El Supremo respalda la normativa sobre autoconsumo y niega que sea un impuesto al sol

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el real decreto que regula el autoconsumo de energía eléctrica, más conocido como “impuesto al sol”.

El Supremo considera que no existe un “impuesto al sol” como tal sino una contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de utilizar la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico, según una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso Efe.

En este sentido, el Alto Tribunal subraya que “el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada”.

Según la sentencia, el sujeto que consume electricidad generada por él mismo pero que está conectado al sistema eléctrico “paga por los mismos conceptos” que un usuario que no autoconsume “pero con determinadas modulaciones debidas a la peculiaridad de su perfil de consumidor”.

El Supremo considera que los procedimientos establecidos para fijar los cargos al autoconsumo “son sin duda suficientes para excluir las imputaciones de arbitrariedad e inseguridad jurídica” que había planteado el demandante.

La sentencia rechaza también que se imponga a los autoconsumidores cargos que no pagan los consumidores ordinarios.

Según el Alto Tribunal, que los cargos se calculen en función de la energía total consumida, incluida la generada por ellos mismos, “puede resultar objetable”, pero “no supone infracción alguna” a la Ley del Sector Eléctrico.

El Supremo tampoco considera discriminatorio para los autoconsumidores que el Gobierno haya eximido a las instalaciones de cogeneración de los cargos asociados a los costes del sistema hasta el 31 de diciembre de 2019.

A juicio del Alto Tribunal, “se trata de usuarios distintos con regímenes diferenciados” y que el Gobierno decida aplicar esa exención “no puede ser objetado como discriminatorio”.

La sentencia desestima también las alegaciones del demandante sobre el presunto incumplimiento de los principios de tipicidad y proporcionalidad en el régimen de sanciones y rechaza la petición de que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

El Supremo niega, en contra de lo defendido por el demandante, que la norma pueda ser calificada de retroactiva y desestima la petición de plantear una cuestión prejudicial por la supuesta vulneración de la normativa comunitaria.