Defensa dispara su presupuesto un 32% por el gasto en armanento

Si el gasto del Estado baja... ¿Cómo es que cuando han presentado los Presupuestos parece que todo sube?

Hacienda ha hecho varios enjuagues a las cuentas públicas de este año para disimular lo que es en realidad un año más de recortes y de abrocharse el cinturón. Que el techo de gasto era menor que el de 2016 era algo que ya se sabía (obligados por Bruselas cansados de los incumplimientos). Pero, además, teniendo menos se ha tenido que repartir entre más porque los primeros presupuestos con minoría parlamentaria están cargados de concesiones a partidos nacionalistas. Entonces, ¿cómo cuadran las cuentas?

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El Gobierno ha decidido recortar por primera vez el presupuesto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que echó a andar a finales de 2014 y que en los últimos meses se ha enfrentado al Ministerio de Hacienda (del que depende orgánicamente) por asuntos como la publicación de los beneficiarios de la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro en 2012. El proyecto de Presupuestos contempla un recorte de la partida para este organismo del 1,7% con respecto a 2016, hasta 2,92 millones de euros. Para los gastos de personal del CTBG se destinan 1,36 millones; para gastos corrientes en bienes y servicios, 1,26 millones; y para inversiones reales, 210.000 euros.

El Pleno del Congreso celebrará tras el puente de mayo el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, primer examen parlamentario, y las enmiendas de devolución se votarán el día 4 de mayo, según el calendario aprobado por la Mesa del Congreso.

El proyecto del Gobierno será publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y a las 14 horas de ese día expira el plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el fin de explicar las cuentas.

Eso sí, las comparecencias no tendrán lugar hasta después de Semana Santa. Concretamente se reservan para la semana del 24 al 28 de abril. Ahí será el momento para que los grupos parlamentarios decidan si presentan o no enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto. El plazo para registrarlas acabará el 28 de abril a las 14 horas.

Tras un recorte acumulado de más del 70% desde 2011, la mermada política de cooperación al desarrollo continúa sin recibir una subida presupuestaria que le permita resurgir. El presupuesto destinado a esta partida dentro del Ministerio de Exteriores desciende un 0.99%, quedándose con 512,58 millones. Aunque el dinero público derivado a la Agencia Estatal de Cooperación sube, la bajada general está motivada sobre todo por el recorte aplicado a un criticado mecanismo empleado por el Gobierno para canalizar la cooperación al desarrollo, el FONPRODE.

Por su parte, después de un recorte acumulado situado también en torno al 70%, la debilitada Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) recibirá un 12,5% más de presupuesto, obteniendo 284,43 millones de euros, frente a los 252,75 millones inyectados en 2016.En el ámbito del Ministerio de Exteriores, la cooperación al desarrollo cuenta con dos instrumentos presupuestarios más además de la AECID.

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El Gobierno dotará en 2017 con casi 261 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que supone un aumento del 8,3 % respecto al pasado año, y reducirá en 335.000 euros los fondos reservados destinados al Ministerio del Interior, mientras que se mantienen los de Exteriores y Defensa. Así figura en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el Gobierno ha enviado hoy al Parlamento.

El CNI, que sigue dependiendo de la Vicepresidencia del Gobierno, tiene un presupuesto de 260,96 millones, un 8,3 % superior a los 240,98 millones con los que contó en 2016. La mayor parte del presupuesto del CNI se destina a gastos de personal, que suman 178,95 millones de euros.

Los gastos corrientes en bienes y servicios se dotan con 50,42 millones de euros y se fija en 31 millones la partida destinada a inversiones reales. Por otra parte, el Gobierno ha previsto una partida total de 7.061.120 euros para gastos reservados, cifra que desciende un 4,9 por ciento respecto a los presupuestos de 2016.

La reducción afecta a los fondos que maneja el Ministerio del Interior, que dispondrá el próximo ejercicio de 6.374.810 euros en fondos reservados, frente a los 6.709.610 euros de 2016. El Ministerio de Defensa vuelve a contar con medio millón de euros para este tipo de gastos, y el de Exteriores tendrá de nuevo este año 186.310 euros.

“Los presupuestos van a contar con el rechazo frontal del PSOE”, ha asegurado el portavoz de la gestora, Mario Jiménez. “Estos presupuestos son una oportunidad perdida para España”, ha expresado en una intervención ante el grupo parlamentario socialista: “De Rajoy no esperamos nada ni bueno ni nuevo. Se ha vuelto a superar”.

