El silencio de los caseros y la presión al PP y a Junts marcan la cuenta atrás para enviar el burofax de la prórroga al alquiler

Una carta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a Alberto Núñez Feijóo, y otra a los grandes caseros de España para que acepten la prórroga; una protesta el domingo convocada por el Sindicato de Inquilinos en la sede del PP y un estudio que demuestra que los votantes de derechas también están a favor de la prórroga. Sumar y los representantes de inquilinos siguen apretando a la derecha para que este martes 28 vote a favor de convalidar el decreto que obliga a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subida de precios más allá del 2% a los inquilinos por los próximos dos años. No obstante, la izquierda parlamentaria tiene pocas esperanzas de poder atraer en el último momento a Junts, verdadera clave de bóveda de la votación, puesto que los independentistas han confirmado públicamente que su idea es votar en contra del decreto junto a PP y Vox —de nuevo—. Mientras tanto, miles de inquilinos han enviado ya el burofax que debe garantizarles la prórroga y se han encontrado con distintas respuestas: el acuerdo amistoso, el enfado o el más desconcertante: el silencio.

Es el caso de César, inquilino de uno de los pisos de Madrid, en el barrio de Carabanchel, antes protegidos que Ana Botella vendió a Blackstone, que ahora los está vendiendo a Brookfield. Su contrato de alquiler vence en junio y lleva viviendo allí desde hace 20 años, primero con protección oficial y después con casero privado junto a una subida del alquiler del 100% en este periodo, de los 530 euros a los 1.050 que paga ahora. “En cuanto salió el decreto, me acogí a la prórroga y envié el burofax para solicitar la prórroga, pero no he recibido respuesta”, explica César, que reconoce que está “más tranquilo” desde que lo hizo. “Antes, dormía mal por no saber si me iban a echar”, dice.

El decreto, aprobado a finales de marzo en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, va a votación el martes en el Congreso, pero no cuenta con el apoyo de ningún partido de derechas (ni Junts, ni PP, ni Vox) y, por tanto, es muy probable que caiga. La mayoría de abogados, como el Sindicato de Inquilinos y el Ministerio de Consumo, defienden que, aunque el decreto sea derribado, las prórrogas serán efectivas para quienes lo hayan solicitado antes de la votación. La patronal inmobiliaria y los caseros, sin embargo, no lo tienen tan claro y algunos apuntan a la judicialización de los casos.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Montserrat Junyent, asegura que “hay propietarios que están consultando qué efectos reales puede tener ese burofax, otros que prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación parlamentaria y jurídica, y también casos en los que ambas partes intentan hablar antes de adoptar decisiones”. Lo que no fija es una posición conjunta ante las peticiones: “No caben respuestas generales”. “Cada caso depende del momento contractual, de las comunicaciones previas entre las partes y de las circunstancias concretas de cada arrendamiento”, dice.

Desde el despacho de abogados Thomas de Carranza, que lleva a fondos inmobiliarios, defienden que los burofaxes que serán válidos serán aquellos referidos a contratos que vencieran antes del 28 de abril, y no a todas las comunicaciones de ese periodo. Mientras que, según Consumo, Sumar e Inquilinos, la fecha importante es la de activación del derecho, o sea, cuando se envía el burofax, parte de los propietarios opina que lo que vale es que la fecha de vencimiento del contrato sea previa a la votación si tumba el decreto.

Así lo opina también Eduard Soler, abogado del colectivo de pequeños propietarios Som Habitatge. “Recibimos consultas y comentarios de propietarios y la percepción es que esta situación generará más inseguridad jurídica, aboca a los propietarios y a los inquilinos a mayor conflictividad, más judicialización y pleitos y al final pierde todo el mundo”, dice. Asval, la patronal de fondos propietarios de viviendas de alquiler como Blackstone, se limitó a asegurar que el decreto “no aportará seguridad jurídica” y derivará en “conflictividad”, avanzando la judicialización de casos, según su presidenta

Tanto el despacho Thomas de Carranza como COAPI niegan que haya habido un gran aluvión de burofax. “Nuestra asesoría jurídica ha recibido un centenar de consultas sobre un total de 5.000 agentes inmobiliarios, no se está produciendo una reacción masiva ni uniforme, sino un escenario muy fragmentado”, comenta Junyent.

Esta realidad contrasta con la que ven los inquilinos. Desde el Sindicato aseguran que el modelo de burofax publicado en su web ha sido descargado por 11.000 personas desde que se aprobó el decreto y las visitas a la web se han disparado hasta por encima de las 500.000 en un mes, mucho más de lo habitual. “Hay quien se descarga este burofax, pero también quien puede consultar la información y descargarlo por otras fuentes”.

Entre los inquilinos, no cuesta encontrar todo tipo de experiencias. Desde gente que ha enviado el burofax después de una comunicación amistosa con el casero y le ha servido para cerrar la renovación (es el caso de Mariel, en Barcelona), como personas que lo han enviado y no han recibido respuesta alguna del casero, como algunos a los que les ha valido como forma de presión para que acepten la prórroga y también quienes lo han descartado para no tensar la relación con los caseros o para no levantar la liebre sobre una prórroga que se hace más larga y automática dos meses antes del vencimiento si no hay una comunicación oficial en los cuatro meses previos.

