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La gran reforma que jamás hará Rajoy

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Para crear una empresa en España hace falta valor y bastantes cosas más: diez trámites burocráticos, 28 días de plazo y 1.068 euros en papeleos de media. Los números son del Banco Mundial y salen de un informe que sitúa a España en el terrible puesto 136 (de 185) entre los países donde más fácil es poner en marcha una empresa. Por delante están potencias como Afganistán, Irán, Kenia, Marruecos, Tanzania, Yemen, Ruanda o Senegal. «España no es Uganda», como dijo Rajoy, porque incluso en Uganda (puesto 120) es más sencillo y barato crear una empresa. ¿La razón de este desastre? Entre otras cosas, una privilegiada burocracia privatizada: los notarios y registradores de la propiedad a los que ningún Gobierno en 150 años se ha atrevido a tocar.

Lo de 150 años es literal: la ley del notariado es del 28 de mayo de 1862, lleva la firma de Isabel II y, con leves cambios, aún está en vigor. Regula a un cuerpo de funcionarios peculiar, unos privilegiados que disfrutan de lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad del puesto de trabajo asegurado y los mejores sueldos del sector privado. Ejercen en régimen de oligopolio una plaza pública cuyos beneficios no solo son privados, sino que suelen ser estratosféricos. Pese al pinchazo de la burbuja, ganan de media bastante más que un presidente del Gobierno, un ministro o incluso un controlador aéreo. Sus elevados salarios son un impuesto privado obligatorio que pagan todas las empresas del país. Son esos costes que lastran nuestra competitividad.

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El bulo del Arguiñano despedido

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En las últimas semanas, un viejo post ha vuelto a cobrar vida y se ha situado entre los más visitados de este blog. Se trata de este vídeo del cocinero Karlos Arguiñano. Las imágenes son de la primavera de 2012, pero la novedad que las ha puesto de actualidad es una mentira, un bulo de Internet: que Arguiñano ha sido despedido de Antena 3, precisamente por culpa de estas declaraciones.


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La mala imagen

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Se queja el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, de que viajar en el AVE en clase turista " no es la mejor imagen" para su institución. ¿En qué mundo vive? Se lo voy a contar. El señor Moliner –132.152 euros al año, secretaria, asesores, escoltas, coche oficial– preside la máxima autoridad judicial de un Estado con el 25% de paro, con más del 50% de desempleo juvenil; una sociedad que es capaz de compaginar decenas de miles de pisos vacíos, rescatados por el dinero público, y decenas de miles de familias desahuciadas de su hogar; una España donde la imagen de la justicia está en mínimos históricos, donde los políticos son señalados como el tercer mayor problema del país.

¿Tienen mala imagen las instituciones españolas? Me temo que sí, basta repasar las encuestas nacionales o la prensa internacional. Desde fuera nos señalan por nuestra ruinosa economía, arrasada por la burbuja del ladrillo, por nuestros altos niveles de corrupción; por habernos gastado toneladas de dinero público en infraestructuras inútiles, en aeropuertos peatonales y autopistas vacías que ahora tenemos que rescatar; por tener una ministra de Empleo que prefiere los cócteles en el Senado a discutir con la UE las ayudas contra el paro; por tener una alcaldesa, la de Madrid, que en plena crisis del Madrid Arena se recoge a meditar en un spa de lujo en Portugal y cuyo despacho, dotado de mayordomo personal, es más grande que el del presidente de EEUU.

¿Mala imagen, dice el presidente del Supremo? También la de su antecesor, al que durante meses Gonzalo Moliner apoyó: un juez, Carlos Dívar, que convirtió la "institución" en su marquesado particular y dedicó el dinero público a comer marisco en Marbella, viajar por los mejores hoteles del país y trabajar en la "semana caribeña", de martes a jueves, siempre bien acompañado por su asistente personal. Moliner, como todo el CGPJ, conocía desde hace tiempo esta impresentable situación. Solo fue un problema para la institución cuando afectó a la imagen, al verbo "parecer" y no al "ser".

