Prevención, la gran olvidada en la gestión de residuos

Del 20 al 29 de noviembre, como en años anteriores, se ha celebrado la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR, por sus siglas en inglés) en la toda la Unión Europea. En esta ocasión bajo el lema “Comunidades circulares”. En Euskadi, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, Ihobe, es la entidad encargada de impulsar y de fomentar la Semana Europea de la Prevención de Residuos como secretaría técnica del órgano coordinador de residuos urbanos, OCRU.

Este año, la campaña ha tratado de fomentar de manera especial la creación de sinergias para construir comunidades circulares destinadas a prevenir la producción de residuos. La EWWR quiere impulsar la acción conjunta para dar forma a territorios destinados a prevenir la producción de residuos. Estos tiempos difíciles han puesto de relieve el papel que pueden desempeñar las pequeñas comunidades en la transición hacia patrones de consumo y producción más sostenibles. 

La prevención en materia de residuos ha de ser entendida como el conjunto de actuaciones adoptadas en las etapas de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo para evitar la generación de residuos, disminuir el contenido de sustancias nocivas de peligrosidad o minimizar los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados. Además, la prevención tiene importantes consecuencias económicas tanto para los productores y prestatarios de bienes y servicios como para los consumidores y usuarios. En este sentido es crucial el papel de las administraciones públicas tanto en el desempeño de sus funciones de protección ambiental, como en el papel de impulsoras de una economía más eficiente, próspera y socialmente inclusiva. La prevención rinde beneficios tangibles que se manifiestan en un ahorro en los consumos de materias primas y una reducción en los costes de gestión de los residuos.  

Asimismo, la prevención contribuye a la generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo. Las actividades de prevención de residuos promueven nuevas actividades económicas relacionadas con la reutilización, como son la reparación o los mercados de segunda mano. Muchas de estas actividades facilitan el autoempleo, la consolidación de la actividad de PYMES y microempresas o la integración de personas los riesgos de exclusión social. Por este motivo, la prevención aparece en el primer lugar de la jerarquía comunitaria en la gestión de residuos de la Unión Europea, por delante de la reutilización y el reciclaje. No obstante, y a la luz de los hechos, la prevención hasta la fecha ha sido la gran olvidada en la política de residuos.

Hasta el momento actual, y a pesar de entenderse y reconocerse como la opción prioritaria en el esquema de gestión de residuos, pocos pasos decididos se han dado. A la espera de aprobarse la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados a nivel del estado —se calcula que lo sea en el primer semestre de 2022—, se sigue echando en falta un sistema de seguimiento en materia de residuos para que haga visibles la información necesaria y la consecución de metas.

El proyecto de ley establece unas líneas de cierto interés hacia la prevención de residuos. Un aspecto importante en este sentido se refiere a la necesidad de una reducción de un 13% para 2025 respecto a lo producido en 2010, lo cual supondría alcanzar unos 20 millones de toneladas de residuos municipales.

Para llegar a ello, se plantean una serie de medidas a poner en marcha, aunque muy genéricas, desde la reducción de los residuos dispersos en el medio natural y marino, hasta el fomento del diseño duradero y reparable. Y, también otras, como la prohibición de destruir los excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, así como que la hostelería ofrezca agua no embotellada de forma gratuita o también las medidas para reducir los residuos alimentarios.

También es interesante, aunque en sus textos originales no estaba establecido, la aplicación de tasas al vertido y a la incineración, además del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.

No obstante, y en general, el proyecto de ley debería ser más ambicioso. Entre las medidas más concretas e imprescindibles de la nueva ley de residuos a nivel estatal, es fundamental reforzar la cultura de la reutilización; la eliminación de la toxicidad de los envases en la alimentación; la aplicación del principio “quien contamina paga” a través del pago por generación en función de los residuos que se generan; la fijación de objetivos para la recogida de los biorresiduos y no solamente la obligatoriedad de su recogida; la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), que aunque se plantea veremos en qué se queda; y otras  cuestiones más.  

La ley de residuos y suelos contaminados será de aplicación obligatoria en todas las comunidades autónomas, al ser legislación básica. Ahora bien, ello no impide, ni mucho menos, que Euskadi pudiera aprobar una ley de residuos vasca, con objetivos por encima de los establecidos a nivel estatal. 

El pasado 2 de noviembre, el consejo de Gobierno vasco aprobó el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de 2030 de Euskadi. El citado plan es muy poco ambicioso, y ninguno de los objetivos planteados está por encima de los europeos y estatales. Por otra parte, está muy centrado en el vertido tras la catástrofe ambiental y social ocurrida en el vertedero de Zaldibar. 

En marzo de 2021, Ekologistak Martxan realizó una serie de aportaciones y alegaciones al Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030, y a su solicitud de Evaluación Estratégica, elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, con las que coincido plenamente y en las que, se venía a decir “que no existen actuaciones para cumplir la mayoría de los resultados perseguidos, y los que existen se basan en la incineración o en el aumento de la capacidad de los vertederos”. Respecto a la descripción y definición de las actuaciones previstas, se venía a decir que “observamos que abundan los verbos de promover, impulsar, favorecer, contribuir…y están prácticamente ausentes los de obligar y prohibir, únicas vías ejecutivas para asegurar que se cumpla el objetivo del uso racional de los recursos, alargar la vida útil de los productos y minimizar la generación de residuos”.

En materia de prevención, se incluyen en el apartado de “Otras actuaciones” actividades sin desarrollar (de Prevención, Recogida Selectiva, Valorización y Reducir la Eliminación), con un presupuesto conjunto de 7,39 millones de euros en los diez años, que a juicio de Ekologistak Martxan, se trata de una cantidad muy baja para todas las actuaciones. 

En otros ámbitos, las críticas que se pueden hacer son, como algunas de las planteadas a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del estado, la necesaria aplicación del principio “quien contamina paga” a través del pago por generación en función de los residuos que se generan, que en el caso de la recogida de los residuos municipales la mejor opción es a través del contenedor de restos; la fijación de objetivos para la recogida de los biorresiduos y no solamente la obligatoriedad de su recogida; la implantación de los sistemas de recogida separada más eficientes, como el puerta a puerta o el de contenedores personalizados o inteligentes, o una mezcla de ambos con carácter de obligatoriedad; el impulso todavía mucho mayor de la  reutilización, como forma de reducir los residuos y el alargamiento de la vida útil de los productos; la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), que se considera como una alternativa a analizar, cuando debería de ser implementada por los buenos resultados que se obtienen en donde se ha implantado; entre otras.