¿Oportunidad o retroceso en la pandemia?

Sabemos poco e improvisamos mucho, y nos queda por responder bastante sobre el origen, desarrollo y consecuencias de la pandemia mundial de la COVID-19. Para la inmensa mayoría de los países estamos ante una crisis sanitaria, social y económica, y en algunos círculos reflexivos nos la sitúan como una crisis de valores y antropológica, como ruptura del equilibro con la naturaleza. Por ello, la amplitud de miradas y de narraciones tiene la riqueza de la diversidad y de la complejidad ante unas generaciones, sobre todo, en el mundo occidental actual que no han vivido crisis humanitarias como esta. 

La excepcionalidad, la ausencia de experiencias de pandemias en el último siglo, y su transmisibilidad favorecida por la globalización, han sido condiciones contextuales significativas en la toma de decisiones. El bien supremo en esta crisis ha sido la vida -en algunos dirigentes políticos ha sido la economía- pero para otros, la libertad y la justicia han mermado a la propia democracia. La falta de liderazgo político mundial, y también local, en el marco de una pandemocracia ha hecho de la pandemia un escenario más de la geopolítica del siglo XXI. El mercado, que para algunos influyentes lo regula todo, ha reflejado que es incapaz de defender el interés general. Y el Estado de derecho ha sido el único instrumento de la ciudadanía capaz de ofrecer una respuesta eficaz y proteger los derechos universales, a pesar de la ofensiva neoliberal de los últimos diez años, donde el crecimiento sin control del consumismo sigue aumentando las brechas sociales. En esta pandemia, con sus dramáticas consecuencias económicas, vuelve a golpear a esos sectores más vulnerables, aumentando el umbral de la pobreza, haciendo relevantes los determinantes socioeconómicos en la salud pública. 

El insuficiente protagonismo de la Salud Pública, que trata sobre la salud de las poblaciones, no viene determinado por la necesaria asistencia sanitaria. En el seno del sistema sanitario tiene una posición subordinada a la actividad asistencial y en el conjunto de las administraciones públicas tiene escaso poder de influencia. Por ejemplo, el gasto per capita en Salud Pública en las diferentes comunidades autónomas es muy diferente y, en la mayoría, muy escaso para afrontar las necesidades sociales ¿Quien puede dudar hoy que la pobreza, el desempleo, el abuso sexual, el maltrato infantil, familias desestructuradas, la migración forzosa, consumo de tóxicos, las catástrofes y eventos traumáticos, tienen relación con los trastornos mentales del adulto? Un adecuado Sistema Público de Salud, gratuito, universal y de calidad, blindado constitucionalmente requiere una reforma más descentralizada de la atención comunitaria, integrando a los ayuntamientos y a la propia comunidad en las políticas sanitarias y en servicios sociales, con mejora de sus presupuestos y aumento de profesionales de lo social colaborando con la red pública de salud, también de salud mental. 

Será muy incorrecto que la atención psiquiátrica y la comunitaria descansen en la teleasistencia -limitada a llamadas telefónicas ocasionales- y en los psicofármacos. Eso significaría la desaparición de la persona como sujeto de su propia salud

La Atención Primaria recibe una cuota de presupuesto ridícula para la labor que realiza. Se infravalora su labor y se magnifican las tecnologías médicas del espectáculo mediático. En la pandemia hemos visto, que solo se ha nombrado esta red de atención a la comunidad, en el período de desescalada cuando durante toda la pandemia han estado conteniendo la propagación del virus, sin prensa, diagnosticando la inmensa mayoría de los casos, con escasa protección y más escasas directrices de sus gerencias. El gasto en la atención hospitalaria y especializada sigue siendo muy superior, cuadriplicando en ocasiones, al de la Atención Primaria. Sin duda alguna es necesario aumentar los recursos que se dedican al nivel primario por su capacidad de intervención y resolución, posiblemente hasta llegar al necesario 25-30 % del gasto sanitario, aunque esto sólo no sea suficiente. Se debe modificar su oferta de servicios, adecuarla a las nuevas demandas y a la cronicidad y envejecimiento de la población. No vale solo el voluntarismo y el uso de su fuerza moral, como ha ocurrido en la pandemia. Las acciones en salud requieren políticas y acciones transversales como las políticas de género, de salud pública y las de inclusión social. Esto implica a todas las áreas de los gobiernos y requiere que gobernantes y gestores tengan visiones estratégicas de los recursos y las necesidades sociales. Esta pandemia ha visualizado el mal hacer desde la gestión y el ámbito político. 

En las residencias han emergido sus enormes debilidades en los cuidados de larga duración. Las circunstancias vividas, trágicas y alarmantes, en las residencias, mayormente privadas, hacen que los gobiernos y la sociedad civil, deban revisar estos lugares de institucionalismo así como las políticas sociosanitarias y de cuidados hacia las personas mayores. La política hacia estas últimas deberá dar un giro signiticativo, ofreciendo la posibilidad de atención en el propio domicilio y de una vida de calidad. Muchos procesos judiciales quedarán por resolver pues la gestión ha sido nefasta durante mucho tiempo, sin olvidar el abandono a su suerte de tantos miles de personas. El derecho a los cuidados y a la salud quedó olvidado. 

Lo veremos en los próximos meses, es previsible que las demandas se focalicen en el 'trauma', en los duelos complicados, la pobreza, la violencia de género o los abandonos en las residencias. La ciudadanía, al calor de los procesos de normalización en los próximos meses, harán las demandas oportunas, siendo necesario reforzar las políticas de transversalidad. La red pública de atención primaria -reformulando su atención en la comunidad-, la red pública de salud mental retomando la atención en el domicilio con implicación de los servicios sociales que deberán crecer. Mientras crece la cultura social en las instituciones y en la ciudadanía. El camino es recorrer la cooperación, para convertir esta crisis en una oportunidad de cambio y ofrecer mayor eficacia en la resolución de los problemas de salud de la población. Hay otro camino que se ofrece en ocasiones: responsabilizar a la población de su mala salud, mientras los gobiernos se retiran y contemplan desde la barrera, algo muy propio del neoliberalismo. Las personas con trastornos mentales graves han interrumpido sus procesos de recuperación y de integración en el empleo, también del goce de las puertas abiertas debiéndose asumir los riesgos de la libertad callejera. Será necesario redoblar nuestros apoyos y esfuerzos para continuar con los avances logrados. 

Será muy incorrecto que la atención psiquiátrica y la comunitaria descansen en la teleasistencia -limitada a llamadas telefónicas ocasionales- y en los psicofármacos. Eso significaría la desaparición de la persona como sujeto de su propia salud. Volveríamos a cosificar a la persona, como otra manera de limitarla. La realidad no es ajena a nuestra acción, hay que llamar la atención sobre las capacidades humanas, por eso debemos dejar de conjugar los verbos de forma impersonal -“hay que hacer”, “tiene que ocurrir”, “cuando esto pase”, etc.-. Ocurrirá, según sean nuestras acciones como profesionales de la salud, y nuestras acciones influirán o no, en la nueva agenda social. Entonces veremos si se ha acumulado energía y las razones del interés general están sobre la mesa. Tenemos una gran oportunidad, junto a la ciudadanía, para cambiar a un mejor estilo de vida o retrocederemos a situaciones conocidas del pasado reciente. 

*Iñaki Markez, médico psiquiatra, presidente de la Asociación Vasca de Salud Mental