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Por qué un diputado no debe tener otro trabajo

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Un aplauso para Raúl de la Hoz, el diputado autonómico y portavoz de Economía del PP en Castilla y León que solicitó a un juez el embargo del paro a una mujer desahuciada. No creo que él sea consciente, pero su ‘ejemplar’ comportamiento ha dado el argumento perfecto para explicar por qué determinados puestos en política no pueden ser un hobby a tiempo parcial, como pretende De Cospedal: por qué quienes hacen las leyes y gestionan grandes partidas del presupuesto público deben vivir exclusivamente de ese trabajo.

De la Hoz es abogado, pero también diputado. Como abogado, se debe a quien le contrata, sea inocente y culpable. Como diputado, se debe al interés general de los ciudadanos, incluso al de aquellos que no le han votado. Obviamente, ambos mandatos no son siempre compatibles. No pueden serlo.

Como abogado, a sueldo de un banco, De la Hoz defendió una aberración social difícilmente justificable: que una mujer que ya había perdido su casa perdiese también su prestación de desempleo por las deudas pendientes con el banco tras la ejecución de su hipoteca. De la Hoz pidió al juez que quitase a esta mujer los 589 euros mensuales con los que sobrevivía.

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Los desahucios invisibles

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La mayoría de las familias que son desahuciadas en España por no poder pagar su hipoteca no lo cuentan. No se atrincheran para aguantar ante la policía que llega con la cruel orden de desalojo. No llaman al 15-M ni tampoco a las cámaras de televisión. No se resisten ni luchan. «Les mienten a sus vecinos, les dicen que se mudan a otro barrio o a otra ciudad, que les ha salido un trabajo fuera, que ya escribirán», me cuenta un abogado que conoce de cerca esta tragedia. «Piden al banco entregar las llaves en el juzgado o en la sucursal para evitar que nadie más se entere. No quieren pasar por el oprobio de que la gente les vea como fracasados. No quieren afrontar su derrota».

Su reacción es humana y explica unas cuantas cosas. La principal: cómo es posible que una sociedad con 350.000 desahucios en cuatro años haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de la magnitud de esta catástrofe. En los últimos meses, siempre según los datos del CGPJ, el número creció todavía más: ya son 517 desahucios de media al día, algo más de 21 cada hora. Cada 167 segundos hay una familia en España que tiene que abandonar su vivienda, envolver su vida en papel de periódico, guardar sus ilusiones en cajas de cartón, meter su orgullo entre plástico con burbujas y cerrar la puerta por última vez, sabiendo que dejan atrás sus ahorros y su casa, pero que sus deudas se quedan.

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La nueva Gürtel también desemboca en Madrid

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La nueva Gürtel se llama Over Marketing. El nuevo Francisco Correa se llama Daniel Mercado. Los nombres cambian, pero el método sigue igual: conseguir el favor político de ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP, arañar contratos públicos convenientemente hinchados y troceados, financiar a cambio las campañas electorales, engrasar la maquinaria con jugosos regalos a los políticos “VIPS”...

La nueva trama de corrupción ha salido a la luz en la Baleares de Jaume Matas, ese dirigente que Mariano Rajoy hace no tanto ponía como ejemplo: un hombre capaz de gastarse 375 euros en una escobilla de lujo para el retrete. Sin embargo, Baleares no es el único sitio donde Daniel Mercado actuó. Over Marketing también tuvo sus negocios con otras ilustres administraciones del PP: en Castilla y León, en Valencia y en Madrid.

Daniel Mercado no es tan duro como Correa. Al parecer, ha cantado la Traviata durante los interrogatorios y de esas confesiones pueden salir asuntos muy preocupantes para el PP de Madrid. Las empresas de Mercado recibieron 9,4 millones de euros de la Comunidad de Madrid. Su interlocutor era el exconsejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo: el mismo López Viejo que hoy está imputado por el caso Gürtel.

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Ahogar el Estado en la bañera

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“No quiero abolir el Gobierno”, decía hace diez años Grover Norquist, uno de los políticos más influyentes en la Administración de George W. Bush. “Me conformo con reducirlo hasta un tamaño que nos permita ahogarlo en la bañera”. Aquel sueño húmedo de los neoliberales se está haciendo realidad. Sarcasmos de la gran depresión: ha sido el flagrante fracaso de sus mitos sobre la desregulación financiera y el Estado sumergible, ese mismo error que nos llevó a la crisis, lo que les ha dado su gran oportunidad.

En Portugal –ese país vecino que nos permite adivinar nuestro futuro cercano–, el Gobierno se ha rendido ya. Ayer su presidente, Pedro Passos Coelho, anunció una “ambiciosa reforma del Estado para hacerlo viable”, después del fracaso de su programa austeridad. Passos Coelho no ha dado detalles concretos de su propuesta, pero podemos temernos lo peor. Donde dice “reformas” lean recortes. Donde dice ambiciosa lean “violenta”. Donde pone “viable” en realidad quieren decir imposible de soportar. Traducido: hablamos de un nuevo presupuesto público jibarizado, de un Gobierno que probablemente se vea obligado a renunciar a parte de sus funciones y servicios porque va a ser simplemente incapaz de garantizar siquiera los mínimos de eso que una vez se llamó Estado del bienestar.

