No me gusta convencer a nadie con argumentos que conllevan amenazas apocalípticas. Tampoco me gusta menospreciar los argumentos de aquellos que no piensan como tú. Así que pasemos a ordenar las ideas sobre las consecuencias económicas del Catalexit.
Lo primero que habría que decir es que detrás del independentismo están economistas de gran prestigio internacional. Entre otros, Andreu Mas-Collell o Xabier Sala-i-Martín, profesores de importantes universidades norteamericanas o los del denominado Colectivo Wilson, impulsado también por el catedrático de Harvard, Pol Antràs. No hay que minusvalorar sus opiniones, aunque presumamos que están empañadas por premisas ideológicas.
Su primer argumento se basa en que hay países muy pequeños en el propio entorno de la UE que con capaces de sobrevivir con gran eficiencia en el mercado internacional. No solo los muy pequeños como Luxemburgo o Malta. También, otros muy desarrollados, con un alto nivel de vida, muy innovadores y globalizados como Dinamarca o Finlandia. Incluso otros más pequeños como los países bálticos. Cataluña tiene unos pocos menos habitantes que Austria, por hacernos una idea.
Este argumento es cierto, pero olvida que el punto de partida es muy diferente. La economía catalana está muy interrelacionada con la economía española. España es su mercado principal. Algo más del 40% de sus productos (estamos hablando de bienes, no de servicios) se venden en España. Algo menos de ese 40% se vende a países de la UE. Si como todo parece indicar, una Cataluña independiente saldría de la UE y tuviera que negociar su integración, dos de sus mercados principales se le pondrían más difíciles. Habría que aplicarles una Tarifa Exterior Común. Se puede argumentar que Cataluña podría integrarse en la UE en un corto periodo de tiempo. Al margen de que esto requiere unanimidades, el plazo siempre será una incógnita y lo que no cabe duda es que el reingreso no es inmediato. Esto desde luego no favorecería a una economía exportadora como la catalana. Desde luego habría un impacto comercial, aunque la cifra sería difícil (y siempre discutible) de calcular. Y esto sin hablar de los servicios, como la banca, a los que luego aludiremos.
Además, por no recordar que es un poco injusto olvidarse de la historia. Primero cuando se abolió en la segunda mitad del siglo XVIII el monopolio americano de Sevilla y Cádiz dando lugar al nacimiento de la industria catalana y luego, ya a finales del Siglo XIX y principios del XX, cuando los gobiernos españoles – ya desaparecido el imperio colonial- levantaron políticas proteccionistas para mantener cautivos los mercados españoles de esa misma industria. El seny catalán aplicado a la política española siempre ha beneficiado a la economía de Cataluña. Al menos a sus elites.
El otro argumento básico es que España nos roba y que Cataluña podría administrar mejor sus propios recursos. El tema de la balanza fiscal es terreno de arenas movedizas y de difícil calculo teórico y práctico. En ocasiones un auténtico galimatías. La horquilla va desde los 16.400 millones de euros que estimó la Generalitat en 2009 según el método monetario (neutralizado) hasta los 3.200 que calculó Mas- Colell en 2015 según el método beneficios (sin neutralizar). Cada cual arrima el agua a su molino según le convenga. A mi juicio, podemos entresacar algunas conclusiones (discutibles). Parece razonable pensar que las regiones más ricas paguen más proporcionalmente. Parece de buen sentido también que las regiones ricas no financien permanentemente las ineficiencias de las más pobres. Habrá que establecer algún sistema de control.
Los expertos recomiendan también cambios en el sistema de financiación autonómica. Nada garantiza la presunción de que la Generalitat es mejor gestor que otras administraciones. Al menos en política industrial no están consiguiendo avances relevantes de diversificación. Los resultados de las balanzas fiscales cambian (a veces sustancialmente) según la fase del ciclo en que nos encontremos. En fin, las cifras que se manejan no parecen justificar tamaña polvareda política.
El debate me parece, en cualquier caso, bastante falaz. Es como cuando los alemanes reprochan a los españoles (incluidos los catalanes) que les están financiando su menor desarrollo. Claro que sí. No solo por una cuestión de justicia y ética distributiva (en este caso territorial). También por interés propio. A Alemania le interesa una España suficientemente rica para comprar sus productos tecnológicos e industriales. De igual manera a Cataluña le interesa una España con capacidad para comprar sus cavas, sus automóviles, sus productos industriales, de ingeniería o alimentarios. Es su primer mercado. Así se explica la salida de empresas de Cataluña en estos últimos tiempos, desde la proclamación – simbólica o no- de la DUI. No hay actos políticos inocentes.
La salida de la UE supone que Cataluña quedaría fuera del euro y esto también implica problemas. Los bancos catalanes no tendrían el apoyo del BCE. La salida de Caixabank y del Banco Sabadell es así perfectamente explicable. No podían hacer frente a la salida de los depósitos, especialmente – no lo olvidemos- de residentes catalanes y, en caso hipotético de independencia, no hubieran recibido la respiración asistida de la inyección de liquidez del BCE. Incluso más difícil es medir el impacto de no formar parte del euro. Países como Andorra, Mónaco o San Marino tienen un acuerdo con la UE para utilizar el euro como moneda legal. Es un acuerdo que ha requerido años de negociación. Cataluña podría tomar esta decisión por las bravas, pero eso tampoco es gratis. La financiación en los mercados internacionales para la administración catalana sería sin duda más cara.
Lo más grave, sin embargo, es el impacto sobre las expectativas y la seguridad jurídica. Los inversores necesitan estabilidad política. Incluso los inversores institucionales. Que nadie se lleve a engaño. En las actuales circunstancias, la batalla por la sede de la Agencia Europea de Medicamentos estaba de antemano perdida. No parece necesario explicar el daño que la incertidumbre institucional y legal provoca en el bienestar y el desarrollo económico.
Algunas fuentes oficiales – el ministerio de Asuntos Exteriores- calculan el impacto de la independencia de Cataluña en una caída del 20% de su PIB. Otras más cautas – el Banco de España- creen que el crecimiento del PIB español puede reducirse - como consecuencia de la crisis política catalana- en algunas décimas o incluso hasta algo más de dos puntos en los dos próximos años, llevando a Cataluña a una probable recesión. En cualquiera de los casos, aunque estas hipótesis también estuvieran sesgadas (y exageradas) por prejuicios ideológicos, parece inevitable pensar que la independencia de Cataluña no es un buen negocio para los propios catalanes. Posiblemente esto no tenga importancia en términos políticos. Desde el Brexit hemos aprendido que los electores priman los temas emocionales por encima de los puramente económicos.
*Juan Miguel Sans es experto en estrategia y economía
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