“Sus cuentas perjudican directamente a más 12 millones de personas (pensionistas, funcionarios... ),ha criticado Jiménez, que ha lamentado que 2017 será el año ”de la austeridad mal entendida“. ”Solo así se puede entender que previendo un 7% más de ingresos se reduzca obscenamente el dinero para políticas sociales“, ha señalado. Así, el socialista ha asegurado que las cuentas son ”papel mojado“ para la mejora de la situación española. 

“Los socialistas vamos a presentar una enmienda a la totalidad que entendemos está plenamente justificada”, ha dicho Jiménez, para quien la congelación de las pensiones que afectan a nueve millones de personas y otras partidas de los presupuestos respaldan su rechazo. Jiménez ha censurado que se trate de unas “presupuestos falseados”, que reducen la inversión en infreaestructuras, que bajan los impuestos a los “que más tienen” en detrimento de los que “más lo necesitan”...

“Se han hecho en contra de los intereses de la mayoría social”, ha concluido el portavoz de la gestora. 

Dirigentes de Unidos Podemos han secundado el rechazo de la coalición a los Presupuestos Generales a través del hastag en Twitter #soncuentosnocuentas.

Canarias es la única Comunidad Autónoma para la que el proyecto de Presupuestos prevé un incremento de las inversiones en infraestructuras, con un repunte del 2,5% de la inversión real, hasta 270,28 millones de euros. Si se exceptúa la ciudad autónoma de Melilla, donde también aumenta la inversión (un 15,2%, hasta 32,21 millones), Canarias va a contracorriente del resto. Se trata de la región de influencia de Pedro Quevedo, el diputado de Nuevas Canarias que se presentó a las elecciones con el PSOE y cuyo voto se presume clave para sacar adelante estos PGE. Pese a las promesas de Mariano Rajoy, la inversión en infraestructuras en Catalunya retrocede un 2,7%, hasta 1.149 millones, un recorte que está muy por debajo del que experimenta la inversión real regionalizable del conjunto de autonomías, que es del 22,7%, hasta 8.597,43 millones. Las comunidades que sufren un mayor recorte son Andalucía (36,6%), Galicia (32,4%), Castilla y León (31,9%) y Asturias (31,6%).

Tras un recorte acumulado de más del 70% desde 2012, la mermada política de cooperación al desarrollo continúa sin recibir una subida presupuestaria que le permita resurgir. El presupuesto destinado a esta partida dentro del Ministerio de Exteriores desciende un 0.99%, quedándose con 512,58 millones. Aunque el dinero publico derivado a la Agencia Estatal de Cooperación sube, la bajada general está motivada sobre todo por el recorte aplicado a un criticado mecanismo empleado por el Gobierno para canalizar la cooperación al desarrollo, el FONPRODE.

Por su parte, tras años de recortes, la debilitada Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) recibirá un 12,5% más de presupuesto, obteniendo 284,43 millones de euros, frente a los 252,75 millones inyectados en 2016.

En el ámbito del Ministerio de Exteriores, la cooperación al desarrollo cuenta con dos instrumentos presupuestarios más además de la AECID. Se trata de dos activos financieros, créditos o préstamos concedidos por el Estado a empresas públicas o privadas en países empobrecidos. Estos están gestionados a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, cuya inversión se mantiene en los 15 millones de euros, y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONRPODE), que ha experimentado una caída del 15,3% con respecto al año anterior, quedándose en 199,230 millones de euros, frente a los 235 de 2016.

Esta última herramienta para canalizar los presupuestos de la cooperación al desarrollo, el FONPRODE, que acumulaba las críticas de ONG durante años, fue cuestionado en 2016 en un informe del Tribunal de Cuentas que constataba que parte de ese dinero público se transfiere a los países empobrecidos a través de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales.

Los fabricantes de monturas han conseguido su objetivo: el proyecto de presupuestos incluye que tributarán al 10% de IVA, al igual que los cristales graduados. Alcanzan así su objetivo de que no se subiera este concepto al 21%, como había establecido la dirección general de tributos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha traído los Presupuestos Generales del Estado para 2017 al Congreso de los Diputados, los primeros que deberá a sacar adelante en minoría el PP de Mariano Rajoy. Por eso Montoro ha dejado claro que corresponsabiliza a los grupos políticos de aprobar unas cuentas que a su juicio “afianzan el crecimiento económico y la creación de empleo, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

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El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 prevé una subida del 1% del indicador público de rentas múltiples (Iprem), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o subsidios. Este indicador permanecía congelado desde 2010 en 532,51 euros. La subida está en línea con el incremento de un 1% de los salarios de los empleados públicos. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado que esta subida del Iprem es “todavía más social” que el resto de los Presupuestos porque permitirá actualizar las rentas del plan Prepara, la renta activa de inserción, de invalidez o a favor de la familia.

