda firmadas recientemente”. En el primero, afirmó, de nuevo, que “en la medida en que los salarios reaccionen de forma significativa a dicho repunte [de la inflación], esta se extenderá previsiblemente durante un horizonte temporal más amplio, puesto que aumentarán las posibilidades de que el incremento de los precios energéticos, principal factor existente detrás del episodio inflacionista actual, se filtre al resto de los precios y de los costes de la economía”. Y omitió cualquier referencia a márgenes o ganancias empresariales.

Pensiones

En su defensa particular del pacto de rentas, también desde un principio pidió que se incluyera en el reparto del daño de la inflación a pensionistas y funcionarios. En concreto, Hernández de Cos aconsejó en el Congreso de los Diputados que las pensiones no se debían actualizar en 2023 según el IPC (Índice de Precios de Consumo), pese a estar así establecido en la última reforma de 2021. También que los sueldos de los trabajadores públicos tenían que subir por debajo de este indicador, que terminará el año cerca del 8%. El Gobierno ignoró la primera recomendación.

Hace dos años, el Gobernador del Banco de España también criticó que en los Presupuestos se recogieran  los incrementos del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. A pesar de la exigua subida, Hernández de Cos sostuvo que no consideraba adecuados estos incrementos en un contexto de “fragilidad de la economía” y, en concreto, sobre el alza salarial de funcionarios abogó por que se focalizaran solo en determinados colectivos, como “el personal sanitario”.

“El Banco de España se dedica permanentemente a plantear alternativas de qué es lo que tiene que hacer este país en cuestiones de fuerte confrontación y de compromisos muy importantes en el ámbito político y de los interlocutores sociales y desde CCOO decimos que el acuerdo de pensiones se tiene que cumplir”, aseveraron en mayo desde este sindicato.

Para las empresas, las propuestas del gobernador no han sido nunca tan concretas. Ni ha mencionado límites de precios, ni ninguna otra medida respecto al control de las ganancias de las compañías. Por otro lado, también ha descartado bajadas de impuestos.

La posición del Banco de España sobre las pensiones viene levantando polémicas desde hace años. Desde antes de la crisis de inflación, y tras la eliminación del factor de sostenibilidad, su discurso ha insistido en alertar del aumento del gasto y en la amenaza de un incremento de la deuda pública respecto al PIB (Producto interior bruto). Con propuestas como alargar la edad de jubilación o invertir en planes de pensiones, y reducir el coste fiscal de estos productos financieros.

“Los dos elementos centrales de contención del gasto en pensiones establecidos en la reforma de 2013 [el factor de sostenibilidad nunca se llegó a aplicar] se han derogado recientemente”, lamentó la institución en su Informe Anual de 2021. “Dichos elementos permitían aliviar de forma significativa la situación financiera del sistema de pensiones, si bien a costa de una notable reducción de la cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio”, reconoció en el mismo texto.

“El ahorro privado puede desempeñar un papel relevante como complemento de las prestaciones ofrecidas por el sistema público de reparto”, recalcó. “Un trabajo reciente del Banco de España sugiere que realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo puede ser un instrumento útil para generar nuevo ahorro destinado a la jubilación”, añadió.

La mochila austriaca

En el Informe Anual de 2020, el Banco de España exploró otro terreno controvertido: el abaratamiento del despido. El equipo de economistas de la institución realizó una propuesta sobre “un modelo basado en la acumulación de derechos en fondos individuales de los trabajadores”. En definitiva, una “mochila austriaca”, cuya implantación venían defendiendo los partidos de derechas en los años anteriores.

“Una de las posibilidades que se han considerado para corregir estas deficiencias [dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales según su análisis de entonces], tanto en la literatura académica como en el debate público, es la acumulación de un fondo individual a lo largo de la vida laboral”, explicó.

“Bajo este sistema, las empresas contribuyen todos los meses a un fondo a nombre del trabajador, que este puede recuperar cuando se produce una pérdida involuntaria del empleo —ya sea como consecuencia de un despido o de la finalización del contrato—. En caso de baja voluntaria, el trabajador no pierde el importe acumulado en el fondo y puede seguir ampliando su cuantía con aportaciones de otros empleadores”, detalló.

“Si no lo ha recuperado antes, el trabajador puede disponer del volumen total de recursos acumulado en este fondo en el momento de la jubilación. Como contrapartida a las contribuciones mensuales de las empresas a los fondos individuales de sus trabajadores, en este sistema, la indemnización que las empresas tendrían que pagar en el momento preciso de producirse un despido se reduce”, concluyó.

Los sindicatos reaccionaron con contundencia al considerar que el Banco de España intentó “resucitar la vieja y caduca” medida de la mochila austriaca con el objetivo de abaratar los costes del despido en España. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, denunció la “insolvencia permanente que muestra esta institución al irrumpir como elefante en cacharrería” en el debate sobre la modernización del mercado laboral, “siempre con las mismas tesis”.

La polémica del SMI

También en 2021, el Banco de España levantó una fuerte polémica con un informe sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según los cálculos de la institución, ralentizó la creación de empleo. Y esta conclusión reforzó las quejas de las empresas.

El documento “presenta, desde mi punto de vista, algunas decisiones metodológicas que ofrecen dudas sobre su capacidad para explicar los efectos globales de una subida del SMI”, alertó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Su crítica fue una de las muchas que surgieron de instituciones y expertos progresistas.

En apoyo al argumento de la consideración “de la equidad”, que esgrimió Nacho Álvarez en su defensa del aumento del SMI, los hogares que viven con menos de 1.000 euros al mes cayeron por debajo del 15% en 2021 por primera vez, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto nacional de estadística (INE), que se realiza desde 2006.

En los últimos meses, también se ha remarcado la relevancia del SMI para proteger a los más vulnerables del daño de la inflación. Y el Gobierno se han comprometido a cumplir con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio.

Consolidación fiscal

El déficit siempre ha sido una de las principales preocupaciones del Banco de España. En reiteradas ocasiones, Hernández de Cos ha pedido al Gobierno que ponga en marcha una “estrategia de consolidación fiscal” con vistas, sobre todo, a reducir el déficit estructural. En la última comparecencia en el Congreso para dar su posición sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el gobernador advirtió del riesgo de que una mayor recaudación se convierta en gasto estructural y llegó a pedir que las políticas fiscales tuvieran fecha de caducidad. A pesar del récord de ingresos públicos debido a la buena marcha de la economía, advirtió de que una parte del incremento del gasto público se está convirtiendo en estructural, por lo que se podía poner en riesgo la consolidación fiscal. 

Ahora bien, a Hernández de Cos no le gustan las subidas de impuestos aunque se dediquen a reducir el déficit. De hecho, en 2021, antes de la guerra, el Banco de España alertaba en un informe de que la expectativa de subida de impuestos podría tener un efecto disuasorio en el gasto del ahorro embalsado por las familias durante la pandemia. En noviembre de 2020, cuando la economía española cogía velocidad tras los confinamientos, Hernández de Cos lanzó dudas sobre nuevos tributos como la tasa Google o el impuesto a las transacciones financieras y recalcaba que aunque había “riesgos a la baja” no era aconsejable “un aumento generalizado de la presión fiscal”. Aunque entonces España estuviera muy lejos de la media de la Unión Europea en presión fiscal.