El Gobierno le dice a Bruselas que la crisis catalana recortará tres décimas de crecimiento en 2018
Al filo de la medianoche y casi fuera de plazo. España ha remitido a Bruselas el conocido como borrador o proyecto de cuentas públicas para 2018. Ante la imposibilidad de redactar unos presupuestos que contaran con los mínimos apoyos necesarios para salir airosos en el debate parlamentario, el Ejecutivo ha tenido que remitir a Bruselas para su examen unas cuentas prorrogadas, esto es, con las mismos ingresos y gastos que aprobó para 2017. Sin embargo, el Ejecutivo le salen las cuentas y dice que cumplirá prácticamente en 2018 con el objetivo puesto por Bruselas (2,2%) gracias a que los ingresos van mejor de lo esperado y la economía sigue creciendo.
Así, descuenta que este año que acaba culminará con un objetivo de déficit del 3,1%, en línea con las demandas realizadas por Bruselas, y que en 2018 bajará al 2,3% gracias a la “mejora cíclica de la economía”. Esto es, como el PIB seguirá creciendo aunque el desfase entre ingresos y gastos seas similar el tamaño del agujero será menor que el de este año.
En este sentido, el Ejecutivo espera que la economía crezca en 2017 un 3,1% (coincide la cifra con el agujero del déficit pero no tiene nada que ver), y en 2018 se desacelere hasta un 2,3%. Esta aminoración vendrá sobre todo por una rebaja en el empuje del consumo privado y en general de la demanda interna.
Aunque la mayoría de los analistas ya apuntaban a que se daría esta desaceleración, el informe incluye el factor de incertidumbre política de Catalunya como un elemento a la baja para el crecimiento económico. Según el Gobierno, habrá una “ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña y de la ausencia de un instrumento básico de política económica como son los Presupuestos Generales del Estado”. Hasta cuatro veces el Ejecutivo cita la situación de incertidumbre en Catalunya para hablar de “prudencia” en estas previsiones. El recorte catalán se lleva por delante tres décimas del crecimiento previsto inicialmente por el Ejecutivo, que situaba el avance de 2018 en un 2,6%. Otros organismos como el FMI esperan para España un crecimiento del 2,5%.
En cuanto al déficit, el mayor roto lo seguirán generando los próximos años las cuentas de la Seguridad Social hasta el punto de que la mitad del déficit del Estado el año que viene se deberá al desfase en los ingresos y gastos de este organismo.
En el escenario de políticas constantes, el Gobierno espera mejorar los ingresos fiscales y de la Seguridad Social gracias a mejoras normativas de 2017 y a la buena marcha de la economía. Llama la atención que la decisión de subir el salario mínimo interprofesional es una de las iniciativas que el Gobierno dice que le han ayudado a coser el agujero de la Seguridad Social.
Por el contrario, augura una reducción del gasto público ya que se congelerán los sueldos de los funcionarios y no habrá otras medidas expansivas.
La prórroga presupuestaria parece inevitable
La prórroga de los presupuestos de 2017 durante el ejercicio de 2018, al menos durante los primeros meses, parece inevitable. Según los plazos legales establecidos, el proyecto en principio debería haber entrado en el Congreso antes del 30 de septiembre, algo que no ocurrió dada la convicción del Gobierno de que sería imposible aprobar el texto, en pleno desafío catalán. Y eso a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso mostrarse optimista en los corrillos con periodistas hasta casi el día antes de tener que cancelar la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros.
El PNV, socio del PP en el anterior trámite presupuestario, ha dejado claro que con el actual panorama en Catalunya no podría justificar ante su electorado un nuevo apoyo. Entre las concesiones que obtuvieron los nacionalistas vascos en la negociación de los presupuestos de 2017, que se produjo la pasada primavera, destacan la devolución de 1.400 millones del Estado a Euskadi en concepto de atrasos desde 2007 por el Cupo, que es la cantidad negociada con el Estado que debe pagar el País Vasco por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad entre autonomías. Además, se comprometieron inversiones en infraestructuras, entre ellas la ferroviaria de la “Y vasca” por unos 3.000 millones de euros. No obstante, parece que quedan flecos abiertos, ya que el PNV se dispone a preguntar este miércoles en el Congreso al ministro de Hacienda por qué sigue sin ratificarse en las Cortes el acuerdo entre el Gobierno central y vasco sobre una nueva Ley del Cupo.
Según algunos analistas, los peneuvistas podrían aguardar a que las aguas estuvieran más calmadas el año próximo para plantearse volver a votar con el Gobierno. Ya en 2017 los presupuestos se aprobaron entrado el ejercicio debido a la incertidumbre con la que afrontaba el Gobierno este trámite, sin mayoría absoluta.
Y la opción de que el PSOE, de la mano del Gobierno en los aspectos más cruciales de la crisis catalana, pueda ampliar este escenario de colaboración a la aprobación de los presupuestos de 2018 queda descartada. Fuentes del PSOE afirman que “en absoluto” está sobre la mesa la posibilidad de facilitar que se aprueben los presupuestos del año que viene.
De este modo, el PP se queda sólo con el apoyo de Ciudadanos, además de otros socios minoritarios como los nacionalistas canarios, claramente insuficientes para sacar adelante las cuentas de 2018.
Si finalmente siguen vigentes los presupuestos de 2017 con una prórroga, hay una serie de medidas que iban a entrar en vigor este ejercicio, con un tono aparentemente más expansivo, que por el momento se quedarían en el tintero, entre ellas la rebaja fiscal pactada con Ciudadanos, la subida salarial de los funcionarios, y la convocatoria de miles de plazas de empleo público.
