Economía digital, economía inclusiva

Hace unos meses, al calor de la comunicación de la Comisión Europea sobre Las plataformas en línea y el mercado único digital, retos y oportunidades para Europa, afrontamos en el Parlamento Europeo un vivo debate sobre los radicales cambios que las plataformas han provocado su irrupción no solo en la economía digital sino en las relaciones económicas globalmente consideradas.

En aquel debate, lo primero que quedó claro fue la dificultad de definir el fenómeno de las plataformas, por la multiplicidad de sus formas y su constante evolución.

Lo cierto es que hoy en día puede decirse que la “plataformización” de la economía es un hecho y, probablemente, una tendencia irreversible por, entre otros aspectos, la mayor flexibilidad que ofrecen a sus usuarios y su mayor adaptabilidad al entorno.

Por ello, cobra mayor gravedad si cabe la situación en que se encuentra Europa. Como ha constatado la Comisión, Europa es una gran desarrolladora de aplicaciones, pero para plataformas de terceros. También es buena inventando nuevas tecnologías y conceptos digitales, pero falla en la explotación comercial de estas ideas. Baste un dato para evidenciar esta realidad: de 176 plataformas estudiadas solo 25 eran europeas y estas solo generaban el 4% del mercado.

La cuestión, con todo, no estriba únicamente en el hecho de que Europa y sus Estados miembros estén fallando a la hora de incorporarse a este tren, es que tampoco están dando respuestas antes los profundos cambios que están generando en todos los ámbitos.

Muchos de ellos, sin duda, para bien, como por ejemplo la mayor flexibilidad que ofrecen en la prestación de servicios; la mayor oferta al consumidor; la mejor atención a demandas de nicho; la introducción de más competencia en precios; su mejor eficacia en la asignación de recursos; el desarrollo de nuevos modelos de negocio; la ampliación de mercados o la generación de nuevas oportunidades de negocio, también para las pymes.

Pero nada de esto debe impedirnos reconocer los problemas serios que a su alrededor se generan en tres ámbitos concretos: competencia, laboral y fiscal.

Para poder beneficiarnos de todo lo positivo que las plataformas digitales aportan, la primera condición es que el entorno en que se desarrollan garantice la igualdad de oportunidades de todos los operadores, sean o no digitales. Es decir, normas justas y cumplimiento de las mismas.

Por desgracia, nos hemos acostumbrado a ver cómo en muchas ocasiones lo que se reviste de negocio rompedor no oculta sino prácticas más antiguas que el papel: la búsqueda y explotación de las lagunas legales, cuando no la mera ignorancia de la ley.

Una cosa es defender la innovación y otra muy distinta es pretender hacer pasar por innovadora la prestación de servicios más baratos a costa de la precarización del empleo o de la no observancia de las leyes.

Si una empresa logra una estructura de costes más eficiente, mayor rapidez en la prestación del servicio, mayor satisfacción del cliente, etc, será el mercado quien dictaminará su éxito o fracaso. Pero esto nada tiene que ver con pretender prestar un servicio sin cumplir el marco legal porque una empresa se define como plataforma tecnológica frente a las empresas tradicionales del sector, que arrastran una carga regulatoria mucho mayor: un servicio de transporte es un servicio de transporte; un servicio de alojamiento es un servicio de alojamiento. Lo preste quien lo preste, se preste como se preste.

De ahí que una de nuestras reivindicaciones, y así lo recoge el informe aprobado por el Parlamento Europeo, haya sido solicitar a la Comisión que estudiara la normativa vigente para, en su caso, promover los cambios necesarios, también en el plano social, para garantizar igualdad de condiciones entre nuevas empresas y tradicionales, también en el ámbito de la protección de los trabajadores.

Y es precisamente en el ámbito laboral donde las plataformas de internet plantean uno de los mayores desafíos: la necesidad de normas laborales que no dejen en el desamparo a los trabajadores de esta nueva economía. Creo que no abordarlo nos desconecta de la realidad, a veces muy dura, que viven miles de trabajadores.

No seré yo quien se oponga a que las plataformas se comprometan a mejorar sus prácticas a través de autorregulación. Bienvenidos sean los compromisos de las plataformas en este campo. Ahora bien, la autorregulación no puede sustituir nuestro papel en la definición de normas claras. Es cierto que hay quienes que defienden dejar libertad absoluta al mercado. Pero si algo nos enseña la última década es a dónde nos conduce la desregulación.

Por ello, es necesario afrontar el impacto profundo de estas plataformas en el ámbito laboral pues es evidente que digitalización cada vez mayor repercute en los mercados laborales, en la redefinición de los puestos de trabajo y en las relaciones contractuales entre trabajadores y empresas. También en la creciente precarización del empleo, en el uso y abuso de la figura del autónomo, el trabajo ocasional, el trabajo a demanda o el trabajo con la intermediación de estas plataformas digitales.

Por ello, es fundamental garantizar el respeto de los derechos laborales y sociales y el correcto cumplimiento de la legislación vigente con el fin de seguir promoviendo los sistemas de seguridad social y la calidad del empleo, garantizando la protección de los trabajadores y unas condiciones de trabajo dignas.

Igualmente, los Estados miembros deben garantizar una seguridad social adecuada para los trabajadores autónomos, que son agentes clave en el mercado laboral digital y que, en su caso, desarrollen nuevos mecanismos de protección para garantizar una cobertura adecuada de los trabajadores de las plataformas en línea.

En cuanto a la fiscalidad, día sí y día también la prensa española se hace eco de los beneficios mínimos, o directamente de las pérdidas, que registran en nuestro país plataformas tecnológicas por todos conocidos pese al elevado volumen de negocio que generan. Todo ello nos habla de un serio problema.

Un eurodiputado socialista, Paul Tang, le ha puesto cifras a estas prácticas: según un estudio que ha elaborado, la Unión Europea ha perdido hasta 5.400 millones de impuestos que deberían haber pagado grandes tecnológicas como Google o Facebook entre 2013 y 2015. Algo que no solo va contra la justicia fiscal, sino contra la eficiencia económica. Por desgracia, con la aquiescencia de algunos Estados miembros.

Todo ello evidencia la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión adopten medidas para evitar las prácticas de elusión fiscal y para garantizar que todas las empresas, incluidas las digitales, tributen en los Estados miembros en los que desarrollan su actividad económica. Desde luego, considero un avance que en la cumbre de octubre, el Consejo haya hecho un llamamiento a impulsar “un sistema impositivo eficaz y justo para la era digital”, en el que se garantice “que todas las empresas paguen la parte correspondiente de los impuestos”. Esperemos que los Estados miembros pasen de las declaraciones a los hechos.

Por tanto, si Europa no quiere perder este tren debe implicarse y tomar decisiones en cuatro ámbitos fundamentales.

En primer lugar, la formación, la mejora continua y constante de las competencias digitales de los trabajadores presentes y futuros para evitar la exclusión.

En segundo lugar, un marco regulador claro y su cumplimiento, atajando las rendijas por las que se cuelan quienes dicen venir a modernizar la economía y solo vienen a vulnerar los fallos en sus normas, sin aportar valor.

En tercer lugar, un régimen de protección social y laboral que proteja a los trabajadores por igual, que evite viejas formas de explotación con nuevos ropajes.

Y en cuarto lugar, que se paguen impuestos allí donde se generan beneficios.

La clave, por tanto, está en hacer de la economía en la red una economía para avanzar hacia una sociedad más justa, sin nuevas ni viejas exclusiones.