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La ignorancia no es un punto de vista razonable

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Hay un señor neozelandés –un tal Robert Bast, experto en marketing, de profesión sus apocalipsis mayas– que lleva más de dos años dedicado a vender libros y explotar una web sobre el fin del mundo que, como ya conocerán, será este viernes (no está claro si por la tarde o por la mañana). Ésta es su semana grande y Bast está encerrado en un refugio en la montaña, en Australia, “a salvo de volcanes, terremotos y tsunamis”. Desde allí, mientras acumula conservas y agua potable, ha contestado a una entrevista que publica este blog de El País. En una de sus respuestas más hilarantes, Bast da en el clavo sin darse cuenta, de la misma manera que un reloj parado da la hora correcta dos veces al día. “Me hubiera gustado que me hicieran más caso”, se queja Bast desde su refugio. “La gente que no cree en el Apocalipsis recibe más atención que yo (el vídeo de la NASA de la semana pasada, los científicos...). Me gustaría que se explicara mi lado de la historia. Es bastante irritante”.

Un aplauso para Bast. Se lo ha ganado. Sin ser consciente, nuestro profeta del fin del mundo ha puesto el mejor ejemplo para explicar por qué el periodismo no debe ejercer de mero notario. La prensa no puede ser un simple receptor acrítico que después repite una versión y la contraria, sin preguntarse cuál de los dos partes miente. ¿Debe tomar partido un periodista? Sin duda: por la verdad. Es un trabajo difícil, pero a veces no tanto. No es necesario un entrenamiento altamente especializado para distinguir entre un lunático y la NASA.

¿Es la ignorancia un punto de vista razonable? ¿Todas las opiniones son legítimas? Y, lo más importante, si Bast cree sinceramente que el mundo se acaba este viernes, ¿qué coño hace perdiendo sus últimos días respondiendo entrevistas?

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Un año de Rajoy en cinco claves

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¿Los mayores hitos en este primer año de mandato? Al menos cinco imposibles que Rajoy ha hecho viables.

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España no es católica, lo son sus élites

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Contra el mito popular, no es cierto que España sea hoy un país mayoritariamente católico. La “reserva espiritual de Occidente” pasó a la historia. En las encuestas aún figura un 70% de españoles que se declara como católico, pero la mayoría –alrededor del 55%– no pisa la Iglesia casi nunca y menos del 20% va a misa de domingo. El censo más exacto, el que mejor muestra el verdadero número de seguidores de la jerarquía católica en España, es el de la casilla del IRPF: solo el 35% de los contribuyentes se declaran católicos en la intimidad de sus impuestos. Son poco más de un tercio, a pesar de que España es un país donde apoyar fiscalmente a la Iglesia sale gratis. Marcar la casilla de la Iglesia no implica pagar más, a diferencia de lo que ocurre en otros países bastante más aconfesionales que el nuestro, como Alemania.

¿Cómo es posible entonces que esa minoría mantenga tantísimos privilegios? El ministro José Ignacio Wert dio ayer la respuesta en una entrevista en El País. “Es una opción política”. Wert hablaba de la asignatura de religión, pero su respuesta vale para explicar muchas más cosas. Es una decisión política que la Iglesia se libre de varios impuestos, que pueda financiarse directamente desde el IRPF, que los obispos tengan capacidad notarial para registrar hasta la Mezquita de Córdoba a su nombre o que el adoctrinamiento religioso tenga espacio en la escuela pública. Es una decisión política eliminar la educación para la ciudadanía, y que los padres tengan que elegir entre educar cristianos o ciudadanos. Es una opción política, no una ley divina, lo que permite que los profesores de religión sean unos extraños empleados públicos que cobran del Estado pero responden ante la jerarquía católica, que es quien tiene todo el poder para despedirlos o contratarlos.

Algunas cuentas. El Opus Dei, el principal centro de poder civil de la Iglesia, cuenta con poco más 90.000 miembros en todo el mundo, según sus propios datos. No se sabe cuántos de ellos son españoles, no lo detallan, pero incluso asumiendo que lo fueran todos, supondrían poco más del 0,1% de la población española. Comparen este exiguo porcentaje con su notable presencia en los núcleos de poder e influencia: en la universidad, los juzgados, los medios de comunicación, las grandes corporaciones o el Gobierno. Seguro que así se explican algunas cosas.

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Quiero saber quién me debe dinero

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Cristóbal Montoro ha amagado con publicar las listas de los mayores defraudadores y morosos con Hacienda, los que no pagan al fisco o tienen grandes deudas con la Seguridad Social. El ministro tiene razón con esta iniciativa, que espero que lleve a cabo. Esa deuda se contrae con un ente que percibimos como algo abstracto, el Estado, pero en realidad estamos hablando de un dinero que se nos debe a todos los ciudadanos. Nosotros, los contribuyentes, tenemos el derecho a saber quién no paga, del mismo modo que es irrenunciable conocer el detalle de cómo se gastan nuestros impuestos. En una democracia, el dinero público debe ser siempre el más transparente de todos.