La diferencia entre España y Portugal es sencilla: un año de diferencia. En Portugal preparan el despido de decenas de miles de empleados públicos; en España algunos decretos allanan ese camino. El más preocupante de esta semana: el nuevo reglamento de despidos colectivos de la Administración. Bastará con que los ingresos de un departamento dentro del sector público caigan “un 5%” para que puedan echar a la calle a los trabajadores con los criterios más duros de la reforma laboral: 20 días por año trabajo con un máximo de 12 mensualidades.

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La falta de moral como ventaja competitiva

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España compite con Alemania por un lucrativo contrato militar: 200 carros de combate Leopard para la tiranía saudí. Son 3.000 millones de euros pero tranquilos, que Alemania lleva las de perder. Su gobierno tiene algo que no tiene el nuestro: principios éticos, respeto por los derechos humanos, algo de integridad. "El principal problema de Alemania es el propio parlamento alemán, que no es muy partidario", dijo este lunes en la SER el ministro Morenés. No explicó toda la verdad. El Bundestag alemán no aprobó la venta de tanques a Arabia Saudí porque su legislación prohíbe armar a países que pisotean los derechos humanos. Nuestra ley también lo impide: no se pueden vender armas a países "en situaciones de violación de derechos humanos", pero tanto nuestro parlamento como nuestros tribunales parecen tener poco que decir.

Cada vez que el ministro de Defensa habla, deja claro de dónde viene y adónde va. "Es complicado el asunto de las armas, tienen una connotación agresiva", dijo en voz alta Morenés en una frase para enmarcar. "Nada es perfecto en política", argumentó para justificar que España venda armas a países que pisotean los derechos humanos. Es el mismo ministro que ha sido presidente en España de MBDA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo. Y presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada con contratos con su actual ministerio. Y presidente de Kuitber, una consultora del sector de la defensa y la seguridad. Y consejero de Aritex, una empresa que diseña componentes para aviones militares. Y consejero de Instalaza, una fabrica zaragozana de bombas de racimo: las mismas bombas que el coronel Gaddafi usó contra su población.

Que un fabricante de armas llegue a ministro de Defensa lleva el concepto de la "puerta giratoria" a una nueva dimensión. No son más que ventajas… para el sector. En estos tiempos en los que no hay dinero para nada, Morenés ha conseguido del Gobierno un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros para los fabricantes de armas. Ironías de la vida, es una cifra ligeramente superior a la que España necesitaría para rescatar a las familias desahuciadas. ¿Queda clara cuál es la prioridad?

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Suiza es un Estado criminal

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El mundo al revés: la policía griega ha detenido a un periodista por dar los nombres de 2.059 delincuentes. El periodista se llama Kostas Vaxevanis y los delincuentes son un buen montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza para no pagar impuestos. Vaxevanis señala a los criminales y la policía le persigue a él, por “entrometerse en su intimidad”. Su caso demuestra a las claras una obviedad: que los paraísos fiscales no existirían sin la complicidad del resto de los Gobiernos occidentales. Es la UE, Estados Unidos y Japón quienes toleran que sus oligarquías financieras escapen al fisco. Son nuestros gobiernos los que permiten que Suiza, esa cueva de Alí Babá, sea un respetable socio de la comunidad internacional y no un Estado criminal, aislado y castigado comercialmente por todos sus vecinos. Es Occidente quien permite a sus bancos piratas abrir sucursales en nuestro suelo. Es Europa, que controla el cien por cien de la frontera suiza, la que permite a este refugio del dinero negro conectarse con el sistema financiero mundial. Suiza vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este negocio inmoral.

En la lista de Vaxevanis hay dos exministros conservadores griegos y un asesor de Antonis Samarás. Es solo una muestra, con seguridad son mucho más de tres los políticos griegos con dinero escondido en un paraíso fiscal. El periodista ha publicado la parte griega de un archivo mucho mayor, el que se llevó Hervé Falciani en 2007 del HSBC, que no es ni mucho menos el único banco de toda Suiza.

Falciani está hoy encarcelado en España, en la prisión de Valdemoro, detenido bajo la acusación de un delito que ni siquiera existe en nuestra legislación: revelar secretos bancarios. La contradicción es brutal: en España, si alguien tiene conocimiento de un delito fiscal, su deber es ponerlo en conocimiento de la justicia; por hacer precisamente eso, la justicia española lo mantiene hoy en prisión.

