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ENTREVISTA Catedrático de Economía en la Universidade de Vigo

Xavier Labandeira: “Una rebaja general de impuestos a la energía favorece más a los hogares con más recursos”

El catedrático Xavier Labandeira.

Antonio M. Vélez

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Xavier Labandeira (Vigo, 1967) es una referencia en España en la investigación en el ámbito de la economía climática, pública y energética. Catedrático de Economía en la Universidade de Vigo, dirige el think tank Economics for Energy, es investigador afiliado al Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) del MIT de Massachusetts y forma parte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC). Perteneció al comité de expertos para la reforma fiscal cuyas conclusiones se presentaron al Gobierno a principios de mes.

Labandeira cree que la situación excepcional que ha generado la guerra de Ucrania “puede justificar ajustes en la fiscalidad sobre los productos energéticos”. Pero una eventual rebaja “debe ser temporal y dejando claro que se aplica porque no hay posibilidad de dar apoyo específico, discriminado, a los sectores y hogares más afectados por la crisis energética”. En su opinión, debería limitarse al IVA, que recoge las subidas de precios de los productos energéticos, a diferencia, por ejemplo, del impuesto especial de hidrocarburos, que se aplica con una cuota fija por cada litro de combustible.

Este experto recuerda el papel clave de estas figuras impositivas en la seguridad energética, ambiental y fiscal, y subraya que “una rebaja fiscal generalizada de estos productos favorece más a los hogares con mayor capacidad económica”, con mayor gasto energético. “De ahí que sea mucho mejor el uso de compensaciones dirigidas solo a los más afectados”, aunque reconoce que es una medida difícil de implementar. Por eso, cree que el sector público debe dotarse de mecanismos para hacerlo posible, de cara al “complicado” proceso de transición a una economía sin emisiones.

Cree que “desgraciadamente la baja fiscalidad energética ha contribuido a que España sea uno de los países más dependientes en este ámbito en el entorno europeo y, por tanto, muy vulnerable a shocks como este”. Y le sorprende “escuchar a muchos decisores políticos y asociaciones empresariales afirmando que existe una carga fiscal desproporcionada de los carburantes de automoción en España cuando en realidad sucede todo lo contrario”: basta con cruzar la frontera para comprobarlo.

El Gobierno ha abierto la puerta a bajar la fiscalidad de los carburantes ante la guerra de Ucrania. ¿Es la medida más efectiva?

La crisis energética que veníamos sufriendo hace meses se ha acentuado con la guerra y está generando mucha alarma social y un shock importante sobre la actividad económica y los presupuestos de muchos hogares. Es una situación excepcional que puede justificar ajustes en la fiscalidad sobre los productos energéticos. Pero una eventual rebaja fiscal generalizada debe ser temporal y dejando claro que se aplica porque no hay posibilidad de dar apoyo específico, discriminado, a los sectores y hogares más afectados por la crisis energética.

En décadas no hemos realizado ajustes a la baja de estos impuestos porque tienen importantes objetivos: tanto energéticos, para incrementar la eficiencia energética y reducir la dependencia exterior, como ambientales, para reducir las emisiones. Y debe explicitarse que [esa rebaja fiscal] es una actuación excepcional, en absoluto deseable y por tanto con caducidad inmediata cuando la crisis comience a remitir. Debemos entender que estos impuestos nos ayudarán a evitar en el futuro shocks como este, mediante el fomento de energías renovables autóctonas y más eficiencia, además de ser imprescindibles para la transición a la descarbonización. Así lo dejó claro el reciente libro blanco para la reforma del sistema tributario español.

También es necesario explicitar que una rebaja fiscal generalizada de estos productos favorece más a los hogares con mayor capacidad económica: su gasto energético es mucho mayor en términos absolutos, y la pérdida recaudatoria se genera fundamentalmente en esos grupos de renta. De ahí que sea mucho mejor el uso de compensaciones dirigidas solo a los más afectados.

De llevarse a cabo, ¿cómo debería hacerse esa rebaja de impuestos?

Debería actuarse exclusivamente sobre el IVA, ya que se trata de un impuesto que recoge las subidas de los precios energéticos y tiene un objetivo recaudatorio. Los impuestos especiales no varían según el nivel de precios, son sobre unidad energética, y buscan los objetivos energéticos y ambientales antes mencionados. También sería deseable que los contribuyentes viesen el precio antes de la rebaja fiscal: por ejemplo, que en la gasolinera se viese el precio con el IVA a tipo general y que en el momento de pagar se efectuase la rebaja: es importante que visualicen el elevado precio y el coste recaudatorio para el sector público.

