El acuerdo pudo haber llegado este jueves y habría sido mejor. Estuvo cerca y no se cerró por dos motivos: porque Puigdemont no se fía de Rajoy y porque Rajoy se fía aún menos de Puigdemont. El president de la Generalitat quería garantías de que convocar elecciones realmente serviría para evitar la aplicación del 155. Por ahora no las consiguió, más allá de un vago compromiso de buena voluntad. Puigdemont se podría haber encontrado con la peor situación: retratarse a ojos de una parte de los suyos como un histórico traidor y que ni siquiera así se parase la intervención de la autonomía. Puigdemont proponía un acuerdo. Rajoy pedía una claudicación y luego prometía generosidad.
¿Significa que todo está roto? ¿Es inevitable la intervención de la autonomía y la DUI? Aún no. Y al menos este jueves ha quedado claro algo: que el president de la Generalitat está buscando una salida desde la responsabilidad, que evite una declaración de independencia unilateral e irrealizable, que evite también la suspensión del autogobierno y el caos institucional. Esquivar el choque de trenes y ejercer, por primera vez en mucho tiempo, como el president de todos los catalanes. Una salida que, hasta hace unos días, se supone que era también la deseada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Para Carles Puigdemont, convocar esas elecciones o siquiera admitir que estaba dispuesto a hacerlo es tanto como reconocer una evidencia dolorosa para sus votantes: que la independencia no es viable hoy y que declararla solo llevaría a una situación aún peor. Durante las horas en las que la convocatoria electoral estuvo sobre la mesa, la reacción en la calle, en las redes sociales y en la coalición del Govern demuestra hasta qué punto dar ese paso fragmentaría tanto su propio partido como su imagen pública como el movimiento independentista en su totalidad. Aunque aún no haya convocado elecciones, que las haya planteado públicamente solo puede interpretarse como una buena señal. Puigdemont ya ha recorrido la parte más dura en el camino hacia un acuerdo. Solo falta la pista de aterrizaje. La duda es si el PP la quiere despejar.
Desde el Gobierno y el PP, las versiones son contradictorias. Algunos portavoces aseguran que ya no es posible acuerdo alguno, que el 155 es imparable, que da igual lo que haga Puigdemont, que mejor se preocupe por su futuro penal. Otras voces, más sensatas, afirman que aún es posible evitar el peor final, y señalan a la negociación con el PSOE de esa enmienda que serviría para aprobar un 155 que se suspendería si hay convocatoria electoral.
A favor de que haya un acuerdo juega especialmente un factor: llevamos varias semanas de ultimátums cruzados y aún no ha llegado ni el 155 ni la DUI, lo que demuestra que hay pocas ganas en ambos gobiernos de cruzar ese Rubicón. En contra, que el tiempo se acaba. También la calle, la de los dos: la presión independentista sobre Puigdemont y la presión españolista, el “a por ellos”, que es mayoritario entre los votantes del PP, de Ciudadanos y de una gran parte del PSOE. ¿Va a permitir Mariano Rajoy una salida a esta crisis que no pase por la humillación?
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