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La crisis de la democracia

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¿En qué momento el adjetivo político se llenó de connotaciones negativas? ¿Por qué decir que «ha sido una decisión política» o «un debate político» es algo peyorativo? ¿Cuándo la política dejó de ser el remedio para convertirse en la enfermedad? Y la pregunta más importante: ¿hay una solución a la terrible situación actual que no pase por la política, por su recuperación como herramienta para la transformación de la sociedad?

La política sufre hoy una terrible contradicción: nunca ha sido tan débil y, al mismo tiempo, tan necesaria. Es la misma derrota de otros pilares democráticos: la prensa, los sindicatos, la justicia... Nunca ha habido tanta demanda de información y tantos periodistas en paro. Nunca la defensa de los derechos de los trabajadores ha sido tan imprescindible ni los sindicatos han estado tan depauperados. Nunca los jueces han tenido tan mala imagen ni ha sido tan reivindicada la palabra justicia.

Cada una de estas crisis tiene sus características propias, pero el paisaje de fondo es el mismo. Es la crisis de la democracia, un proceso que comenzó hace décadas: desde la caída del muro de Berlín, que dejó sin competencia ideológica al bloque occidental; desde el éxito económico del capitalismo comunista chino, que demostró al mundo que se podía liberalizar la economía sin que llegasen al tiempo las libertades individuales. Al igual que con otras corrientes de fondo -como el desmantelamiento del Estado del bienestar- la crisis económica ha acelerado el proceso. Se ve en las encuestas que sitúan a la política como el tercer problema. Se ve en las urnas, donde la abstención aumenta y los grandes partidos retroceden. En la impotencia de la política para solucionar los problemas de los ciudadanos. En la percepción de que las decisiones importantes se toman muy por encima del Congreso de los Diputados.

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Palabra real: grandes frases de Juan Carlos de Borbón

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27 de octubre de 2012: “Desde fuera, España se ve mejor. Desde dentro dan ganas de llorar. Pero hay que seguir adelante con un cuchillo en la boca y una sonrisa”.

“Muchas veces, los españoles nos metemos el cuchillo”

“Hay gente que tiene ganas de darnos fuerte en la cabeza”

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¿Cuánto costaría un rescate a los desahuciados?

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Que en España haya dinero público suficiente como para rescatar a la banca pero no lo bastante como para salvar a las familias que no pueden pagar su hipoteca es, sencillamente, intolerable. No es de recibo. No es aceptable. Son ya 350.000 desahucios en cuatro años, un número que sigue aumentando casi a la misma velocidad con la que crecen las ayudas al sector financiero. Solo en 2010, fueron 87.145 millones entre ayudas y avales: 1.846 euros por persona, según un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Ambas cifras siguen subiendo: la de las ayudas y la de los desahucios. ¿Hasta cuándo será sostenible una injusticia tan grande sin que la sociedad estalle? ¿Cuánto nos costaría evitar el que sin duda ya es el problema social más acuciante de España?

Algunos números a vuelapluma: según el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial –de conclusiones apabullantes–, la hipoteca media ejecutada ronda los 230.000 euros. Multiplicada por el número de desahucios estos años –350.000– nos da una cifra: 80.500 millones de euros en hipotecas ejecutadas. Es una cantidad muy cercana a la del rescate a la banca pero, en este caso, no haría falta una millonada así. Bastaría con una fracción. Teniendo en cuenta que la hipoteca media  española dura 24 años, y que para evitar la mayoría de los desahucios sobraría con una moratoria media de dos años, con una doceava parte de esa cifra habría dinero suficiente para paliar el problema. Hablamos, grosso modo, de 6.708 millones desde que empezó la crisis: unos 1.677 millones de euros al año: el 0,16% del PIB.

La cifra es solo una aproximación al alza; estoy seguro de que los técnicos del Gobierno tienen números mucho más exactos y que probablemente se pueda arreglar con menos dinero: no todos los desahucios son de primeras viviendas o dejan a una familia en la calle.

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Las cuatro mentiras de la nueva vida de Esperanza Aguirre

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1. Es falso que Esperanza Aguirre haya vuelto a su plaza de funcionaria, como nos contaron. Trabajará en el Ministerio de Industria de Turismo, pero no regresa al trabajo que dejó hace más de tres décadas: ha sido contratada como asesora de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, en un puesto de libre designación.

2. Es falso también que vaya a trabajar en Turespaña o siquiera a las órdenes de Isabel Borrego, su supuesta jefa. Su nuevo despacho está en la planta segunda del Ministerio de Industria y Turismo, en Castellana 160, en la zona noble: justo enfrente del despacho del ministro José Manuel Soria. Tanto Turespaña como la Secretaría de Estado de turismo están en otra sede: en la calle José Lazaro Galdiano 6. No hay muchos precedentes de una asesora política que trabaje en otro edificio diferente al de su jefa.

3. Es falso que vaya a cobrar lo que un funcionario normal. Según fuentes del Ministerio, su plaza es de nivel 26, pero los cargos de asesores son de nivel 30. Dependiendo de los complementos, son hasta mil euros mensuales más.

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