No tiene sentido responder en el futuro con medidas tan poco coste-efectivas y tan poco equitativas como las que se están considerando hoy

Xavier Labandeira Catedrático de Economía

Otros países europeos, como Francia, van a dar ayudas directas a los consumidores. ¿Esto es más eficaz que recortar impuestos?

Cuanto menos generalizadas sean las rebajas y más se visibilicen, mejor. En el caso francés se pone énfasis en esta segunda cuestión. Pero esencialmente son también recortes en la fiscalidad energética. Muchos países de nuestro entorno están aplicando rebajas fiscales puntuales por las dificultades de aplicar a gran escala compensaciones personalizadas. Creo sinceramente que el sector público español debe dotarse de mecanismos para hacer posible estas compensaciones específicas de cara al futuro. Debemos estar preparados para fenómenos de esta naturaleza en el complicado proceso de transición ecológica al que empezamos a enfrentarnos: no tiene sentido responder en el futuro con medidas tan poco coste-efectivas y tan poco equitativas como las que se están considerando hoy.

¿Existe el riesgo de que una bajada de impuestos acabe beneficiando más a las empresas que a los consumidores?

Sí, existe el riesgo de que ciertas empresas energéticas se vean beneficiadas por estas actuaciones por la dinámica de traslación de la reducción de la carga fiscal. Esto es, que los precios antes de impuestos de ciertos productos energéticos puedan elevarse ante estas rebajes fiscales y se incrementen los márgenes empresariales. Es importante garantizar desde los poderes públicos que no se producen o se minimizan estas situaciones. Es otra razón para que estas medidas sean excepcionales y muy temporales.

Usted lleva décadas estudiando la fiscalidad de los carburantes. ¿Cómo está España en relación con otros países europeos?

Estos días me sorprende escuchar a muchos decisores políticos y asociaciones empresariales afirmando que existe una carga fiscal desproporcionada de los carburantes de automoción en España cuando en realidad sucede todo lo contrario: solo hay que ver cuánto más se paga por estos productos al atravesar cualquiera de nuestras fronteras para entender la baja fiscalidad relativa española.

El informe de la comisión de expertos recomendaba equiparar la fiscalidad de diésel y gasolina. Parece que la guerra aleja esa posibilidad…

El informe ofrece reflexiones para la necesaria reforma del sistema fiscal español en los próximos años. No debe entenderse como un catálogo de propuestas a corto plazo. Y mucho menos para situaciones tan excepcionales como la actual, pero sí como una hoja de ruta para el decisor político.

En el caso de la electricidad, ¿ve margen para más bajadas de impuestos, además de las que ya están en vigor? ¿Qué le parecen esas medidas?

De nuevo hay que distinguir entre una situación excepcional como la actual, que puede justificar acciones adicionales con fecha de caducidad clara, y lo deseable. En el futuro sería mucho mejor, como ya he apuntado, concentrar las compensaciones ante oscilaciones de precios en los sectores y hogares que realmente lo precisan. Es cierto, como apunta el libro blanco, que para hacer posible la transición a la descarbonización tenemos que limitar las barreras fiscales a la electrificación. Pero no soy partidario de que el sector se enfrente a IVA reducido por lo ya expuesto. Y, por descontado, los generadores de electricidad deben enfrentarse a impuestos por todos los daños ambientales que ocasionan.

Usted ha advertido en alguna investigación en el pasado de cómo la fuerte dependencia energética de España la hace más vulnerable a shocks exógenos. ¿Cómo nos afecta esta guerra?

Desgraciadamente la baja fiscalidad energética ha contribuido a que España sea uno de los países más dependientes en este ámbito en el entorno europeo y, por tanto, muy vulnerable a shocks como este. Espero que el contexto actual demuestre a los decisores políticos españoles que se dan muchas condiciones para actuar en el futuro sobre estas figuras: necesidad de reducción de emisiones contaminantes, de limitar la dependencia energética y utilidad de estos impuestos para conseguir recursos para el sector público frente a otras alternativas fiscales.

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