En el caso de Raquel, vecina de Zaragoza de 45 años, avisó al casero, con el que tiene buena relación, de que enviaría el burofax para extender un contrato que se le acababa el 1 de abril. “Se enfadó muchísimo, porque ya habíamos quedado en que me subía el alquiler 100 euros, de 650 a 750 euros, y me dijo que si quería acogerme a esto, dentro de dos años me subiría a 950 en vez de a 750. Con lo que yo preferí aceptar la subida de 750 euros, realmente es un buen precio como están las cosas en Zaragoza. Y conseguí que no me subiese durante el contrato más del 2% al año independientemente del IPC y que me pinte la casa, que falta le hacía”, relata Raquel.

Para Laura Martínez, inquilina de Camarena de un piso propiedad de un fondo de inversión, el burofax ha funcionado como herramienta de presión. “Después de más de 20 años viviendo en el piso, el fondo me había dicho que me fuera y no aceptaban los pagos. Ni siquiera aceptaban una subida de la renta que ella mismo les ofreció y una opción de tanteo para comprar el alquiler. ”Me devolvían los pagos del alquiler y envié el burofax, pero no me respondían. “Les envié otro correo diciéndoles que si no me daban un número de cuenta para hacer el pago iría al juzgado a consignarlo y al final me enviaron un enlace para pagarlo. Con este enlace están aceptando la prórroga”, asegura ya convencida de que podrá estar al menos dos años más en la vivienda.

Entre los silencios sin descifrar está también el del casero de Martina, profesora de 30 años que comparte piso en Madrid con dos amigos por el que pagan 1.300 euros. “Le enviamos un burofax y también le envié un mensaje avisándole de que se lo había enviado. No nos ha respondido. Normalmente, cuando no le gusta algo no nos responde”. En qué se convertirá este silencio y el de miles de caseros, si en aceptación tácita o denuncias ante la justicia, es la gran incógnita que se resolverá caso por caso, a falta de una respuesta clara o unificada de portavoces y abogados del sector inmobiliario.

Junts vuelve a hacer piña con PP y Vox pese a la presión de Sumar

Si el decreto tiene todas las papeletas para terminar siendo derribado este martes en el Congreso por la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts es porque no ha funcionado demasiado bien la presión sobre los populares y, especialmente, sobre los independentistas, que la semana pasada confirmaron que votarán en contra de la convalidación. Aunque el paquete de medidas fue aprobado por el Gobierno en pleno hace aproximadamente un mes, el PSOE dio por imposible desde el primer momento su aprobación y apenas ha hecho esfuerzos para intentar convencer a Junts o al PP para que, al menos, se abstuvieran.

Quien ha llevado la batuta de estas conversaciones ha sido Sumar, pero con muy poco éxito. Desde el primer momento, fueron los ministros del ala minoritaria del Ejecutivo —y particularmente el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy— los que más defendieron públicamente el decreto. Y los partidos que componen Sumar lanzaron una campaña conjunta con el elocuente nombre de Pide la prórroga, defiende la prórroga tanto para animar a los inquilinos a poner en marcha la medida estrella del paquete como para que el foco mediático no se apartara del decreto una vez aprobado este.

Simultáneamente al lanzamiento de esa campaña, Sumar anunció una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para intentar cosechar su apoyo a la medida. Pero de esta ronda poco más se supo, y el PP rechazó incluso reunirse con la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y tampoco respondió a la carta que le envió hace unos días el ministro Bustinduy al líder popular Alberto Núñez Feijóo para pedirle que “reconsidere” su negativa a convalidar el decreto. Sumar, por su parte, ha evitado repetidamente confirmar si ha tenido alguna reunión presencial con Junts y se ha limitado a asegurar que estaba manteniendo contactos con los independentistas.

Fuentes de la alianza liderada por Yolanda Díaz confirman, no obstante, que estas conversaciones quedaron totalmente bloqueadas después de que, la semana pasada, la propia Díaz calificara de “racista” y “clasista” el proyecto político de Junts. Hasta entonces tampoco se habían registrado grandes avances, pero estas fuentes explican que Sumar aún confiaba en poder ofrecer modificaciones que permitieran lograr una abstención de los de Carles Puigdemont, una posición que hubiera permitido que el decreto fuera convalidado en el Congreso por 172 votos a favor frente a 171 en contra. Sin embargo, las declaraciones de la vicepresidenta permitieron a los independentistas escenificar un gran enfado —que protagonizó el propio Puigdemont— y justificar su rechazo al decreto.

Las declaraciones de Díaz causaron malestar en algunos sectores de la alianza que todavía lidera, puesto que pusieron una piedra más en el camino de una negociación que ya estaba siendo muy complicada. En cualquier caso, que salvo sorpresa Junts vaya a votar —de nuevo— con PP y Vox a una iniciativa de vivienda planteada por el Gobierno no es una novedad, puesto que, en los últimos meses, los independentistas han tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Pese a ello, Junts es consciente de que la prórroga de los alquileres es una medida apoyada por la mayoría de los ciudadanos, también entre el electorado de los partidos de la derecha. Y, sabedores de que rechazar una medida popular siempre es complicado, la semana pasada los independentistas intentaron sacudirse la presión y poner el foco sobre el mal momento que atraviesa el Gobierno en las encuestas exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convocara elecciones anticipadas y acusándole de estar “rodeado” de corrupción.