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Un juez obliga a CatalunyaCaixa a readmitir o indemnizar con 600.000 euros a los exdirigentes Todó y Masana

Ambos directivos fueron despedidos sin derecho a indemnización en 2013. El FROB, propietario de la entidad, alegó que ambos habían incumplido con sus funciones de gestión

El ministro De Guindos ha anunciado que recurrirán la sentencia, en la que el juez afirma que no queda probado que Adolf Todó y Jaume Masana incumplieran sus funciones

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Un juez fija 1,2 millones de euros de indemnización para Todó y Masana por su despido de CatalunyaCaixa

Adolf Todó, en una comparecencia parlamentaria.

Una sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona establece que el expresidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, y el exconsejero delegado Jaume Masana deben ser readmitidos en sus cargos o bien ser indemnizados con 600.000 euros cada uno por despido improcedente.

Todó y Masana fueron despedidos sin derecho a indemnización en 2013 por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que se hizo cargo de Catalunya Caixa, tras cinco años de gestión de la entidad financiera y de recibir miles de millones de euros para rescatarla.

El titular del Juzgado de lo Social número ocho de Barcelona, Francisco Leal, estima así parcialmente la demanda promovida por los dos exdirectivos que denunciaron que se trataba de un caso de despido improcedente. En ambos casos, la readmisión es improbable, sobre todo con Masana, fichado en junio por CaixaBank.

La sentencia no es en firme, y el Estado ya ha anunciado que la recurrirá. En su momento, el FROB consideró que el despido era procedente alegando mala gestión de los afectados. Pero juez apunta en la sentencia que no queda probado que ambos directivos incurrieran en incumplimientos o dejación en sus funciones.

El FROB les acusó de una actitud de "enfrentamiento reiterado a las decisiones, criterios y estrategias adoptadas en el banco" por parte del máximo accionista ya en 2012 y 2013, que era el propio FROB. Tachó su comportamiento de "oposición interna", de generar un "clima de enfrentamiento" y de "eludir" y "excusarse" de cualquier responsabilidad en la gestión de su última etapa en la entidad, ya nacionalizada.

Además, el titular de la entidad culpaba a ambos directivos de la "paralización de la gestión", lo que supone "una flagrante dejación de sus responsabilidades y funciones".

Pero el titular del juzgado considera que la entidad no ha propuesto pruebas periciales que acrediten tales acusaciones. Entre otras cuestiones, no cree que quede clara su dejadez en la negociación con los representantes de los trabajadores o el encargo de un informe innecesario por 375.000 euros.

De Guindos anuncia un recurso

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este lunes un recurso contra la sentencia que favorece a   Todó y Masana. Guindos ha resaltado que el Gobierno ha inyectado en Catalunya Caixa casi 12.000 millones de euros de los contribuyentes españoles, con lo que que su prioridad es "recuperar lo máximo posible" de este dinero.

"El FROB y la entidad lógicamente acatan todas las sentencias, pero se va a apelar a la instancia superior porque se considera que el planteamiento que habían hecho la entidad y el FROB era el correcto", ha dicho el ministro de Economía a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

Las sentencias, ha proseguido Guindos, "a veces se comparten y otras veces no se comparten y por lo tanto cuando uno apela es porque tiene un planteamiento que no es del todo acorde" con el contenido del fallo.

Imputados por adjudicarse sobresueldos

El caso de los despidos no está relacionado con otro que afecta a toda la cúpula de CatalunyaCaixa en 2010, dentro de la cual se encontraban Todó y Masana, además del presidente Narcís Serra y otros 50 directivos. Todos ellos están imputados por los sobresueldos que se adjudicaron cuando la entidad estaba ya en situación crítica.

El juez Josep Maria Pujan, que fue el encargado de investigar el caso Palau, les imputó por un presunto delito de administración desleal, y tuvieron que declarar durante los pasados meses de octubre y noviembre. Entonces Serra declaró ante el magistrado que los sueldos se ajustaban a los precios de mercado.

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