En Acorex se preparó un golpe para cargarse a la dirección por negociar con Dcoop
El exdirector general de Acorex Juan Luis Aceitón ha afirmado que desde el director general de Cooperativas en el anterior Gobierno regional del PP, Andrés Montero García, se “preparó el golpe para cargarse” a la dirección porque se había empezado a negociar una posible fusión con el grupo Dcoop.
En la comisión de investigación creada en la Asamblea de Extremadura, ha recordado que en diciembre de 2014 ese mismo Parlamento aprobó una declaración a favor de la extremeñidad de Acorex y, a partir de ahí, empiezan “presiones para que ésta no se fusione con Dcoop” lo que, a su juicio, era precisamente una salida a la delicada situación del grupo pues se basaba en un modelo “sin pérdida de empleo y donde todos los acreedores cobraran”.
“Yo salgo de Acorex por haber ido a Dcoop”, ha recalcado Aceitón, para precisar después que los días 12 y 13 enero de 2015 hay “reuniones en la Consejería dirigidas por Andrés Montero que convoca a cooperativas y donde se prepara el golpe para cargarse a la dirección”.
En la asamblea de socios del 14 enero de 2015 “se ejecuta ese acuerdo con unos francotiradores”, entre ellos “Román Prieto y José María Monteagudo”, según ha asegurado durante su comparecencia.
Hasta enero de 2015
Aceitón estuvo contratado como director general desde el 21 de enero de 2014 hasta el 14 de enero de 2015 aunque se iba a incorporar previamente pero no pudo por motivos de salud, si bien estuvo colaborando con el grupo durante ese período anterior.
Cuestionado por su nombramiento, ha defendido que a él no le llama “ningún político”, le llama “un despacho laboral de Badajoz” antes de hacerlo el propio presidente José Gregorio Traver.
“Yo no he salido de la ratonera de la casa de Nogales, Escobar o Teniente, he salido de la empresa Mafresa, de la que era director”, ha recordado Aceitón, quien sí ha reconocido que ha habido “reuniones con gerentes de cooperativas en las que estuvieron Nogales y Román Prieto”.
Para Aceitón, en “Acorex había más marrones de la cuenta”, con “datos alterados históricamente desde el año 2001”.
“Acorex no se muere con Aceitón, venía hundida, tocada”, ha continuado para detallar que cuando se presenta en la asamblea de socios de agosto el informe con los datos “alterados, casualmente al día siguiente el socio de Miajadas pide la baja en Acorex y quince días después el socio de Santa Amalia”.
Cree que el Consejo Rector debió emprender acciones legales pero eso era “autodenunciarse”, por lo que cuando se enteran de que les han “tomado el pelo, se van a su pueblo y le dicen a los socios: vaya el que dirige Acorex la que ha liado”.
En este sentido, Aceitón ha defendido que lo que hizo fue levantar la alfombra de Acorex y al final el polvo le “contaminó”, y ha resaltado que “los únicos responsables de la ruptura de Acorex son los socios por no adoptar las medidas adecuadas en su momento”.
A su juicio, una de las causas de la muerte de Acorex es “la lucha de poder y de sillones”, para indicar que “las grandes cooperativas no aceptan que una pequeña gobierne, y ha advertido del riesgo de que haya un presidente ejecutivo que ”cobra de Acorex y tiene una serie de prebendas“.
Además, ha manifestado que en Acorex había “diez contratos blindados desde 2001 de directivos con más de 200.000 y 300.000 euros en indemnizaciones” en una empresa de economía social.
Por otro lado, ha reconocido que ante las pérdidas que arrastraba Acosierra llegó a plantear como “escenario máximo” la compra de Mafresa pero que “no hubo ningún mandato de venta”.
En este sentido, ha mencionado que la “muerte” de Acorex ha sido la situación de Acosierra, en “causa de disolución” desde 2011, y a la que el grupo “había prestado 22 millones no aprobados por el Consejo Rector ni la Asamblea”.
Aceitón ha lamentado las “inversiones ruinosas en sociedades participadas”, la “no imagen fiel del patrimonio desde 2001”, con una deuda a Cooperativas de “más de 42 millones” en 2012 y “la guerra de sillones entre cooperativas organizada por exdirectivos y cargos de Acorex”.
Según ha dicho, existe información donde “se dice hay que partir Acorex en dos: Vegas Altas y Vegas Bajas, y que las cinco cooperativas grandes solicitaran la baja, así como un golpe de estado organizado donde incluso retienen la tesorería para quemar al equipo que estaba dirigiendo”.