Difundir las grandes deudas con Hacienda tiene un valor ejemplarizante y sin duda ayudaría a reducir el fraude. Para muchas empresas, evitar esta publicidad negativa seguro que sería un gran incentivo para estar al corriente con sus pagos. Además, lo que plantea el ministro no es muy distinto de lo que ya hacen otros países europeos, como Irlanda. Ni el ministro pretende una excentricidad ni está inventando la rueda.

Sin embargo, las palabras de Montoro entran en radical contradicción con sus actos más recientes. ¿Es coherente que el ministro de la amnistía fiscal enarbole ahora la transparencia ejemplarizante contra morosos y defraudadores? Hablamos del mismo Montoro que perdonó a 30.000 defraudadores y garantizó su anonimato a cambio de un mísero 10%.

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Fátima Báñez debe dimitir

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La marca España: Europa celebra una cumbre para discutir un plan de ayudas contra el desempleo y la ministra del país con más paro de todo el mundo y parte del extranjero decide que no va porque tiene un cóctel en el Senado. Es un colmo difícil de superar, una metáfora obscena. En la España que ronda los seis millones de parados, la ministra de Empleo dimite de su responsabilidad –que no del cargo– para tomarse unos canapés y unas copitas de cava, y brindar por la salud de la Constitución Española. Ole. Ele. Arsa. ¡Y tres hurras por la virgen del Rocío!

Francia mandó tres ministros a esa reunión. Suecia, a cuatro. Italia, a dos. Alemania, a uno. Por España no fue ninguno, que estaban muy ocupados y esto de los fondos europeos contra el desempleo apenas nos afecta, como todo el mundo sabe. Solo acudieron a Bruselas dos secretarios de Estado. No es la excepción, es la norma, como ha demostrado Gonzalo Cortizo al repasar el marcador de la ministra. En el último año, la UE ha celebrado tres cumbres de ministros de Empleo. Báñez no ha ido a ninguna de ellas. Es un cien por cien de efectividad en novillos europeos: un nuevo récord que espero que pronto tuitee, como el del bubble shooters.

Desde el Gobierno argumentan que el país estaba perfectamente representado con los secretarios de Estado. No es cierto: España perdió una reunión bilateral con Alemania porque ese día Báñez no estaba donde tocaba. Así que una de dos: si la ministra abandonó sus funciones por torpeza política, porque aún no sabe en qué consiste su trabajo, que dimita. Y si lo hizo porque de verdad es más eficaz tomando canapés que negociando los fondos europeos contra el paro, que se vaya lo más pronto posible a su casa.

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Dos cosas que no terminan de cuadrar en la coartada de Santiago Cervera

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El supuesto correo que un anónimo envió a Santiago Cervera y su respuesta. eldiario.es


¿Dice la verdad Santiago Cervera? ¿Fue víctima de un enrevesado engaño por medio de un correo electrónico anónimo o este supuesto mail y su respuesta están manipulados y son solo una falsa coartada con la que encubrir un delito de chantaje? Con los datos que ahora tenemos, es una cuestión de fe. No sabemos a ciencia cierta todo lo que pasó y hará falta un juicio para descubrir la verdad. Pero hay un par de cosas en la versión del diputado Cervera que no encajan demasiado bien.

1. Las fechas. El correo anónimo que supuestamente recibió Santiago Cervera tiene de fecha el 30 de noviembre de 2012. Sin embargo, el presidente de la Caja de Navarra, José Antonio Asiaín, asegura que el mail chantajeándolo no llegó a su buzón hasta el 4 de diciembre por la tarde; al día siguiente presentó la denuncia. En él correo que recibió Asaín, le pedían que dejase 25.000 euros en la rendija de la muralla el viernes 7 de diciembre si no quería que se conociese una supuesta corruptela que había cometido. Ese mismo viernes empezó el seguimiento policial sobre la rendija y fue el domingo 9 por la mañana cuando detuvieron al diputado Cervera, cuando se presentó a recoger el sobre tapado con una bufanda y un gorro. Si el misterioso anónimo existe y realmente tendió una trampa al diputado, le ha salido de chiripa. O bien sabía que ni Cervera ni nadie de su entorno se pasaría por la muralla hasta al menos una semana después, o bien la enrevesada carambola funcionó de pura casualidad.

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