Sumar recurre a la justicia el acceso reservado que ofreció Escrivá a lo que gana la banca por depositar en el Banco de España

Los tres diputados de Sumar que denunciaron al Banco de España en 2023 por no entregarles la información de las ganancias que reciben la banca por ‘aparcar’ su liquidez en el Eurosistema –lo que se conoce como “facilidad de depósito”– han recurrido a la justicia la decisión del gobernador José Luis Escrivá de ofrecerles un acceso reservado a información, después de que el Tribunal Supremo reconociera su derecho a esos datos, y piden que se les entregue “en el plazo máximo de cinco días”.

Así, han presentado un incidente de ejecución por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

La entidad resolvió dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que ponía a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

En el escrito presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago alegan que “la interpretación del Banco de España vacía el fallo de su contenido propio, porque sustituye la entrega por una exhibición controlada por la propia Administración que denegó la información y perdió el litigio”. El conflicto se retrotrae a 2023, cuando los tres diputados llevaron al supervisor ante la justicia por su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito.

Los diputados se comprometen a la confidencialidad

Así, subrayan que si el Tribunal Supremo –donde recurrieron en casación la decisión primera de la Audiencia Nacional– hubiese querido reconocer “únicamente un derecho de presencia física para examinar datos en una sala del Banco de España, lo habría dicho”. Y apuntan también que el conflicto no es entre dos instituciones (Banco de España y Congreso de los Diputados), sino entre el supervisor y los tres diputados denunciantes. Es por esto que la institución que preside Escrivá “no puede desplazar el centro de gravedad de la ejecución hacia una relación institucional con el Congreso ni convertir a un órgano ajeno al proceso en presupuesto de cumplimiento”.

En el recurso, los tres diputados se abren a “adoptar medidas razonables de confidencialidad” en el caso de que se les entregue dicha información, pero insisten en que “no cabe sustituir la entrega por una consulta en la sede del Banco de España”.

Es por ello que reclaman a la Audiencia Nacional que se le requiera al supervisor a entregar, “en el plazo máximo de cinco días”, “toda la información desglosada por entidad de crédito sobre los intereses por facilidades de depósito abonados por el Banco de España durante los ejercicios 2022 y 2023” y que se haga “en soporte documental completo y verificable, ya sea en papel en sobre cerrado o en soporte electrónico cifrado, con firma de recibí y expresa advertencia de confidencialidad”. Y se abre a la posibilidad de que esa recepción se produzca ante la Secretaría de la Sala de la Audiencia Nacional pero “sin que ello pueda convertirse en una mera consulta presencial en la sede del Banco de España”.

Además, requieren que se “aperciba expresamente” tanto al gobernador como a los responsables administrativos “de que el incumplimiento del requerimiento judicial podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas”.

“Su actitud obstruccionista revela que confunde autonomía con soberanía”, señaló, a través de su cuenta en la red social X, el diputado Carlos Martín. Una soberanía, indican desde el entorno de los denunciantes, que sigue estando representada en las Cortes Generales, por lo que los diputados deberían tener acceso a esta información para su labor de control.

Fuentes del Banco de España consultadas por esta decisión reiteran que la institución tiene capacidad, a la vista de la sentencia del Supremo, para imponer las medidas que consideren oportunas para garantizar la reserva de esos datos. En este sentido, la propuesta de poner a disposición de los tres diputados una sala de lectura, dicen, ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera y cumple a rajatabla con lo dictado por la justicia.

Según los últimos datos de 2025, publicados en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.