La caja B, C, D, X, Y, Z...

No es que el PP tuviese una caja B. Es que no hay letras en todo el abecedario para nombrar todas las contabilidades en negro que manejaba el partido incompatible con la corrupción que hoy nos gobierna. “El PP llevaba una caja B para las elecciones en todas las provincias y regiones”, confiesa el extesorero Luis Bárcenas. No es solo su testimonio. Todas las pruebas apuntan a que el PP se financió ilegalmente de forma cotidiana, organizada y sistemática. No fue anecdótico. No fue un caso excepcional y aislado. No fue una manzana podrida en el cesto de las sanas. Era la forma de funcionar de la derecha desde que se fundó el partido, desde los tiempos de Alianza Popular y Manuel Fraga.

Ha pasado más de un año desde que salieron a la luz y los papeles de Bárcenas ya no son “la sombra de la sombra de un indicio manipulado”, como los calificó Mariano Rajoy en un plasma muy lejano. La palabra del extesorero del PP no vale gran cosa; ha cambiado de versión demasiadas veces y probablemente sigue mintiendo sobre el origen de sus millones en Suiza. Pero, más allá de su testimonio, los informes policiales y las pruebas documentales han avalado la autenticidad de su contabilidad manuscrita.

Ya hay más de medio centenar de apuntes que se sabe que son ciertos y la posibilidad de que Bárcenas mezclase datos reales con otros falsos parece remota: los informes periciales han concluido que esas hojas se escribieron a lo largo de varios años. Los papeles son lo que parecen, y el proceso judicial ya no discute su autenticidad, sino la responsabilidad penal de los que en ellos aparece.

La estrategia del PP y el Gobierno ante esta crisis está muy clara. Han equiparado la responsabilidad política con la legal para, de esa forma, sortear el escándalo como si no pasase nada.

Por ahora les funciona.

Los portavoces del partido se refugian en el “ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir” cada vez que alguien pregunta por las novedades del caso.

El presidente aplica su marianismo –tan bien explicado en este artículo de Antonio Orejudo– para disolver la presión.

Los grandes medios de comunicación están cada día más presionados por un Gobierno hostil contra aquellos periodistas que ejercen su trabajo.

Y la opinión pública asume, con total normalidad, que nos gobierna un partido enfangado hasta el cuello en la corrupción, pero que, total, todos los políticos son iguales.

Hace un año, los dirigentes del PP temían que Bárcenas pudiese dinamitar el partido. Hoy se muestran en privado más que tranquilos. Asumen que ya no habrá más desgaste por mucho que aparezcan pruebas nuevas –que las hay– que refuercen la autenticidad de los papeles o las mil y una gestiones, presiones y maniobras judiciales que hizo el PP en defensa del tesorero cuando aún no era un traidor con los suyos.

Por ahora, insisto, les funciona. Sin embargo, el PP hace mal en calcular que esta historia ha terminado y que el caso Bárcenas está amortizado.

A pesar de las mil y una maniobras con las que intentan presionar a los policías y achicar el margen de maniobra de los jueces, la investigación del juez Pablo Ruz sigue adelante. Siguen apareciendo pozos negros, como esa cuenta de 460 millones de titulares aún desconocido. Y siguen pendientes de llegar a España algunas comisiones rogatorias a Suiza y otros paraísos fiscales para conocer los titulares de algunas cuentas cuyos nombres Luis Bárcenas no quiere dar –en este interrogatorio de nuevo se ha olvidado de esos detalles–, pero que más tarde o más temprano acabaremos conociendo.

El caso Bárcenas aún tiene carrete. La duda es otra. Después de comprobarse que esa contabilidad es cierta y que el PP se financió ilegalmente durante décadas, con dinero de donantes que contrataban con la administración y que el partido no declaraba, ¿qué más tiene que pasar para que alguien en el PP asuma sus responsabilidades?