Al observar la curva de la felicidad del cine, vemos que el sector se recupera otro año con una dotación de 85 millones de euros, 10 millones más que el año pasado. Es la cantidad más alta desde 2012, cuando los PGE comenzaron a castigar al cine español con los recortes.

La gran subida se recoge en el Fondo de protección a la Cinematografía, una partida dedicada a las subvenciones de futuros proyectos. El Ministerio compensa así la congelación del IVA cultural del cine, que se mantiene en el 21% mientras que los espectáculos en directo bajan hasta el 10%. Los festivales tampoco presentan grandes cambios, excepto uno. La dotación del festival de San Sebastián vuelve a caer un 3% hasta el millón de euros. No es un gran recorte (30.000 euros), pero lo suficiente para seguir a la cola en presupuesto de las grandes citas del cine europeo.

El proyecto de Presupuestos prevé que la recaudación por el Impuesto de Electricidad se dispare este año un 11,5% con respecto a 2016, hasta 1.438 millones de euros. Ese fuerte incremento se explica por la subida de precio que ha experimentado este año la electricidad que, según dijo el Gobierno a principios de año, podría suponer 100 euros más por consumidor cuando acabe 2017. En 2016, el Estado esperaba ingresar por este tributo 1.464 millones, pero la recaudación efectiva se desplomó finalmente hasta los 1.290 millones. La abundancia de lluvia y viento en el primer semestre de ese ejercicio hizo que los precios finales de la electricidad se hundieran. Este impuesto, que se paga aparte del IVA (con el tipo máximo del 21%), grava con un 5,11% la potencia y la energía facturada de cada consumidor. Fue creado por el Gobierno de José María Aznar en 1998 para subvencionar al carbón y se mantiene desde entonces.

Los presupuestos para el área de Investigación, Desarrollo e Innovación siguen la misma línea que los últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, en los que se mezclan tímidas subidas con recortes en los recursos destinados directamente a proyectos de investigación.

El presupuesto de este año para I+D+i  propone una subida de un 4,1% respecto a 2016, para situarse en un total de 6.028 millones de euros. Sin embargo, esta subida se ha visto empañada por el recorte de un 2,6% de los recursos no financieros, que son aquellos de los que dependen los proyectos de investigación desarrollados en las instituciones públicas. 

Por contra, los recursos financieros, esencialmente préstamos y créditos, han sufrido una subida del 9’2% y ahora suponen un 60% de la inversión total en I+D+i. Según los informes de la Confederación de Sociedades Científicas publicados en los últimos años, este tipo de recursos apenas son utilizados y en torno al 40% del presupuesto no llega a ser invertido y vuelve a las arcas del estado.

El mayor cambio en el presupuesto de este año se debe a la creación de la Agencia Estatal de Investigación. La dotación de presupuesto para esta agencia, en la que se han integrado los créditos procedentes de otros programas de investigación, ha provocado que el resto de los programas hayan sufrido pequeños recortes. 

En este sentido, destacan los recortes en los programas de investigación científica e investigación sanitaria, con reducciones de un 1,9% y 0,8% por ciento respectivamente. También se ha producido un pequeño recorte en el principal órgano de investigación del país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que verá reducido su presupuesto en un 0,9%.

Con todo, el sistema de I+D español sigue lejos de los casi 8.000 millones de euros que se presupuestaron en el año 2010 para investigación civil, pico histórico en los presupuestos dedicados a ciencia, y el PP sigue manteniendo la financiación de la ciencia española en niveles de hace una década.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado un “no rotundo” a las cuentas presentadas por el Gobierno. “Con las subidas en el ministerio de Defensa o en la Casa Real y el recorte de 5.000 millones, los valencianos tendremos peor financiación que el año pasado”, ha declarado.

Baldoví ha recordado que las cuentas no cumplen con el criterio que tiene en cuenta la población a la hora del reparto de las partidas presupuestarias, aprobado en el Parlamento valenciano. Si se hubiera seguido este criterio el montante para la Comunidad Valencia tendría que haber aumentado un 11%.