Injusticia universal

La justicia en España limita al norte con las torturas de Guantánamo, al sur con los campos de refugiados del pueblo saharaui, al este con los bombardeos con fósforo blanco sobre los civiles de Gaza y al oeste con el Chile de Pinochet, el de la picana y las mujeres violadas por perros. Nuestra nueva justicia es ahora cómplice de estos crímenes: mirará hacia otro lado porque así lo aprobó hace unas horas el Congreso de los Diputados. Al fin llegó el consenso: el PSOE y el PP –junto con la derecha nacionalista– votaron un recorte a la justicia universal que acaba con el molesto concepto, tan simpático cuando juzga a tiranos de países pobres, tan incómodo cuando husmea en las cloacas de las potencias amigas. Universal, para el Congreso, es algo así como el mapamundi de Bilbao y significa que haya un español entre las víctimas. El universo se reduce a España y poco más. Cosas del hecho planetario.

Con esta reforma, el Congreso da la espalda a las víctimas, pero también a los acuerdos internacionales que ha firmado España en los últimos años: el Convenio contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura o la de Ginebra, entre otros. La justicia universal no fue un invento del díscolo Garzón sino consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo –ratificada después por el Constitucional– sobre el genocidio en Guatemala, que estableció que estos acuerdos estaban para cumplirlos. Hoy es un día de luto porque la injusticia no conoce fronteras y hay determinados crímenes que no atentan contra un pueblo sino contra toda la civilización. La injusticia ha ganado terreno. Desde hace unas horas, los derechos humanos en España son sólo para los humanos con pasaporte español.