Una ley de comercio ambulante para dignificar el sector, propuesta de Podemos
El Grupo Parlamentario de Podemos tiene registrada en la Asamblea de Extremadura una Propuesta de Ley del Comercio Ambulante, con la que pretende un marco regulatorio jurídico que sin invadir competencias municipales“dignifique” un sector, del que en Extremadura viven unas 3.000 familias.
La propuesta, elaborada en colaboración con la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura, quiere cubrir “un vacío legal” en esta cuestión en Extremadura, según ha explicado el diputado de Podemos, Eugenio Romero, que dice no entender “este olvido”, ya que sí está regulado en otras comunidades.
Su objetivo es crear este marco jurídico al que se puedan adherir los ayuntamientos, unificando criterios y eliminando arbitrariedades, mediante la homogeneización de licencias, la concesión de autorizaciones municipales, lo que, desde su punto de vista, da seguridad y beneficia a los profesionales y los ayuntamientos.
Esta ley, entre otras cuestiones, quiere abordar una actividad que cada semana se lleva a cabo en los municipios y de la que se benefician miles de extremeños, sobre todo de edad media-alta y menos recursos.
Según Romero actualmente las ordenanzas municipales no establecen unos períodos de vigencia de licencias suficientes para amortizar las inversiones que deben hacer los comerciantes ambulantes, que Podemos fija en 15 años, como ocurre en otras CCAA, siempre que se cumplan las condiciones.
Reserva para oenegés y colectivos
También se establece que los ayuntamientos puedan reservar el 15 por ciento de los puestos a instituciones sin ánimo de lucro o colectivos en riesgo de exclusión social, creación de una comisión municipal como órgano de participación social y un registro con los datos de los titulares de la licencia y la actividad que realizan.
Este registro permitiría a estas personas beneficiarse de cuestiones como marca de calidad o cursos, además de que la Administración Pública deberá dar promoción y publicidad al comercio ambulante, así como un plan de activación de este tipo de comercio, con medidas de innovación, fomento de productos autóctonos, entre otros.
Con esta ley se intenta también proteger los centenares de puestos de trabajo que este sector genera, y evitar situaciones como las que ocurren en municipios como Almendralejo, Montijo, Badajoz o Cáceres, donde el mercadillo se desplaza hacia las afueras o no cuentan con aseos públicos pese a la gran afluencia de público.
Además sostiene que este apoyo del comercio ambulante no perjudica al pequeño comercio local, “ya que son aliados frente a su enemigo, que son las grandes superficies y que son las más beneficiadas por las principales decisiones políticas”.
El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes, José Luis Salazar, ha explicado que llevan dos años exigiendo que algunos ayuntamientos modifiquen la ordenanza sobre transmisión de licencias, que están fuera de la normativa estatal, ya que solo se permiten por enfermedad y a familiares directos, cuando la norma nacional solo pide que se comunique a las administraciones pertinentes.
Salazar, que también denuncia que se impide el crecimiento de los puestos o se sacan a las afueras de las ciudades, ha añadido que este tipo de trabas burocráticas provocan, por ejemplo en Badajoz, que se haya pasado de los 250 o 300 puestos de hace diez años a los 136 actuales.