Ha recalcado que sorprendentemente “los que solicitan la baja de Acorex son lo que han sido administradores en toda esta etapa de irregularidades contables y proyectos fallidos”.
“En Acorex no existían las tarjetas black, pero había señores que durante años comían diariamente y tomaban copas en los mejores restaurantes de Mérida”, ha sentenciado.
La minoría, al poder
Otro directivo, Cristóbal Álvarez del Vayo, ha afirmado que el ambiente “crispado” y de “desconfianza” que había en Acorex fue lo que provocó que “la mayoría social” del grupo convocara la asamblea de socios del 5 de diciembre de 2013, invalidada días después por la Junta y que permitió “a una minoría tomar el poder”.
Álvarez del Vayo ha señalado que el 5 de diciembre de 2013 la “mayoría social” de Acorex convocó una Asamblea en la que se destituyó el Consejo Rector, presidido por José Gregorio Traver, y se nombró uno nuevo con Manuel Rodríguez Corrales, de San Isidro de Miajadas, como presidente.
El día 13 de diciembre, ha continuado, se emite la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que “se declara ilegal la asamblea y se suponen nulos sus acuerdos”, entre ellos su nombramiento como director general.
“Hubo un golpe de estado, el que triunfó y permitió a una minoría tomar el poder”, ha expresado Álvarez en su comparecencia ante la Comisión no permanente de investigación sobre las actuaciones de la Junta en Acorex y Caja Rural de Extremadura.
En su opinión, la cuestión de fondo es que “llevó a más de un 70% de Acorex a convocar una asamblea en contra de la oligarquía, la minoría que ostentaba el poder” para lo que hay que “retrotraerse unos meses atrás”.
En mayo de 2013 se convocó a los gerentes a una reunión de presentación del nuevo director general Juan Luis Aceitón, donde se quedaron “estupefactos” cuando se les presentó la opción de compra de Mafresa, de la que formaba parte el último, como “algo extraordinariamente interesante para Acorex” cuando hay “un Mercedes aparcado en la puerta (Acosierra) porque no tenemos gasoil”.
Además, en la segunda reunión se planteó la constitución de una sección de crédito, ha indicado Álvarez, al tiempo que ha afirmado que por entonces Acorex se empezó a “llenar de asesores externos”.
“Era un ambiente propicio a generar desconfianza y ante eso, la dirección funcionaba con amenazas y burofax”, ha mencionado Álvarez del Vayo, quien ha indicado que los socios “no entregaban el producto por la falta de confianza” debido a decisiones “arbitrarias” y porque no se resolvía el problema financiero.
En este sentido, opina que “gran parte de la necesidad financiera que tenía Acorex estaba cautiva en Tomcoex y Acosierra”, ambas en concurso de acreedores.
Al ser cuestionado por las injerencias políticas, según Álvarez del Vayo, ha habido “injerencias políticas en Acorex desde siempre”, para indicar después que el objetivo de los gobernantes y responsables políticos debe ser intervenir en la vida de las personas, “el problema es con qué finalidad”.
Respecto a la asamblea posterior a la invalidada por la Junta, y que se celebró en enero de 2014 con el nombramiento de Manuel Pérez como presidente, ha señalado que el acuerdo entre “ese 70% que representaban las grandes cooperativas y la minoría que ostentaba el poder” era necesario pues “había pacto o no había Acorex” aunque fue “un cierre en falso porque los problemas continuaron”.
A las preguntas de Podemos sobre si hubo presión por parte de la Junta para que Gregorio Traver fuera el presidente y la relación de éste con Román Prieto, ha indicado que ambos son del mismo pueblo, Gévora, y ha mencionado que el hecho de que Traver “representara a una cooperativa pequeña no era necesariamente malo sino su manera peculiar de gestionar”.
Además, ha reconocido que Prieto tuvo “un papel protagonista tanto en el nombramiento como en la cesión” de Juan Luis Aceitón como director general.
A su juicio, hubo “un grupo de cooperativas” que trató de reconquistar los órganos de dirección y, por tanto, “intereses particulares se arroparon con esa fuerza que otorgaban las instituciones para recuperar aquello que consideraban que era suyo”.
“Los culpables de la situación de Acorex son los socios, que son quienes aprobaron todas las decisiones”, ha sentenciado Álvarez.
