Las quejas al Defensor del Pueblo caen a la mitad en la región, aunque destacan las reiteradas incidencias del tren

Las quejas que ha tramitado el Defensor del Pueblo en 2018 procedentes de Extremadura han caído a la mitad hasta las 327 respecto al ejercicio anterior, según el informe anual. Advierte además de las reiteradas incidencias en el servicio ferroviario extremeño, algunas de ellas de gravedad.

El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y posteriormente lo hará al presidente del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018.

El informe estudió, en el conjunto de España, 16.998 quejas, 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad. De Extremadura abordó, además de 327 quejas, veinte solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, por cero del ejercicio 2017.

A ello se unen, además, seis expedientes de oficio ante la Administración regional, uno concluido con actuación correcta y otro en suspenso. También ha tramitado 22 expedientes de queja individual ante la comunidad autónoma, 14 ya concluidos.

Cinco de ellos con actuación correcta por parte de la Junta de Extremadura, cinco subsanados y cuatro de ellos con otro tipo de finalización.

Incidencias en el tren extremeño

El informe menciona en varios apartados el problema del ferrocarril extremeño, con varias actuaciones por parte de esta institución, incluso de oficio, ya que las “reiteradas incidencias” en 2018, se suman las ocurridas en los primeros días de este año.

“La acumulación de incidencias notables, algunas incluso de indiscutible gravedad, han llevado a esta institución a pedir a Renfe información sobre los hechos, sus causas, efectos y sobre los remedios inmediatamente puestos en práctica para atender los problemas”.

“Pero también -señala- sobre el estado general actual del servicio de transporte por ferrocarril en Extremadura y aledaños (España-Portugal), en particular sobre el proceso de implantación de soluciones a que se refirió RENFE en octubre de 2018, cuando ofreció información a esta institución sobre los planes de acción previstos, tan necesarios aunque de dudosa suficiencia”.

“Estado de semiabandono”

A juicio del Defensor del Pueblo se trata de acciones que, “siendo razonables, no parece que puedan llegar a conformar una reacción sistemática y efectiva a lo que parece consistir en un semiabandono de la buena administración del transporte por ferrocarril en Extremadura”.

El informe, que no detalla las quejas en concreto por el ferrocarril, señala que las causas de este cúmulo de problemas viene determinado por la antigüedad de las vías, que en muchos tramos tienen traviesas del siglo XIX, y la carencia de vías de doble sentido, lo que condiciona significativamente el paso de trenes.

Además, precisa que la red está sin electrificar y la velocidad de las máquinas de tracción diesel que se usan está limitada.

Por otro lado, dice que la región carece de un servicio de larga distancia funcionando en términos de media distancia, lo que supone trenes de peor calidad y más antiguos (sin cafetería, televisión, con asientos más incómodos, etc.). Las investigaciones siguen en curso y esta institución confía en poder ofrecer resultados en el próximo informe.

Otras quejas

Extremadura figura también en el informe de apartado administraciones “no colaboradoras o entorpedoras”.

En este punto se recoge que a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se le solicitó información el 19 de diciembre de 2016 sobre los hechos acaecidos en el Centro de Menores San Juan Bautista de Badajoz, “al parecer, por abusos sexuales a menores por parte de otros menores”. Se formuló el tercer requerimiento el día 8 de febrero de 2018 y se recibió contestación el 12 de marzo de 2018.

Por otro lado informa de que solicitó ampliación de información el día 7 de julio de 2016 con motivo del pago de una subvención a una comunidad terapéutica y “la rectificación pública de lo vertido en prensa”.

El tercer requerimiento se remitió el día 27 de febrero de 2018 y se recibió el informe el 14 de marzo de 2018, según el Defensor del Pueblo.