La democracia teatral

Nada como mirar las entrañas del poder a través del agujero que ha abierto Wikileaks para confirmar lo que ya sospechábamos: que no vivimos en una democracia representativa, sino en una democracia teatral; aquella donde los políticos, los diplomáticos o incluso los fiscales generales del Estado son actores que dicen una cosa en el escenario y hacen otra entre bambalinas. La vida pública es una permanente función; “los políticos interpretamos el papel que nos toca, y luego en privado hacemos y decimos lo contrario”, admite una de las más altas autoridades del Estado, que cree que esta mascarada, que la ciudadanía ya no se traga, explica el derrumbe de la imagen de las instituciones. El deterioro de la Justicia, por ejemplo, cuyo CGPJ se ha gastado varios miles de euros en recientes campañas de publicidad, pero que aún no ha sabido explicar por qué razón y con qué mecanismos maniobró el fiscal jefe de la Audiencia Nacinal, Javier Zaragoza, para evitar que el caso de Guantánamo cayese en manos del incómodo Garzón. O por qué la Fiscalía de Conde-Pumpido toleró las presiones de EEUU sobre la investigación del asesinato de Couso. O qué ley ordena que la Embajada estadounidense tenga acceso directo a información privilegiada sobre los “irritantes” casos que preocupan al imperio, por encima de los pobrecitos ciudadanos.

Porque lo verdaderamente relevante de los cables de Wikileaks no es si Gaddafi se pone botox, o cómo de salvajes son las fiestas de Berlusconi. Lo que asusta es comprobar cómo el poder en democracia aún se mueve entre las sombras, tras el escenario. Que nadie se sorprenda después por el deterioro de la imagen del Gobierno, de la oposición, del Congreso, del Senado... De esa soberanía popular permanentemente sometida a la doble uve doble: lo que no ordena Wall Street, lo manda Washington.

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Actualización: 9:34 Más novedades del cablegate en El País: “Los ministros trabajan para que no prospere el caso Couso” // La estrategia del fiscal Zaragoza contra el juez Garzón

Cuando escribí ayer esta columna, no tenía ni idea de hasta qué punto iba a coincidir con el embajador Eduardo Aguirre en la metáfora. Yo lo llamo bambalinas, él lo llama bastidores. Algunos extractos de la noticia de El País sobre las presiones atendidas de la Embajada sobre el Gobierno y la Fiscalía para cerrar la investigación del asesinato de Couso:

La embajada no tenía dudas sobre lo que quería -y según los telegramas diplomáticos, obtenía- del Ejecutivo español. El embajador escribió en un cable dirigido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, días antes de su visita oficial a Madrid el 1 de junio de 2007, que "el Gobierno de España" había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara [las decisiones del juez]". Le recomendaba también que, en su reunión con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, le hiciera notar la "constante preocupación" del Gobierno de EE UU por la causa. Concluía que era importante que hubiera "una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo" hasta que el asunto decayera. La legación admitía que aunque en público los diplomáticos mostraban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por "la trágica muerte" de Couso, "entre bastidores", luchaban "con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos" contra los tres militares implicados. Son las palabras textuales de un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007 (informe 108143). (...) Las conversaciones telefónicas tranquilizaron al embajador, que a su vez tranquilizó a su Gobierno con este análisis: "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente. Para no agravar la situación, los líderes gubernamentales españoles deben mostrar en público su respeto por el trabajo independiente de los tribunales. (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas". El título del telegrama, clasificado como confidencial, es el siguiente: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

El chiste es de Manel Fontdevila